Los líderes son: el gobernador Pedro Pierluisi con $429,795 , seguido por el alcalde de San Juan, Miguel Romero con $151,270 el alcalde de Dorado, Carlos López, con $96,100 y la Comisionada Residente, Jenniffer Gonzalez con $84,900.

La coalición PR No Se Vende publicó un informe que revela los donativos a candidatos y partidos políticos por parte de beneficiarios de la Ley 22, ahora Ley 60. E

El documento detalla la cantidad de donaciones electorales, que no son ilegales, recibidas por candidatos y partidos específicos, al igual que la suma total de los donativos, durante la última década. El informe, Dolor y Lucro: La Influencia de las Donaciones Bajo la Ley 22 en las Elecciones Puertorriqueñas, es el segundo de una serie de informes que buscan denunciar el impacto de la Ley 22 en Puerto Rico.

Puede ver el informe aquí:

“Durante los últimos dos años la coalición PR No Se Vende ha investigado el impacto de la Ley 22 en Puerto Rico. En este tiempo hemos encontrado que muchas comunidades en Puerto Rico han sido desplazadas a raíz de esta legislación mientras la inversión económica que se prometió como resultado de estas exenciones contributivas es poca o ninguna. Este informe muestra la verdadera razón que motiva a muchos candidatos en Puerto Rico a apoyar la Ley 22. Las donaciones a las campañas se han convertido en la razón principal para que estos candidatos le den la espalda a la gente de Puerto Rico. Entendemos que todavía hay tiempo para que estos candidatos reconozcan el impacto nefasto de la Ley 22 y esperamos que se comprometan a eliminar esta terrible legislación.” denunció Julio Lopez Varona, Co-director de Campañas del Centro para la Democracia Popular.

El informe detalla los donativos de los candidatos a primarias y elecciones de este año electoral (2024).

En este se destacan el actual gobernador, Pedro Pierluisi con la mayor cantidad de donativos con $429,795 , seguido por el alcalde de San Juan, Miguel Romero con $151,270 el alcalde de Dorado, Carlos López, con $96,100 y la Comisionada Residente, Jenniffer González con $84,900, entre otros. El informe incluye además donaciones a más de una docena de legisladores y a los dos principales partidos políticos, cuya suma total de los donativos reportados hasta finales del 2023 es de $1,023,591.

Sonia Palacios, portavoz de VAMOS expresó varias preocupaciones: “Ciertamente, este informe nos deja un sinsabor. Por un lado, explica la inacción por parte de la Asamblea Legislativa y el Gobernador en atender una Ley que no dio el resultado prometido. Por otra parte, levanta aún más dudas con respecto a los beneficios que reciben estos millonarios. A la luz de esta información hay que cuestionar de qué otra forma estas personas se benefician en un país donde los puertorriqueños no tenemos acceso a servicios básicos o vivienda asequible. Mientras el Departamento de Desarrollo Económico ha sido incapaz en su deber por fiscalizar apropiadamente estos beneficiarios, el IRS los investiga.”

El documento destaca cómo algunos de los beneficiarios que han realizado donaciones electorales a su vez han obtenido algún tipo de beneficio o negocio con el gobierno de Puerto Rico.

En un comunicado de prensa en que se detallan las donaciones, no se brindó evidencia de que los negocios o beneficios estuvieran directamente ligados a las donaciones.

Algunos ejemplos incluyen la transferencia de los muelles en Bahía Urbana en un contrato de arrendamiento que podría extenderse a 80 años a CapRock Partners, fondo de inversión de donantes del Gobernador Pedro Pierluisi. Otro ejemplo lo es James O’Drobinak, director ejecutivo del sistema de salud Medical Card System (MCS), cuyo decreto ha sido cuestionado por el Centro para Periodismo Investigativo, entre otros beneficiarios que han sido favorecido con la venta de propiedades municipales, la otorgación de incentivos fiscales para sus corporaciones, entre otros.

El pasado mes de abril la coalición publicó su primer informe el cual reveló cómo beneficiarios de la Ley 22, identificaron una supuesta forma burlar el requisito de donativo anual a sin fines de lucro, creando organizaciones que se benefician mutuamente de los donativos, algunas de las cuales adelantan cabildeo que defiende sus intereses. Not Your Tax Haven, es una campaña que busca denunciar la falta de transparencia gubernamental, y educar sobre el impacto económico y el desplazamiento que llevan a pedir que se derogue la Ley 22 (actual Ley 60). Puede recibir información actualizada escribiendo por mensaje de texto “Ley22” al 25463 y compartir nuestra publicación de IG @prnosevende.