Una demanda sostiene que la Comisión de Juegos está asignando licencias ilegalmente y mediando influencias políticas y económicas.

Un grupo de 32 personas o entidades que se dedican al negocio de las máquinas de juegos electrónicos para adultos desde hace más de 20 años demandó a la Comisión de Juegos (CJ) por estar asignando las nuevas licencias para estas máquinas sin ninguna base legal y mediando la posible comisión de delitos mediante soborno y venta de influencias.

Se trata de la más reciente controversia en la interminable saga para la legalización, control y tributación de la actividad económica que ocurre mediante estas máquinas que se supone son de “entretenimiento”, pero que son juegos de azar en la medida en que los usuarios les introducen dinero con la expectativa de ganar premios dependiendo de un resultado aleatorio del “juego”.

Los dueños de estas máquinas se dividen en distintos bandos en cuanto a la forma de control gubernamental que aceptan, pero por años se han hecho sentir políticamente con su poder económico. Durante la primaria pasada del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2020, por ejemplo, un grupo de operadores organizó una actividad de recaudación de fondos de la que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sacó $25,000 en efectivo para su campaña fútil contra el actual gobernador, Pedro Pierluisi.

Como resultado de ese cabildeo, la administración de Vázquez Garced apresuró a principios de la pandemia la aprobación de dos reglamentos que atenderían el nuevo esquema gubernamental de crear una red de interconexión para estas máquinas. Sin embargo, el 14 de julio pasado una jueza superior concluyó, en una demanda presentada por la empresa Electronic Games, que los reglamentos eran nulos porque los hizo la Compañía de Turismo, cuando tenía que emitirlos la recién creada Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. En ese caso se presentó una moción de reconsideración de parte del gobierno que todavía no está resuelta.

Los reglamentos declarados nulo son el 9174 (Para la fiscalización operacional e interconexión de máquinas de juegos de azar en ruta) y 9175 ( Para la expedición, manejo y fiscalización de licencias de máquinas de juegos de azar en ruta).

Ahora la reclamación del grupo de 32 operadores es que, mientras ese pleito estaba pendiente y aún después de la jueza haber anulado los reglamentos, la Comisión y su director ejecutivo, Orlando Rivera, se mantuvieron expidiendo licencias de operador bajo la nueva propuesta gubernamental de interconexión sin tener autoridad legal. El concepto es que, de unas 80,000 máquinas de este tipo que se estima están regadas por toda la isla, solo 45,000 serán legalizadas y sometidas al control gubernamental.

La demanda que presentó el exfiscal Michael Corona sostiene que la ley indica que las licencias nuevas deben ir primero a operadores bona fide, definidos como aquellos que ya estaban registrados con el Departamento de Hacienda, pero Rivera habría otorgado solo algunas a operadores bona fide y la mayoría a empresas de nueva creación, como The Winning Key LLC, que fue creada apenas en febrero pasado por el exsenador novoprogresista, Eric Correa.

“Este proceso ilegal se llevó a cabo dentro de un marco de venta de influencias, acuerdos contrarios a la ley y otra conducta que podría ser ilegal, por lo que dicho proceso debe ser declarado nulo y sin efecto para los que en realidad no cualifican… Estas actuaciones ilegales de la Comisión de Juegos deben ser anuladas por este Honorable Tribunal, dando paso a los demandantes que sí son operadores bona fide pero que no han movido influencias ajenas al proceso y contrarias a la ley para tener licencias de operadores de la Comisión de Juegos puedan cualificar”, expone el recurso legal.

Añade que la reglamentación no cumplió con el requerimiento del Procurador de Pequeños Negocios y que un requerimiento de propuestas que la Comisión debe hacer para escoger a la empresa que va a implantar el sistema inalámbrico de interconexión sería constitutiva del soborno porque, por admisión del propio Rivera, se le va a añadir el requisito de que las empresas proponentes tengan que pagar los gastos de viaje y alojamiento de los funcionarios de la Comisión que van a “confirmar que se traten de empresas confiables y firmemente establecidas”.

“El delito de soborno en nuestra jurisdicción se configura con solo ofrecerlo y no se requiere la entrega de dinero o cualquier otra cosa de valor al funcionario público a cambio de hacer algo que sea parte de sus funciones o haga algo contrario a sus deberes”, subrayan los demandantes.

El remedio solicitado al tribunal es que emita una sentencia declaratoria sobre los derechos y remedios que tienen los demandantes ante la ilegalidad de los reglamentos, ante su condición de operadores bina fide, ante el incumplimiento con el Procurador de Pequeños Negocios, ante la pretensión de hacer una subasta en la que se reciben cosas de valor “para influenciar las decisiones del Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos” y los derechos y remedios que tienen para que Rivera “no actúe al margen de la ley otorgando licencias a base de poder político o influencias”.

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