Un comité designado tendrá un plazo de 30 días para someter un informe que indique los procedimientos adecuados para cancelar los acuerdos y las potenciales repercusiones legales a considerar.

Cumpliendo sus primeras funciones como nueva presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la licenciada Vivian Godineaux Villaronga ordenó este lunes la creación de una comisión especial que evaluará jurídicamente los contratos de LUMA Energy y Genera PR, con el propósito de determinar cuán viable sería la cancelación de sus servicios.

Debido a la emergencia que enfrenta el país por las constantes interrupciones de energía, el equipo designado deberá someter un primer informe, en los próximos 30 días, que precise las opciones que tiene el gobierno para reclamar por la deficiencia de los servicios de generación y distribución en el sistema eléctrico.

Dos candidatos a la gobernación: Juan Dalmau Ramírez y Jesús Manuel Ortiz, han indicado claramente que intentarían cancelar el contrato de LUMA Energy. El informe del Colegio se publicaría poco antes de las elecciones.

“La formación de esta comisión especial es una medida, a nuestro juicio, necesaria y urgente para proteger los intereses de Puerto Rico. La evaluación jurídica que (se) llevará a cabo, no solo proporcionará claridad sobre la legalidad y viabilidad de los contratos de LUMA Energy y Genera PR, sino que también servirá como base para cualquier acción futura que se deba tomar en defensa del bien común”, expresó Godineaux Villaronga.

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“Es nuestra responsabilidad, como Colegio, asegurar que los recursos y los servicios esenciales del pueblo sean administrados de manera justa, eficiente y conforme a los más altos estándares legales y éticos”, agregó.

Ante los relevos de carga efectuados por LUMA, los cuales han afectado a más de 100,000 abonados alrededor de la isla, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien integrará la comisión, admitió que 30 días es “un tiempo apretado”.

“Conozco la urgencia del tema. Si nosotros (la comisión) entendemos que el tiempo no es suficiente, solicitaremos una prórroga a la presidenta para que tenga a bien concederla, pero sí, es un trabajo intenso”, sostuvo Emmanuelli Jiménez.

“Hay que ver, primero, si el contrato cumple con los requisitos básicos, que tenga consentimiento, objeto y causa. El segundo tema es que no sea contra la ley, la moral y el orden público”, abundó.

El licenciado Fernando Agrait Betancourt, por su parte, puntualizó que el trabajo de la comisión se enfocará en ubicar, entre ambos consorcios, quién tiene responsabilidad de qué en los asuntos energéticos.

“Para mí, como consumidor de electricidad, me produce mucho problema ver al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), diciendo en la legislatura, que hay que enmendar la ley para supervisar a LUMA. ¿Qué responsabilidad tiene la AEE sobre LUMA? (...) Esa falta de precisión de qué responsabilidad tiene quién, es uno de los temas que tenemos que abordar”, el también integrante del comité.

A Emmanuelli Jiménez y Agrait Betancourt se unirán las abogadas Margarita García Cárdenas, María Alicea Pierantoni y Zoé Negrón Comas, y los abogados Alejandro Torres Rivera, Luis Santini Gaudier y Julio Fontanet Maldonado.

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Según aseguró Godineaux Villaronga, el trabajo de la comisión será presentado al gobierno en turno y a los aspirantes de las elecciones generales de noviembre como garantía del compromiso del CAAPR con los derechos de los consumidores.

“Cualquier información fundamentada y amparada por las leyes de Puerto Rico es valiosa, no solo para las personas electas en noviembre, sino también para el pueblo de Puerto Rico, si se logra entregar el informe antes (de las elecciones), para que se tomen decisiones sobre las consecuencias y responsabilidades que hayan por este tipo de acuerdos”, opinó Emmanuelli Jiménez.

Santini Gaudier recordó que, antes de que se le adjudicara el contrato a LUMA, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) pudo analizar los procesos que concretaron dicho acuerdo en un informe que está en manos del recién formado equipo.

“En enero 11 del 2020, se votó, por referéndum, para otorgarle la buena pro a LUMA, y esa decisión se notificó el día 12 de enero del 2020, y LUMA se constituyó el 17 de enero del 2020. ¿Cómo se le puede otorgar un contrato a una entidad jurídica, que tiene personalidad jurídica propia, si no existía? Esa es una de las muchas incongruencias que tiene este procedimiento”, declaró Santini Gaudier.

La licenciada Negrón Comas agregó, con relación al informe de la AAPP, que había un “procedimiento confidencial” ante el Negociado de Energía que fue revelado posterior a la firma del contrato de LUMA.

“Estamos hablando de un proceso, que generó ese documento (el informe de la AAPP), que pasó totalmente confidencial, debajo de la mesa, pero el proceso para posteriormente firmar el contrato de LUMA, fue una cuestión de días”, cuestionó Negrón Comas.

A preguntas de la prensa, los abogados y abogadas designadas indicaron que, durante la semana, se reunirán para delinear el plan de trabajo que hará posible la redacción de un informe evaluativo a presentarse ante la presidenta del CAAPR.

“Instamos a otros colegios profesionales hermanos a que, desde sus áreas de especialidad, desarrollen iniciativas dirigidas a asegurar que nuestro pueblo tenga servicios esenciales de calidad que permitan una vida digna”, concluyó Godineaux Villaronga.

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