Se le imputaron cinco violaciones a la Ley de Ética.

El exrector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, José L. Heredia Rodríguez, enfrenta una multa de $10,000 por violar en cinco ocasiones la Ley de Ética Gubernamental.

La multa se divide entre multas de $2,000 por cada una de las cinco violaciones. Cuatro son al inciso B y cuatro al inciso G del artículo 4.2 de la Ley de Ética.

El inciso B habla de cómo se prohíbe que un servidor público aproveche su cargo para beneficiarse y el inciso G prohíbe que un servidor público intervenga en algún asunto en que tenga un conflicto de interés.

Heredia Rodríguez tiene 30 días, a partir de la fecha de la resolución (9 de septiembre) para pagar la multa, aunque también puede presentar una moción de reconsideración.

Puede ver la querella aqui:

La querella de la OEG tiene fecha del 26 de febrero de 2020 y se le imputó, siendo rector interino, intervenir en una reunión en que, entre otros asuntos, se aprobó su nombramiento como empleado docente. También se alegó que intervino en el proceso, ante la Junta Universitaria, de la impugnación de la reunión.

El abogado Esteban R. Aguilera Bobea representó a HeredIa Rodríguez en el proceso ante la OEG, quien argumentó que los beneficios que recibió su cliente no violaban ninguna ley y que actuó conforme al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Historia relacionada: Renuncia el rector de la UPR Utuado

Aguilera Bobea luego salió del caso y fue sustituido por Kelvindranath Pérez Gutiérrez. Luego de un largo tracto apelativo, entró en el caso, como representante de Heredia Rodríguez, el abogado José M. Negrón Rodríguez.

Heredia Rodríguez fue nombrado a la posición de rector interino en Utuado el 20 de julio de 2017, pero inició su carrera en la universidad en el 2000. Al ser nombrado rector interino, ocupaba la plaza de Contador III y ganaba $3,245 mensuales ocupando una plaza no docente. Con el nombramiento de rector interino, se le reconoció un bono adicional de $1,979.17, elevando su compensación mensual a $5,224.17.

Según la querela, el 19 de octubre de 2017, la profesora Vivian Vélez Viera, fungiendo como rectora interna mientras en el recinto había un receso académico por el huracán María, convocó una reunión extraordinaria de la Junta Administrativa para el 20 de octubre de 2017. Entre los asuntos en la agenda se encontraba la clasificación del puesto de rector a catedrático auxiliar, que es una plaza docente.

La reunión fue presidida por Heredia Rodríguez y, se le imputa continuar con la reunión a pesar de que no había quórum. Cuando se discutió el tema relacionado a su persona, Heredia Rodríguez se excusó y Vélez Vera quedó al frente de la reunión.

La propuesta consistía en que su salario base aumentara a $5,188 mensuales que, sumados al bono de $1,979.17 que recibía como rector interino, su salario sería de $7,167.17.

Según la querella, los miembros de la Junta Administrativa no tuvieron acceso al expediente del querellado “y su determinación estuvo basada, principalmente, en la información provista por la opinión de la directora interina de Recursos Humanos”, lee la querella.

El cambio de clasificación de no docente a docente de Heredia Rodríguez fue aprobado por los presentes, que eran empleados de confianza del beneficiado.

Uno de los miembros de la reunión impugnó el resultado de la reunión por falta de quórum y porque no se divulgó con cinco días de anticipación la agenda del cónclave.

“Quedó demostrado que el querellado utilizó los deberes y facultades de su cargo como rector interino de la UPRU y presidente de la Junta Administrativa al comenzar los trabajos de la reunión extraordinaria, al contestar la solicitud de impugnación de dicha reunión, presentada por el doctor Lugo Pérez y al presentar la Solicitud de Desestimación ante la Junta Universitaria”, lee la querella en que se indica que el querellado sabía que en la reunión se discutiría su cambio de clasificación de puesto.

“No albergamos duda alguna de que el querellado utilizó las facultades de su puesto para obtener para él, el beneficio de que se le reconociera el cambio en el rango de su nombramiento y recibir un aumento de sueldo, en detrimento al proceso establecido en el reglamento interno”, indicó la OEG.