El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad enumeró las acciones que tomaría para dotar de mayores recursos y herramientas a las agencias fiscalizadoras, entre otros pasos.

De cara a los comicios de noviembre, el aspirante a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez, presentó este miércoles 10 acciones que tomaría su administración para erradicar los casos de corrupción, esto como parte de un plan que buscaría aumentar la fiscalización y auditoría de agencias y funcionarios públicos.

Entre los puntos expuestos, el candidato resaltó aumentar el presupuesto de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) para reclutar 100 auditores nuevos y, a su vez, reasignarle a la dependencia los fondos que recibe la Oficina del Inspector General (OIG) y el personal de auditoría de las diversas entidades gubernamentales.

“Estableceremos un ejército de auditores que velarán constantemente por la utilización de los fondos públicos y dotaremos a nuestras entidades fiscalizadoras de mayores herramientas para lograr nuestra misión como sociedad”, sostuvo Jiménez Pérez.

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El también alcalde de San Sebastián citó un análisis de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) que reveló que, en los últimos 10 años, la corrupción gubernamental ha resultado en la pérdida de $527 millones anuales para el pueblo puertorriqueño.

Al incremento de auditores, se añadiría que cada auditoría externa deberá realizarse en coordinación con el Contralor para evitar la duplicidad de procedimientos, y además, la administración de Jiménez Pérez impulsarían legislación para que ningún contrato realizado por cualquier funcionario no tenga vigencia mayor al término para el que fue electo.

Por otro lado, el aspirante sugirió fortalecer la estructura de valores del sistema público de enseñanza y adiestrar a jueces recién nombrados sobre delitos relacionados con la función pública a través de una academia diseñada en coordinación con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

Jiménez Pérez también propuso enmendar la composición del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción para limitarla a la OCPR, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y el Departamento de Justicia.

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“Con estas medidas, nosotros vamos a tener la vigilancia de nuestros fondos públicos, y estoy seguro (de que) si nosotros logramos eso, vamos a poder tener unas economías y unos ingresos adicionales que hoy se están perdiendo por malas decisiones, o por fraude o por otros comportamientos no debidos”, expresó.

En cuanto a las consecuencias para aquellos que no cumplan con las acciones correctivas que establezca la OCPR, el expenepé precisó que otorgarían multas, lo cual estaría sujeto a evaluarse durante la implementación del plan.

Por último, la propuesta llevaría a cabo una revisión integral de los estatutos que rigen la OEG y fortalecería las unidades investigativas de Justicia y la OPFEI con recursos, tecnología y apoyo pericial.

Jiménez Pérez estuvo acompañado por funcionarios electos y candidatos del PD como la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz.

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