La jueza que maneja el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico hace advertencias a las partes en un momento crucial del proceso del Plan de Ajuste de Deuda.

La jueza que maneja el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico hace advertencias a las partes en un momento crucial del proceso del Plan de Ajuste de Deuda.

La jueza Laura Taylor Swain sometió a dos de los poderes constitucionales de Puerto Rico, el Ejecutivo y el Legislativo, así como a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el ente con poder sobre las finanzas públicas de la isla por encima de los poderes constitucionales, al proceso de mediación de conflictos, como última alternativa para llegar a una legislación consensuada que viabilice el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y que, de no producirse, podría activar la desestimación de todo el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Ese fue el saldo al cabo de dos horas de una vista de emergencia que Swain convocó el viernes pasado al observar que la Legislatura, particularmente el Senado, no podría cumplir con el plazo que le puso la JSF para aprobar el P de la C 1003 mediante el que se pretenden atender los cabos sueltos del PAD: la nueva emisión de bonos que la Junta quiere y las salvaguardas que la Legislatura quiere obtener para asuntos como financiación a municipios, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la prohibición de recortes a pensiones.

Aunque Swain permitió que todas las partes se expresaran, su plan estaba trazado de antemano y discutido ya con la jueza Barbara J. Houser, quien es la líder de un grupo de jueces que se han encargado, desde el principio del caso hace cuatro años, de conducir cientos de procesos de mediación que son los que desembocaron en el Plan. En esa esfera, igual que en la quiebra, el único representante autorizado del Gobierno de Puerto Rico es la JSF. Pero los acreedores han requerido que la emisión de bonos que establece el nuevo compromiso de pago de deuda de la isla tenga aval legislativo, lo que abrió a tener que contar con la Legislatura y el Gobernador.

Ahora, si la versión del P de la C 1003 que los poderes legislativos prometieron aprobar en 24 horas no tiene al aval de la JSF, el ejercicio del poder democrático para que el pueblo de Puerto Rico apruebe las leyes que quiera a través de sus representantes electos, va a quedar sometido al proceso de mediación de la jueza Houser y su equipo, quienes tienen hasta el 2 de noviembre a las 5:00 pm para decirle a Swain si entienden que la vista de confirmación del PAD se puede mantener para el ocho de noviembre. A su vez, la Junta tendrá hasta el 4 de noviembre a las 2:00 pm para decirle a la jueza si entienden que tienen un plan confirmable, si van a tener alternativas al mismo o si van a pedir la desestimación del caso de quiebras, lo cual desharía todo y sometería a la isla a múltiples pleitos de acreedores buscando ser los primeros que puedan cobrar lo que puedan de cualquier recurso que tenga el gobierno.

Para ver la carta de la Junta con la lista de lo que aceptarían en la legislación habilitadora del PAD, pulse aquí.

Para ver las enmiendas al P de la C 1003 que acordaron Cámara y Senado el 24 de octubre, pulse aquí.

Todo esto corre sin que la jueza haya accedido a la solicitud de la Junta de decretar una posposición del calendario de por lo menos tres días. La jueza mantuvo los plazos, incluyendo el inicio de la vista para el ocho de noviembre, y le prohibió a la Junta iniciar cualquier proceso de retirada del Plan hasta que el tribunal se lo permita.

“Seré honesta, mi paciencia se está acabando”, encajó la jueza a manera de embocadura, para abrir los trabajos que calificó como de “naturaleza inusual”. Explicó que, sin legislación, ella no tiene oportunidad de evaluar si el Plan es confirmable o no. Y recordó los años, cientos de miles de horas, múltiples procesos de mediación y cientos de millones de dólares que han tomado para llegar al punto actual, en el que se está a punto de someter un Plan para su evaluación. Comentó que el Plan reduce la deuda “bien sustancialmente” y que “no estoy convencida de que más atrasos estén en el mejor interés de los puertorriqueños” así como que “ninguno de nosotros tiene cuatro o cinco años para hacer todo esto otra vez”. En la primera de varias veces que lo repitió durante la vista, advirtió que toda la quiebra podría ser desestimada y que “si eso pasa, la Junta no se va, pero la protección de la paralización automática de las acciones de cobro se va”, abriendo paso a “procesos caóticos” de cobro en innumerables tribunales.

A través de sus abogados y de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, la JSF reiteraron que participarían de la mediación, pero que no tienen nada nuevo que aportar después de la carta del 14 de octubre en la que establecieron seis puntos que aceptarían en una legislación para viabilizar el PAD. Esto deja claro que todos los eventos de “negociación” que se han dado en días recientes han sido un monólogo de los cuerpos legislativos porque la Junta, aún hoy con las señales de la jueza de que está dispuesta a desestimar el caso, no ofrecen nada nuevo para el destranque. “Hemos hecho todo lo que el liderato electo ha pedido”, aseguró Jaresko.

