Estas las lleva a cabo la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

El aumento del precio de venta de gas licuado es investigad por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, desde el 2019 sin que haya consecuencias, o señales de vida de una pesquisa.

La portavoz del Departamento de Justicia, la licenciada Mónica Ribas, confirmó ayer las investigaciones ante la Comisión de Asuntos del Consumidor durante una vista pública que se realizó ayer.

“Esto llora ante los ojos de Dios”, manifestó la presidenta de la comisión, la representante Estrella Martínez, en la vista pública de la la Resolución de la Cámara 219, que busca investigar la alegada violación a los procedimientos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en el aumento del precio de venta el pasado diciembre de 2020 del tanque de gas licuado por parte de los importadores.

Mientras, la Federación de Distribuidores de Gas Unido de Puerto Rico (FEDIGAS) insistió en colocar la responsabilidad en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por supuestamente no proteger el interés del consumidor en sus acciones.

“Falta acción asertiva. Falta que se aprueben y se apliquen medidas concretas que eviten las prácticas monopolísticas. Urge voluntad política para garantizar una sana y real competencia en los altos niveles de la industria. Entonces, y sólo entonces, se protegerá al consumidor y se promoverá el bienestar general. Hacemos una invitación a enfrentar con determinación este reto histórico”, exhortó el portavoz de FEDGAS Carlos Jurado.

Ante esto, Jurado recomendó a la Comisión tres acciones:

1. Prohibir que las empresas importadoras, y/o las empresas mayoristas, vendan el producto de gas licuado, directa o indirectamente al consumidor, en envases de cualquier tipo o tamaño.

2. Derogar la actual Ley 77-1964 (Ley de Monopolios de PR) y aprobar una nueva ley que garantice una verdadera competencia, para evitar que la desigualdad económica se convierta en dominación del mercado. Dicha ley debe disponer medidas más severas para los violadores, pero también para los funcionarios que incumplan con su adecuada y diligente aplicación.

3. Enmendar las leyes que sean necesarias para que, en todo asunto que afecte los derechos de los consumidores, éstos y el público en general tengan absoluto acceso. Es decir, que toda determinación administrativa o judicial, así como cualquier acuerdo transaccional en casos antes dichos foro, se considere de carácter público y que será nulo cualquier acuerdo que, con pretexto de confidencialidad, pretenda limitar acceso libre al expediente, a cualquier persona interesada o afectada.

“Hay que garantizar que los consumidores y el público en general tengan acceso a la información necesaria para que puedan proteger sus derechos. Para eso es importante que, tanto el DACO como el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, publiquen en sus respectivas páginas de internet la lista al día de todas las personas y entidades autorizadas a vender gas licuado en Puerto Rico, preferiblemente por municipios”, culminó el portavoz de FEDGAS.

Según se informó, el secretario de DACO, Edan Rivera, fue citado, pero no estuvo presente en esta vista virtual.