Puedes ver el listado completo de la repartición de fondos aquí.

La Legislatura aprobó al final de la sesión ordinaria la Resolución Conjunta con que repartió $20.2 millones de fondos públicos entre 598 organizaciones, la inmensa mayoría sin fines de lucro, para realizar trabajo social.

En el argot legislativo se les conoce como entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas “cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, cultura, y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños”.

Los fondos deberán ser desembolsados por el Departamento de Hacienda antes del 30 de noviembre.

Como todos los años, las instituciones más agraciadas son organizaciones de probado trabajo social, como la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) con una asignación de $1 millón, Sociedad Por Hospital del Niño ($590,000), la Alianza de Autismo de Puerto Rico ($17,637), Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico ($81,000), Banco de Alimento de Puerto Rico ($82,269), Boys and Girls Club (71,151), Casa de Niños Manuel Fernández Juncos (141,284), Casa Protegida Julia de Burgos (195,434), Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimento ($401,000), Fundación Sila María Calderón ($400,000), Centro Sor Isolina Ferré ($125,000), Corporación La Fondita de Jesús ($311,659) y el Museo de Arte Contemporáneo ($320,000).

También múltiples centros culturales, asociaciones recreativas, equipos deportivos -mayormente de béisbol- incluyendo tres de la Doble A (Gurabo, Humacao y San Sebastián), la Carlos Beltrán Baseball Academy, con un donativo de $100,000 y la Puerto Rico Baseball Academy, también con un donativo de $100,000.

La Fundación Antonio Fas Alzamora recibió $128,051.

La medida indica que “los beneficiarios de los fondos aquí asignados deberán evidenciar que los gastos constituyen parte de los servicios cubiertos en su propuesta aprobada para el referido periodo de tiempo, así como cumplir con cualquier documentación adicional que se le requiera por virtud de la Ley 113-1996 y la Ley 20-2015, y su reglamentación aplicable”.

La Ley 113 regula la operación de la Comisión de Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario y la Ley 20-2015 , conocida como la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, estable las normas a seguir por estas instituciones, entre otros asuntos.

Esta última ley establece que todos los proyectos subvencionados deben tener la capacidad de demostrar la eficacia y el resultado de sus intervenciones.

“La Comisión requerirá que toda organización receptora que reciba una subvención participe de una evaluación rigurosa para desarrollar un sistema de colección de datos y consecuentemente, medir los resultados y ejecución del plan de trabajo certificado por la Comisión de conformidad a la reglamentación promulgada. Además, cada organización receptora deberá, sin excepción alguna, participar de actividades de capacitación sobre evaluación interna y medición de resultados coordinados por la Comisión”, lee la ley.

Aquí el listado completo: