El Secretario de Estado resumió que la escasez de recursos humanos, material de construcción, agregado y la ausencia de una plataforma para desarrollar propuestas y presentarlas al gobierno federal son las dificultades de la reconstrucción, una por la que muchos llevan más de tres años en espera de que ocurra.

Luego de más de tres años del paso de los huracanes Irma y María, así como un año después de los terremotos en el sur, las prioridades en la reconstrucción de Puerto Rico incluyen llevarla a cabo de una manera acelerada y “resiliente” a futuros eventos, pero todavía se desconoce públicamente por dónde continuará el trabajo.

Se estima que podrían haber 2,000 viviendas con techos azules, no todas las carreteras y sus componentes —como letreros y semáforos— no han sido arreglados y el sistema eléctrico continúa en intermitencia en algunos sectores, entre otras necesidades.

No fue hasta el pasado lunes que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que liberaría $1,300 millones en fondos de recuperación por el huracán María y también removerá las restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump a otros $4,900 millones.

Sin embargo, los retos son mayores, según el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, liderado por el el designado secretario del Departamento de Estado, Lawrence “Larry” Seilhamer Rodríguez.

“Mano de obra, recursos humanos, material de construcción, quizás la ausencia de agregado, también a nivel de municipio y algunas agencias de gobierno tenemos la ausencia de una plataforma para desarrollar propuestas y presentarlas al gobierno federal y cómo vamos a implementar las distintas obras”, resumió Seilhamer Rodríguez luego de la primera reunión del ente, celebrada ayer, martes.

El Concilio fue creado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia mediante una Orden Ejecutiva con el fin de acelerar los procesos de recuperación y reconstrucción en la Isla. Como parte de sus tareas, el grupo presentará al Gobernador el próximo 9 de marzo la lista de los proyectos prioritarios para encaminar la reconstrucción, para lo cual solicitaron a los municipios propuestas de obras.

El ente es como un filtro, de acuerdo a Seilhamer Rodríguez, que determina qué proyectos son viables y cuáles no y los segregan a base del requerimiento de fondos, si deben provenir de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) o de los fondos en bloque de alivio de desastres (CDBG-DR) del Departamento de la Vivienda federal.

Aunque se desconoce cuántos proyectos van a seleccionarse, sus áreas y la cantidad de fondos que van a requerir, el ente definió los criterios generales que deben seguir para ser aprobados.

“Uno de los elementos fundamentales es que sean proyectos resilientes, que no sea una reconstrucción que este sujeto a los embates de eventos atmosféricos, que generen actividad económica. Hay ya unos proyectos dentro del Plan de Gobierno del gobernador Pedro Pierluisi, el cual ha sido una promesa, una oferta al pueblo de Puerto Rico, que también estaremos considerando”, planteó Seilhamer Rodríguez, quien posteriormente añadió entre los criterios el cumplimiento con lo que establezca el Plan de Mitigación de Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

El designado Secretario indicó que también existen proyectos de capital privado que solo requieren un acuerdo de subsidio gubernamental para que sean viables. A lo sumo, “el espíritu es, número uno, allegar los fondos federales a Puerto Rico, la ejecución de esos fondos federales y el mejor uso de esos fondos federales, y que no se devuelva ni un solo dólar por no uso o por mal uso”, según Seilhamer Rodríguez.

Los retos ya conocidos

La reconstrucción de Puerto Rico enfrenta enemigos conocidos, como la falta de mano de obra y de materiales, además del alto costo de mantener mercancía en la Isla, según reconocido por el Concilio.

Seilhamer Rodríguez resumió que la escasez de recursos humanos, material de construcción, agregado y la ausencia de una plataforma para desarrollar propuestas y presentarlas al gobierno federal son las dificultades de la reconstrucción, una por la que muchos llevan más de tres años en espera de que ocurra.

El designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, enfatizó que Puerto Rico necesita insertarse en la manufactura, para invertir en productos locales —mencionó el posterriqueño como ejemplo— y que el 40% de los gastos en ese renglón no se queden en los Estados Unidos.

Cidre Miranda añadió la falta de mano de obra como uno de los retos, pero a preguntas de NotiCel expresó que la Administración aguarda las determinaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre el salario mínimo para saber si se incrementa la base a nivel local.

En el 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó un aumento al salario mínimo en la construcción a $15, pero la gobernadora Wanda Vázquez Garced lo eliminó un año después.

Ese aumento se instauró con la idea de hacer a Puerto Rico un territorio más competitivo para atraer empleados de construcción, pero fue cancelado debido a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Cidre Miranda también apuntó hacia la necesidad de eliminar el impuesto al inventario.

“Nosotros no podemos seguir en este momento a si hay o no hay el material en la Isla para poder atenderlo. Así que en esa dirección he recibido direcciones específicas del Secretario de Estado, para buscar mecanismos de sustitución lo antes posible para poder mitigar ese problema tan serio”, exclamó Cidre Miranda.

El impuesto al inventario es un pago por la mercancía que se tiene almacenada a la espera de ser vendida. El resultado del arbitrio llega a las arcas municipales, pero también es responsabilizado por la escasez de materiales para la reconstrucción de infraestructura, ya que los comercios limitan la cantidad de productos que guardan para pagar menos.

Pese a reconocer que el problema tiene muchos años, la sustitución al impuesto al inventario no fue presentada ayer. Cidre Miranda aseguró que presentarían opciones por escrito a los alcaldes para su evaluación.

“Los municipios pueden estar tranquilos que no van a afectar los ingresos que tienen ahora mismo. Vamos a buscar unas vías dentro del mismo impuesto”, adelantó el funcionario.

De acuerdo a Cidre Miranda, hay un sinnúmero de empresas que han prometido establecer sus almacenes en la Isla si se elimina el impuesto al inventario.

A la reunión asistieron los integrantes del Concilio, a saber: los jefes de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), el Departamento de la Vivienda, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y un representante del Departamento de Educación.