Al tratarse de un veto de bolsillo, el gobernador no tiene obligación alguna de justificar su decisión.

El gobernador impartió lo que se conoce como un veto de bolsillo a un proyecto de ley que proponía un pago diferencial de $1,000 mensuales al personal docente y no docente del Departamento de Educación (DE) asignado a Vieques y Culebra, supo NotiCel.

El veto de bolsillo consiste en el rechazo una medida al dejar que transcurra el plazo de 30 días desde que llega a La Fortaleza tras ser aprobada en la Legislatura. Este periodo de 30 días es el que aplica cuando la Legislatura no está en sesión.

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, describió la acción del gobernador como vergonzosa y reprochables.

“Es un acto cobarde. El proyecto contó con el apoyo casi unánime de la Cámara y del Senado… y contó con el informe positivo de la Comisión de Educación del Senado y avalado también por la Comisión de Educación de la Cámara”, dijo Martínez a NotiCel Martínez.

“No hay explicación que justifique la negativa del gobernador firmar un proyecto que haría justicia salarial al personal docente y no docente en las islas municipios”, agregó.

En declaraciones escritas autorizadas por La Fortaleza, se indicó que durante este cuatrienio se le aprobó un aumento de $1,000 mensuales a los maestros y que el personal docente que permanece en Vieques y Culebra mientras labora allí cuenta con un incentivo adicional de $700 por trabajar en las Islas Municipio.

“El PS 1384 contemplaba otorgarle un incentivo de $1,000 mensuales a todo el personal -docente y no docente- que presta servicios en las Islas Municipio, y el impacto fiscal del mismo no está contemplado en el presupuesto vigente”, lee el escrito.

En el informe positivo de la medida se indicó que el diferencial de $700 fue interrumpido en el año fiscal 2023-2024.

La semana pasada, cuestionado sobre el tema, Pierluisi fue cauteloso sobre si firmaría la medida. El viernes, cuando La Fortaleza envió un comunicado de prensa sobre una serie de medidas convertidas en ley, no incluyó el Proyecto del Senado 1284 como una de las piezas que habían recibido el visto bueno del gobernador.

Cuando habló del tema con la prensa la semana pasada, el mandatario recalcó que tendría que tomar en consideración el impacto fiscal de la medida. Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), este impacto anual será de $2.5 millones.

Sostuvo que tomaría en cuenta el asesoramiento del Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y el DE.

“Tengo que ver si se ha atendido”, sostuvo Pierluisi la semana pasada al aludir al impacto fiscal. “No debo estar firmando proyectos porque primeramente suenan meritorios”, sostuvo.