“El argumento principal de quienes impulsan estas sanciones es que nuestro partido no puede parecerse al PNP, pero es precisamente el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, quien actúa igual que el entonces secretario general del PNP, Thomas Rivera Schatz, al insistir en imponer medidas disciplinarias improcedentes que ya el tribunal repudió previamente. Es increíble que, como populares, tengamos que recurrir a jurisprudencia (McClintock v. Rivera Schatz) de casos en los que el PNP actuó como se comporta ahora nuestro secretario”, agregaron los representantes.

En el extenso documento, los 14 representantes cuestionaron también la legalidad de la Resolución 2023-JG-005, que advertía que solo Ortiz González podría negociar sobre medidas relacionadas al Código Electoral, ya que no se alcanzó el quórum necesario, que asciende a 27 personas de un total de 53 miembros.

“Al día de hoy, el secretario general, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado, no ha provisto una certificación que valide que se cumplió con el quórum necesario para comenzar dicha reunión, y mucho menos legitimar cualquier acuerdo o resolución. Lo único que el secretario general ha comunicado al país es que la resolución se aprobó por unanimidad de los 25 miembros presentes”, señalaron.

Incluso, entre los 25 presentes que contaron como parte del quórum se encuentran Héctor Luis Acevedo y José “Pepe” Varela, en clara violación a los incisos (26) y (27) del Artículo 29 del Reglamento del PPD, que establecen que el miembro del Consejo Ejecutivo (Acevedo) y del Consejo de Exfuncionarios (Varela) ante la Junta de Gobierno “tendrán derecho a voz y voto, pero su presencia o ausencia no contará para quórum”.

Asimismo, manifestaron que las funciones y facultades legislativas no pueden ser menoscabas por la colectividad política, por lo que “no existe base legal para sancionar a los querellados, quienes son miembros bonafide y fieles defensores de los postulados del PPD”.

La apelación detalla que en una reunión del caucus cameral del PPD, celebrada el pasado 11 de agosto en Sabana Grande y en la que estuvo presente Ortiz González, se informó que la nueva medida de enmiendas al Código Electoral tomaría como base el proyecto vetado por el gobernador y que se atendería al inicio de la sexta sesión ordinaria, a lo que Ortiz González manifestó que en lo sustantivo no tenía reparos con la medida.

El grupo de 14 representantes argumentó que la presentación y aprobación del proyecto de la Cámara 1822 no violenta ni antagoniza con la Resolución 2023-JG-005, ya que hace viable su intención y propósito, pues le ofrece un vehículo a Ortiz González para negociar las enmiendas al Código Electoral, de manera institucional y con otros partidos, durante el trámite ordinario que se le da a cualquier medida legislativa, incluyendo su discusión en el Senado y un posible comité de conferencia.

La apelación deja claro, a su vez, que Hernández Montañez no negoció enmiendas al Código Electoral luego de aprobada la Resolución 2023-JG-005, pues las mismas concluyeron antes del 13 de agosto, día en que la Junta de Gobierno emitió la directriz sin el quórum necesario.

Los apelantes reclamaron, además, que se inhabilite a Cruz Maldonado de seguir fungiendo como secretario general de la colectividad y que se impongan medidas disciplinarias contra este por violar el propio reglamento del partido al atacar públicamente a sus correligionarios.

“Nos preguntamos: ¿qué objetividad o imparcialidad ejercerá Cruz Maldonado con los miembros de la delegación del PPD a los cuales reiteradamente ha prejuzgado en los medios de comunicación? Las acciones de Cruz Maldonado se apartan de la ecuanimidad, respeto, objetividad, equidad y decoro que requiere y exige la posición de secretario general, por lo que está inhabilitado de ejercer dicho cargo, y mucho menos de intervenir en asuntos disciplinarios contra los compañeros de la delegación popular en el asunto en cuestión. Cruz Maldonado ha violentado el reglamento con sus acciones, por lo que corresponde imponer las sanciones disciplinarias e impedir que se relacione o intervenga en cualquier instancia referente al proceso que hoy enfrentamos”, lee el recurso.

“Es lamentable que, por primera vez en 85 años, tengamos que recurrir a las protecciones que nos garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico-el instrumento de justicia social más grande que ha creado el Partido Popular Democrático- para protegernos de nuestro propio partido, y hacer valer los derechos y las prerrogativas que el pueblo nos otorgó mediante su voto”, concluyeron los 14 representantes.

Lee el recurso de apelación aquí: