Tribunal le da la razón a Jocelyne Rodríguez en pleito con el alcalde popular de Mayagüez
En un pleito por acceso a información sobre las finanzas del gobierno municipal.
La representante popular Jocelyne Rodríguez, quien busca retener para su partido la alcaldía de Mayagüez, reclamó haber prevalecido en su demanda contra el gobierno municipal por acceso a información requerida sobre acciones del ayuntamiento.
A grandes rasgos, la legisladora demandó al Municipio para que produjeran documentos que evidencien el uso correcto de fondos públicos.
No obstante, la representación legal del municipio argumenta que Rodríguez solicita información como el nombre y la dirección de personas que recibieron ayudas para su vivienda y cisternas por parte del gobierno municipal. Por lo tanto, la entrega de la información tiene que cumplir con ciertas garantías de confidencialidad
En declaraciones escritas, Rodríguez acusó al alcalde interino Jorge Ramos de negarse a entregar información que ella solicitó como Representante sobre su operación interna y manejo de fondos públicos. El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le ordenó al ayuntamiento entregarle a la representante Jocelyne Rodríguez Negrón los documentos solicitados en las resoluciones de la Cámara 206, 1071 y 1086.
En la vista judicial, el juez Martínez Piovanetti determinó que la información que el Municipio de Mayagüez supuestamente se negó a entregar “por meses”, constituyó una obstrucción de los procesos ley al plantear que la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste de la Cámara de Representantes no estaba cobijada por el derecho a la intimidad, como argumentó el ayuntamiento.
“Por tal razón, este próximo martes, 5 de marzo, a las 3:00 p.m., celebraremos una reunión ejecutiva para que el Municipio, a tenor con las instrucciones del Tribunal, entregue la información solicitada”, expresó la representante mayagüezana.
La representación legal de sostiene que la fecha fue impuesta por Rodríguez sin establecer claramente los parámetros en que se entregará la información requerida.
Rodríguez Negrón indicó que “esta decisión judicial es una victoria de acceso a la información para que el pueblo de Mayagüez conozca cómo se han manejado las finanzas y cuáles han sido las verdaderas prioridades de la administración municipal”.
En la demanda, Rodríguez sostiene que las resoluciones aprobadas persiguen un fin legítimo “al procurar fiscalizar las actuaciones de los municipios que componen el Distrito Representativo Núm. 19”, lee el escrito en alusión a San Germán y Mayagüez
Según el escrito legal, se hicieron requerimientos de información al Municipio de Mayagüez el 23 de mayo de 2023, el 25 de octubre de 2023 y el 27 de noviembre de 2023.
Mediante misivas del 1 de diciembre de 2023, el Municipio objetó el requerimiento de información amparándose en consideraciones de que necesitaban que se les aclarara o remitiera. Además, cuestionó el fin de la legislación y el requerimiento de información para que ellos pudieran evaluar la razonabilidad de lo que se le requería”, lee el escrito.
Rodríguez contestó indicando que el requerimiento se hacía para identificar medidas y acciones de carácter legislativo o administrativo.
Según la demanda, se hizo otro acercamiento el 13 de diciembre de 2023 y al día siguiente el gobierno municipal contestó que la información solicitada no forma parte de los propósitos incluidos en la resolución cameral aprobada.
“Además, plantearon que entendían que constituía una intromisión indebida en asuntos puramente administrativos del Municipio”, lee la demanda.
El gobierno municipal entonces remitió a la Cámara una solicitud de acceso a información pública al amparo de la Ley 141-2019 solicitando datos sobre la investigación que se estaba realizando en la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste.
Según la demanda de la Cámara, la respuesta es “es la máxima muestra de evasión por parte del Municipio para no entregar la información que se le ha requerido” y acusaron al ayuntamiento de entorpecer los trabajos de la Cámara.