De hecho, la JSF dejó ver que un Plan que requiera legislación no es su opción, sino que “la única razón por la que la legislación está en el Plan es porque los acreedores lo pidieron”. El ente volvió a usar la falta de legislación como amenaza de que se activarían cláusulas penales a favor de los acreedores que le costarían $100 millones al gobierno, pero el Plan realmente indica que la falta de legislación es una de las excepciones de las cláusulas penales.

“Hay solamente un acuerdo con la Junta y siempre incluyó legislación”, consignó el representante de una coalición de acreedores (PSA), Susheel Kirpalan, al hacer sal y agua las pretensiones de que puede haber un acuerdo sin legislación. Le pidió a la jueza que mantenga los plazos porque eso ha probado tener el poder de provocar que las partes trabajen “día y noche”. Reiteró que la Junta y los legisladores tienen que llegar a un entendido porque, si no lo hay, ellos van a pedir la desestimación de la quiebra sin dilación.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi y el Senado se alinearon en la petición a la jueza que permita que corra el proceso democrático de votación legislativa en las próximas horas de las enmiendas que acordaron anoche el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, que, posteriormente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también aprobó.

“[C]larificamos el lenguaje con los miembros del PNP (del Senado) y luego fuimos al Presidente del Senado”, explicó Hernández Montañez a la jueza, a la vez que dejó pasar su turno sin hacer lo que había anunciado que era su misión para la vista de hoy, pedirle a la jueza que aclarara si iba a aceptar el PAD modificado o si iba a recortar pensiones aún con la legislación aprobada.

Dalmau tuvo problemas para conectarse telefónicamente a la vista y también parece que los tuvo para articular una posición directamente a la jueza ya que lo único que dijo para récord fue “sí, su señoría”, cuando Swain le preguntó si estaba disponible para someterse a un proceso de mediación confidencial bajo la supervisión del tribunal. Como representante legal del Senado, el exrepresentante Luis Vega Ramos explicó a la jueza que en ese cuerpo no hay una mayoría, lo que requiere consultar con todas las delegaciones, pero propuso que haber aprobado la versión inicial del P de la C 1003 con 19 votos, dos terceras partes de la composición, es evidencia de “voluntad política, de política pública, para aprobar esta legislación”.

“El proceso legislativo debe ser respetado, el proceso democrático debe ser respetado”, insistió Pierluisi al prometer que los cuerpos producirían una legislación mañana que mañana mismo él está dispuesto a firmar.

Manteniéndose en el pesimismo, la Junta le argumentó a la jueza que todo lo que había escuchado de los poderes políticos de la isla confirman sus “peores temores” de que piensan seguir adelante con la versión acordada este fin de semana y que el ente fiscal sigue considerando deficiente. “Hay una píldora venenosa de ‘ningún recorte a pensiones’ como condición precedente a la emisión de deuda (nueva)… la Junta está preparada para retirar el Plan si no se puede hacer una posposición”, lanzó Jaresko en un último intento porque la jueza les diera la suspensión de los plazos.

Interesantemente, el abogado del Comité Oficial de Retirados, Robert Gordon, intervino solo para aclarar que el tranque no tiene nada que vez con ellos. Esto porque ese comité solo estaba encargado de negociar las acreencias de las personas ya retiradas, no de los empleados activos, y el lenguaje en controversia tiene que ver con un intento del Gobierno de Puerto Rico de evitar cambios y congelamiento de beneficios de los empleados públicos activos que están cotizando. “No tenemos posición sobre este asunto”, dijo Gordon, lo cual, a nivel de proyección pública, contrasta con declaraciones del sector político de que lo que se busca con la insistencia es proteger a los ya retirados. Una combinación de recorte a pensiones y congelamiento de beneficios es lo que permite que, para efectos del cálculo de la Junta, ocurra el ahorro que buscan en el Plan Fiscal, por lo que la insistencia de la Legislatura trastoca el cálculo.

La jueza Houser, a quien ahora le toca correr el tramo ancla del PAD con su equipo de mediación, recordó a Swain que cada uno de los acuerdos de los que se compone el PAD fue “fuertemente litigado” por las partes y que así se produjo un plan con “beneficios significativos para el pueblo de Puerto Rico”. “En mi opinión, sería una pena que no pudiéramos traerle este Plan a usted para confirmación”, dijo a Swain.

Aunque manifestó en más de una manera que la desestimación del caso está en su “radar”, la jueza Swain cerró la vista con el anhelo de poder resolver la controversia de la quiebra de Puerto Rico dentro de los parámetros ordenados en la Ley PROMESA.

Expresó su deseo de “mantener PROMESA como un vehículo prospectivo para la restauración de la vida económica de Puerto Rico y sus accesos a los mercados financieros”. “Mantener a Puerto Rico como una entidad, un estado, una comunidad que puede proveer apropiadamente a través de una economía vibrante y la reestructuración de deuda contemplada en el estatuto que pueda beneficiar a retirados, acreedores y otras partes interesadas”, concluyó al recabar “acciones de buena fe de parte de todos los concernidos”.