Un proyecto del portavoz popular Ángel Matos García también regula el deporte del stand-up paddle, incrementa multas por mala conducta acuática y crea un marbete opcional de cinco años de duración.

La Cámara de Representantes tiene ante su consideración un proyecto de ley que propone aumentar el monto de las multas por una serie de infracciones de la Ley de Navegación y le requiere a usuarios de tablas para practicar el deporte de “stand-up paddle” una serie requisitos de seguridad.

Igualmente propone crear un nuevo programa de alquiler de boyas para, según su autor, el portavoz popular Ángel Matos García, aumentar el “turismo náutico”.

“La creación de este programa permitirá ampliar los esfuerzos para la conservación de nuestros recursos naturales y el desarrollo turístico de los municipios costeros”, indicó Matos García al referirse en la medida al Programa de Boyas de Conservación y Fomento Turístico.

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“Este mecanismo no es novel en el Caribe, sino que muchas islas han recurrido a ellas para beneficiarse del gran movimiento turístico que reciben. En Saint Thomas por ejemplo, se promueve que el turista llegue en su barco y se amarre en boya, tal que puedan disfrutar de la isla, consumir e inyectar vida a la economía. Esto también ha permitido el desarrollo de otras industrias, como lo ha sido el recogido de basura en barcos, servicios de abastecer de agua, entre otros. Es por esto que es vital establecer las disposiciones necesarias para fomentar la oferta turística de nuestra isla, en especial la de los municipios que han de ser parte de este programa”, lee la Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 2081.

El texto de la medida se justifica bajo el argumento de que se busca fomentar lo que se conoce como el turismo náutico y establece que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y los municipios que así lo soliciten, colaboren en la instalación de boyas cuyo uso estaría sujeto al cobro de un canon establecido por ordenanza municipal.

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Ese precio sería fijado mediante ordenanza municipal y tomando en consideración el tipo de embarcación, como puede ser un velero y el tiempo en que sea utilizada la nueva boya. La ley establece a qué embarcaciones no se les cobraría por su uso, pero el dinero recaudado sería destinado a una cuenta separada en el Departamento de Hacienda. Esos fondos serían distribuidos cada año entre los municipios participantes y el DRNA.

El proyecto, referido a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, propone que la licencia de navegación tenga una vigencia de ocho años, pero toda persona que interese renovarla tendría que tomar un nuevo curso sobre cumplimiento de leyes de navegación. No tendrían que tomar el examen dueños de motoras acuáticas.

Sobre el tema del “stand-up paddle” o surf de remo, dispone la medida que nadie podrá practicar el deporte a más de 30 metros de la costa sin salvavidas o un productor de sonido o correa de seguridad. De practicarse el deporte de noche, se tendrá que utilizar una linterna y en todo momento -día o noche-, el usuario tendrá que estar amarrado a la tabla.

No se disponen multas o castigo específico por violar este lenguaje de la propuesta ley.

El proyecto se somete en momentos en que es harta conocida la falta de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, cuerpo de vigilancia que tendría responsabilidades adicionales si se convierte en ley el proyecto.

La medida crea una multa de $100 aplicable a cualquier persona que opere una embarcación sin tener consigo la licencia y la multa aumentaría a $250 si tiene la licencia expirada. El castigo económico incrementa de $250 a $500 por anclar o amarrar una embarcación en un manglar o en un área protegida.

El proyecto establece que toda persona que opere una embarcación o vehículo de navegación en aguas territoriales de Puerto Rico ha prestado su consentimiento a someterse a una prueba inicial de aliento de existir motivo fundado de que ha violado la ley. Cualquiera que arroje más de .08% de alcohol en la prueba -ese es el límite actual-, en vez de solo ser acusado de delito menos grave, con el proyecto también se crea una multa de $500 y $50 adicionales por cada centésima adicional sobre el límite.

Por una segunda convicción, la multa sería de $1,000 más $50 por cada centésima adicional sobre el límite. Una tercer convicción implicaría una multa de no menos de $2,000 ni mayor de $5,000.

El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de cárcel si no se con las condiciones de sentencia y rehabilitación por una la primera infracción. Por la segunda infracción, el tribunal tiene la opción de imponer la multa y/o una sentencia de entre 15 y 30 años de cárcel.

De otra parte, el proyecto le da la opción a dueños de embarcaciones de comprar un marbete con una vigencia de cinco años que tendría que ser pagado en su totalidad anticipadamente.