Así lo revela la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal no se ha expresado al respecto.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha calculado en $20.7 millones el impacto fiscal de un proyecto de ley que propone aumentar de $200 a $500 el crédito contributivo personal al que tienen acceso pensionados de más de 65 años.

El Proyecto del Senado 1453, de Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves, además dispone que se aumentaría otro crédito contributivo, conocido como el Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos, de $300 a $400 si el único ingreso de la persona es una pensión de no más de $4,800 anuales.

La medida, con evidente impacto fiscal, fue descargada en el Senado, por lo que no surge del trámite legislativo opinión alguna de jugadores clave como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal o el Departamento de Hacienda. Actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Según el informe, el Departamento de hacienda desembolsó en el 2023 un total de $93 millones entre 191,499 planillas que cualificaban para el llamado crédito senior

Seguimos colaborando de cerca con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias para garantizar el traslado seguro del transformador y el cumplimiento de todas las leyes locales y federales.

Esta medida se discute en momentos en que se espera que vaya a lo que se conoce como un comité de conferencia el Proyecto de la Cámara 2038, que implicaría un aumento a las pensiones de los empleados públicos.

La medida fue aprobada con enmiendas en el Senado la semana pasada

La Asamblea Legislativa tiene hasta el próximo martes para aprobar las medidas en ambos cuerpos legislativas y el cierre de sesión será el 30 de junio.

Con la aprobación de este proyecto de ley, los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal serán utilizados para cubrir un propuesto aumento, en un promedio de $300 mensuales, de las pensiones de 160,000 jubilados en Puerto Rico.

Este aumento, que costaría $194 millones al fisco en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primero aumento fijo al COLA, no aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se opone a la medida.

“En particular, el párrafo 62 de la Orden de Confirmación dictada por el Tribunal de Título III específicamente prohíbe al Gobierno por un periodo de diez años desde la Fecha de Efectividad (o hasta par lo menos el 15 de marzo de 2032); (1) implementar legislación existente y aprobar nueva legislación que cree o aumente los pagos y obligaciones de beneficios definidos a retirados independientemente de la fuente de repago; y (2) deshacer (total o parcialmente) las eliminaciones de acumulación de pensiones o los ajustes par costo de vida para empleados de Gobierno”, lee parte de la ponencia de la (AAFAF, entidad encargada, entre otras cosas, de añadirle contexto de responsabilidad fiscal a proyectos como este.

“La Autoridad de Asesora Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda no avalan la medida según radicada. Aunque entienden la intensión loable del proyecto, AAFAF y Hacienda consideran que aún contiene interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas relacionadas a la implementación del proyecto por su inconsistencia con el Plan Fiscal. Puntualizan que el Proyecto “contraviene expresamente el párrafo 62 de la Orden de Confirmación, por lo que existe un impedimento legal para su implementación”, lee el informe positivo.