Demandas por $165 millones de empleados de la Rama Legislativa están detenidas por la Ley Promesa
Para la evaluación, se solicitó la documentación a nueve entidades y respondieron ocho. El Senado de Puerto Rico no certificó ni entregó los documentos solicitados para este estudio.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) ha calculado en $165 millones el monto de reclamaciones judiciales presentadas, pero detenidas en el Tribunal Federal contra 108 funcionarios de la Rama Ejecutiva.
El estudio, que cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, pone sobre relieve los efectos adversos de los despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal en la Rama Legislativa, sobre las finanzas del Gobierno.
El documento no identifica a los demandados ni entra en detalles de las reclamaciones.
En particular, se analizaron aquellas demandas, sentencias y pagos relacionados por acoso laboral y hostigamiento sexual contra empleados o funcionarios, y por discrimen político-partidista. Para la evaluación, se solicitó la documentación a nueve entidades y respondieron ocho.
La Cámara enfrenta una demanda presentada por 11 empleados que reclaman $16.5 millones. La Superintendencia del Capitolio enfrenta una demanda de 19 empleados que reclaman $117 millones. La Oficina de Servicios Legislativos enfrenta una demanda de 78 empleadas valorada en $31.5 millones.
El Senado de Puerto Rico no certificó ni entregó los documentos solicitados para este estudio.
El Estudio revela que, el 21 de junio de 2022, el Tribunal General resolvió una demanda de acoso laboral a favor de la Comisión de Derechos Civiles presentada por dos empleados, sin importe reclamado. Además, cuatro demandas civiles presentadas por 108 funcionarios ante el Tribunal Federal, con un reclamo de $165,000,000, estaban detenidas por la Ley PROMESA.
Las demandas se radicaron por despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos político-partidistas; ninguna por hostigamiento sexual o acoso laboral. Las entidades demandadas fueron: la Cámara de Representantes, la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
La adjudicación de estas demandas a favor de los empleados resultaría oneroso y adverso para las entidades de la Rama Legislativa.
Por otro lado, cuatro entidades certificaron que no tuvieron demandas u otras acciones de personal para el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023. Estas entidades fueron: la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, y la Oficina del Procurador del Ciudadano. La OCPR tiene querellas cuya evaluación será presentada en un próximo informe.
El Informe Especial le recomienda al secretario de Justicia que oriente a los funcionarios principales de las entidades de la Rama Legislativa, sobre los efectos adversos que tienen las acciones que se toman contra empleados por motivos político-partidista, hostigamiento sexual y acoso laboral. Además, el secretario debe orientarles sobre la responsabilidad que tienen como funcionarios.
Este Informe Especial cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023