La mujer se dirigió a los familiares de su pareja, pero no mostró arrepentimiento.

La jueza Mónica Alpi Figueroa, del Tribunal de Aguadilla, sentenció a 124 años de cárcel a Shirley Vera Barreto, por el asesinato de su esposo, el expolicía Alvin Quiñones Acevedo.

Vera Barreto fue encontrada culpable por un cargo de asesinato en primer grado y dos por violación a la Ley de Armas (portación o uso de un arma de fuego sin licencia y disparar con un arma de fuego).

Según explicó la jueza Alpi Figueroa en la sala 503 del Centro Judicial; de Aguadilla, la pena se desglosa en 99 años por el cargo de asesinato en primer grado y 20 años por el delito de portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia (Artículo 6.05 de la Ley de Armas) y cinco años por disparar un arma de fuego (Artículo 6.14 de la Ley de Armas).

Al concluir la lectura, Vera Barreto pidió hablar en sala y se dirigió directamente a los familiares de Quiñones Acevedo, pero no mostró arrepentimiento. Por el contrario, los llamó víctimas.

''Quiero que sepan que los perdono a cada uno. Así como yo he sido víctima de Alvin Quiñones Acevedo, así todos ustedes han sido víctima también. No tengo nada en contra de ustedes", dijo Vera Barreto.

De inmediato, los fiscales Juan Ramos García y Myriam Nieves Vera objetaron sus expresiones por no hacerlas al tribunal y pidieron a la jueza que la encontrara incurso en desacato.

''Usted fue procesada, encontrada culpable y el Tribunal le dio la oportunidad de que usted se exprese con relación a cuál fue el proceso, pero no para que se exprese directamente a los familiares de la persona y tampoco al público. El Tribunal no la va a encontrar incurso en desacato porque hay desconocimiento de los procesos", dijo la jueza.

''Lo que sí el Tribunal tiene que enfatizar es que usted haga un acto de reflexión en este tiempo, que se comunique con sus abogados en caso de que usted entiende que hay algún asunto en el proceso que se pudiese atender", destacó.

Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2020 en Moca. Según la investigación de la Policía, la mujer, de 32 años y madre de cuatro hijas, le disparó a su esposo en el cuello con su propia arma de fuego, mientras dormía.

Durante el juicio, la defensa de la ahora convicta intentó, sin éxito, establecer que se trató de un acto de legítima defensa, que la mujer era víctima de un largo patrón de maltrato y que enfrentaba el “síndrome de mujer maltratada”.