El presidente de la comisión investigadora, Luis Raúl Torres, anticipó legislación nueva sobre el contrato hoy.

La investigación cameral sobre el contrato de 15 años con LUMA Energy para gerenciar el sistema de transmisión y distribución (TD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podría producir propuesta de legislación tan pronto como hoy para atender algunos de los hallazgos que han surgido hasta ahora sobre este acuerdo de unos $1,500 millones que ya el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia rehusó cancelar, aunque dijo que podría pedir enmiendas.

El trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía que preside el representante Luis Raúl Torres corre paralelo al Comité Timón para la fiscalización de dicho contrato que Pierluisi creó el 12 de enero mediante orden ejecutiva y del cual solo se conoce que han tenido cuatro reuniones.

La séptima vista pública de la comisión está pautada para hoy con la comparecencia de Tomás J. Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE, e Ivelisse Sánchez, de la Asociación de Jubilados de la AEE. Torres dijo a NotiCel que anticipa la comparecencia de Marc F. Thys Torres, director de Recursos Humanos de la AEE y quien la semana pasada emitió un memo confirmando que "LUMA Energy no ha realizado ofertas de empleo a nuestros empleados", aunque se supone que comiencen a operar completamente bajo el contrato el 1 de junio; de Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), los colegios de Abogados y de Ingenieros y Agrimensores; Tom Sanzillo, director de Análisis Financiero para el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés); y de Wayne Stensby, presidente del consorcio LUMA.

El primer informe parcial de la investigación, emitido el 26 de febrero, refirió al Tribunal Supremo y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) al Comisionado y Presidente del Negociado de Energía (NEPR), Edison Avilés Deliz, por posible conflicto de intereses y violaciones a la ley al integrar el Comité de Alianzas que seleccionó a LUMA y negoció la propuesta, para luego, como parte de sus funciones en el Negociado, adjudicar la corrección del contrato y votar a favor de su aprobación.

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Además de los testimonios en vistas, Torres indicó que se han recibido documentos que reflejarían incumplimiento de obligaciones fiduciarias por parte de algunos funcionarios, incongruencias dentro del contrato y falta de evaluación sobre el cumplimiento del mismo con la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico.

Pero, ¿cuáles son algunos de los hallazgos y datos enfatizados hasta ahora en las vistas públicas sobre el contrato? Veamos:

- La AEE tiene 5,500 empleados de los cuales 1,000 están en el área de generación, por lo que no están afectados con el contrato. Los 4,500 restantes suponen tener uno de tres destinos: LUMA los contrata, pasan a otra agencia o corporación pública, o se quedan en la AEE. Si el empleado va a LUMA, pasa como un empleado nuevo y pierde el status y los beneficios que tenía en la AEE. Si se queda en la AEE o pasa a otra agencia, el gobierno central tendría que buscar fondos para cubrirle compensación y beneficios. Hoy, a menos de tres meses de que LUMA comience operación formal el 1 de junio, no hay precisión sobre el movimiento de los empleados ni tampoco inventario de las plazas disponibles en el gobierno para absorber esos empleados.

-LUMA no solo es un consorcio (que aglutina las empresas Quanta Services, Inc. y ATCO Ltd.) sino que firmó el contrato a través de dos entidades distintas, LUMA Energy LLC y LUMA Energy Servco, LLC. La primera está compuesta de la gerencia que está trabajando el periodo de transición que abarca desde la firma del contrato hasta el 1 de junio y la segunda es una subsidiaria que se supone es la que va a prestar realmente los servicios objeto del contrato con personal que deben tener listo para el 1 de junio.

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-LUMA, como tal, no existía cuando la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) evaluó las calificaciones de las empresas interesadas en contratar la gerencia del sistema de TD. Luego de adjudicarse a las empresas individuales, formaron el consorcio para la firma del contrato.

-Aunque el concepto de la negociación era el sistema de TD, el contrato formalmente es de Operación y Mantenimiento, por lo que LUMA tendrá la gerencia de áreas como servicio al cliente y facturación. Tan pronto como al comienzo formal de su gestión el 1 de junio, LUMA puede recurrir al NE para solicitar un aumento de tarifa porque ya serían ellos, y no la AEE, los que determinarían las necesidades económicas para la operación de la red eléctrica. LUMA no hace ninguna aportación económica o de activos, todos los recursos los pone o paga el gobierno.

-Nada en el contrato evita que LUMA adjudique a subsidiarias suyas el trabajo de reparación del sistema eléctrico que debe realizarse con las asignaciones federales de unos $11,000 millones como resultado de los huracanes María e Irma.

-A la fecha, LUMA ha facturado $90 millones por su trabajo de transición y se le han desembolsado $28 millones. A partir del 1 de junio, cobran un cargo fijo anual de entre $70 y $100 millones en los primeros tres años y de $105 millones el resto de la vigencia. Además, optan por un incentivo (entre $13 a $19 millones anuales en los primeros tres años y $20 millones anuales el resto de la vigencia) si cumplen con métricas de desempeño que diseña la propia LUMA y el NE debe evaluar. A LUMA se le reembolsa hasta por gastos de "entretenimiento" de sus ejecutivos, pero se aseguró que no se ha sometido ningún reembolso por ese concepto.

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-La implementación del contrato costaría al gobierno $894 millones que, hasta ahora, no se conoce de qué fuente podrían sacarse.

-A la Junta de Gobierno de la AEE se le convocó el viernes antes del Día de los Padres de 2020 a una reunión en AAPP para presentarles el contrato de 336 páginas y el lunes siguiente la Junta aprobó el contrato en una reunión de 43 minutos que no refleja discusión del contenido del contrato y para la que no se siguió el proceso normal que siguen los contratos en la AEE antes de elevarse para evaluación y aprobación de la Junta.

-El contrato fue aprobado en menos de una semana por la AAPP, AEE, la Junta de Control Fiscal y la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced.

-El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kreil Rivera, y el director ejecutivo de la corporación pública, Efran Paredes Maisonet, dijeron que el representante del interés público, Tomás Torres Placa, había planteado aplazar la fecha de vigencia formal del contrato.

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-Hubo duda sobre si el impacto de un huracán a la isla es una de las razones bajo la cual se le permitiría a LUMA abandonar el contrato, pero está claro que, ante cualquier emergencia que evite que las brigadas salgan a realizar trabajos durante 18 meses, LUMA podría abandonar el contrato.

Además de llevar a cabo el proceso para el contrato de LUMA, la AAPP tiene a su cargo la segunda parte de la privatización de la AEE, que es la que cubre la generación de energía. Ocho empresas han mostrado interés hasta ahora.

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Para ver el primer informe parcial sobre el posible conflicto de Avilés Deliz, pulse aquí.