Si no se deroga o se enmienda la Ley 10-2024, el ente fiscal acudirá al tribunal para eliminarla.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha dado un ultimátum a la Legislatura y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que, en o antes del 7 de mayo, se presente legislación y que sea convertida en ley en o antes del 30 de junio para derogar o enmendar una ley que, a juicio del ente fiscal, interfiere con la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), en el contexto de la medición neta.

“Como está redactada, la Ley 10 (2024) es significativamente inconsistente con los planes fiscales del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica, constituye un control impermisible sobre las actividades de la Junta de Supervisión en violación a PROMESA y derrota los propósitos de PROMESA…”, lee una carta firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

El ente fiscal indicó que, si la Legislatura y el gobernador no toman acción, irán al tribunal para derogar la ley.

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La controversia gira en torno a la Ley 10-2024, un estatuto firmado en enero por el gobernador Pierluisi Urrutia que impide al NEPR realizar cambios a las políticas de medición neta y de distribución de energía hasta por lo menos el 2031. Lo que está detrás de la ley, o por lo menos esa es la intención legislativa, es impedir que la JSF reduzca los créditos que actualmente reciben los ciudadanos que tienen placas solares en sus techos y le venden el exceso de la energía producida a la AEE.

El ente fiscal rechaza que esa sea su intención.

La Ley 10-2024 también impide, según la JSF, que el NEPR haga un estudio sobre medición neta. No obstante, ha trascendido que el NEPR ha contratado a la empresa Keylogic Systems, para hacer el estudio y debe estar listo para el 30 de junio.

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En una carta del 10 de abril firmada por el principal asesor legal de la JSF, Jaime El Koury y dirigida a Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de AAFAF, el letrado indicó que la Ley 10-2024 choca con el plan fiscal de la AEE debido al efecto que tiene sobre las operaciones del NEPR. Entonces, El Koury le solicitó que en o antes del 19 de abril el gobierno entregara cierta información sobre la implementación de la ley.

A juicio de la JSF, la ley constituye una interferencia política en los asuntos del NEPR y da al traste con su independencia.

Según la carta de Mujica, el 15 de abril el gobierno, a través de AAFAF, sostuvo que el Ejecutivo no tiene autoridad para derogar o enmendar una ley unilateralmente. Mujica dijo estar insatisfecho con la respuesta del gobierno porque no atiende el tema medular levantado por la JSF.

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El ente fiscal quiere que se derogue la ley o se enmiende para que se le devuelva al NEPR toda su capacidad de supervisar el sistema eléctrico del país.

“Puerto Rico no puede regresar a los tiempos en que la política, en vez del interés público, establecido por estudios, análisis robusto y comentarios públicos, determine la política energética”, sostuvo Mujica.

La JSF sostiene que el plan fiscal de la AEE le requiere al NEPR determinar si realiza cambios al sistema de medición neta e iniciar esos cambios para el 11 de abril del 2024. La Ley 10 pospone esa fecha por seis años y modificaciones de precios de los actuales y nuevos programas de medición neta por 20 años.

Los programas de medición neta permiten que los dueños de placas solares puedan exportar la energía que producen en exceso a la AEE a cambio de un crédito.

Actualmente, los prosumidores reciben un crédito por cada kilovatio hora (kWh) exportado, que es equivalente al costo de cada kWh que se consume de la red central.

La Ley 10-2024 emana del Proyecto del Senado 1064, firmado por los populares Juan Zaragoza, Gretchen Hau, Javier Aponte, Migdalia González, Rubén Soto. Además, el penepé William Villafañe y Joan Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

La Exposición de Motivos del proyecto anticipa que reducir el crédito que reciben los llamados prosumidores “se puede interpretar como otro esfuerzo para imponer un “impuesto al sol”, lo cual ha sido y debe ser rechazado contundentemente”, lee la medida.

“Este tipo de imposición abonaría al deterioro del atropellado mercado que intenta crecer y retrasaría la recuperación económica del país”, continúa la legislación. “Cualquier esfuerzo para debilitar el programa de medición neta sería contraproducente para el país”.

La JSF ha indicado que, bajo el escenario actual de medición neta, los participantes reciben un crédito de una hora por cada kilovatio que exportan a la AEE. No obstante, recalca dos asuntos: que en algunos casos la factura de la luz de los prosumidores “puede ser reducida materialmente” por los sistemas de energía renovable, a pesar de que estos clientes se mantienen interconectados al sistema para continuar dependiendo de este durante las noches. Además, el ente fiscal señala que los costos fijos de mantener el sistema eléctrico, como las líneas de transmisión están incorporados en las tarifas de la AEE.

“Por lo tanto, los costos operacionales y de mantenimiento de la AEE dependen desproporcionalmente de consumidores que no quieren o no pueden participar del actual programa de medición neta”, indicó el organismo que controla las finanzas y la política pública en el país.