Argumenta que no es un tema político partidista y que atiende el futuro de la isla.

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró esta tarde que su decisión de convocar un plebiscito es final y firme, que el dinero estará disponible para financiarlo y argumentó que no proceden los cuestionamientos “político partidistas” sobre la consulta porque se trata de tema ligado exclusivamente al “futuro de Puerto Rico” y que quienes lo decidirán serán los estadistas, los soberanistas y los independentistas.

“Lo que hagan los partidos es otra cosa, pero esto no tiene que ver con partidos”, dijo.

Hoy se reúne la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático para discutir el tema y se anticipa un llamado al boicot. El Partido Independentista Puertorriqueño ha anunciado que retará la convocatoria en los tribunales.

“Lo que estoy percibiendo es que están oponiéndose por razones político partidistas. Hay que entender que es una consulta plebiscitaria en que estarán presentes las tres opciones que la Cámara de Representantes federal incluyó en un proyecto que aprobó”, dijo el gobernador al insistir en que son opciones no territoriales y no coloniales.

“Esta convocatoria es para todos los que apoyan un cambio de estatus en Puerto Rico. Es decir, los que no quieren que continúe el estado actual colonial, territorial y las opciones son las que están disponibles”.

Pierluisi sostuvo, por ejemplo, que hay más estadistas que penepés y que así se demostró en las elecciones del 2020. Insistió en que es “bien importante” que el Congreso sepa la posición del pueblo sobre el tema porque así se genera presión sobre los legisladores federales.

Sobre el tema del dinero, Pierluisi sostuvo que la información que él tiene es que la CEE separó el dinero para la consulta cuando se le indicó que hay dinero para adquirir 10 millones de papeletas. Además de las tres papeletas tradicionales, los puertorriqueños podrán emitir un voto simbólico por el presidente de Estados Unidos y también participarían de la consulta plebiscitaria.

La Orden Ejecutiva con que convocó la consulta sostiene que la CEE le tiene que presentar un plan de presupuesto y que el estado de derecho le da la facultad a él de identificar la partida presupuestaria para sufragar los costos.

Además, recordó que la Ley PROMESA le impide a la Junta meterse en asuntos de estatus político.