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Propuesta urgente para reconstruir la isla

Un mapa de ruta con ocho áreas de prioridad fue presentado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

El dragado del embalse Carraízo es una de las necesidades urgentes de la isla, de acuerdo a Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.
Foto: Archivo/Juan R. Costa

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), presentó esta semana su proyecto Infraestructura 2030, descrito como el mapa de ruta para la reconstrucción urgente y sostenible que requiere la infraestructura esencial de la Isla en los próximos 10 años.

Esta propuesta surge en momentos en que el secretario de Estado y presidente del Concilio de Reconstrucción, Larry Seilhamer, ha adelantado que próximamente se decretará un estado de emergencia en la infraestructura, lo que permitirá una flexibilización de procesos.

El documento, que está disponible para revisión pública en la página https://www.infraestructura2030.com/, es el producto del trabajo de expertos del CIAPR agrupados en ocho comisiones especializadas por temas de infraestructura, informó el presidente de la entidad, Juan F. Alicea-Flores.

La propuesta identifica ocho áreas de prioridad en esa ruta hacia la reconstrucción de la infraestructura. Son éstas las respectivas infraestructuras de energía eléctrica; de agua potable y usadas; de manejo y disposición de desperdicios sólidos; de transportación; de comunicaciones e informática; de otros servicios esenciales, así como el proceso de permisos y el desarrollo económico

“Hay $80 mil millones federales identificados para Puerto Rico en fondos CBDG y no podemos permitir que más episodios de mala gobernanza le roben a nuestro pueblo la oportunidad de tener una infraestructura digna y sostenible que impulse nuestro desarrollo económico y social”, afirmó Alicea.

Son extensas y detalladas las propuestas en el documento. En el caso de infraestructura eléctrica se propone como objetivo principal la transición hacia las fuentes de energía renovables, pero se advierte que mientras tanto y con carácter de emergencia se requiere dar mantenimiento a la Infraestructura existente para garantizar una operación del sistema eléctrico que sea confiable y con un servicio de calidad.

​Se propone que las fuentes renovables estén distribuidas para así descongestionar la red, reducir las pérdidas técnicas, mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico, recuperar el servicio rápidamente luego de desastres naturales y distribuir el taller de trabajo entre profesionales e instaladores locales.

Se recomienda, igualmente adoptar políticas gubernamentales para fomentar el uso de vehículos eléctricos en Puerto Rico.

“El primer paso para la transformación energética debe ser transformar la red de distribución en una red inteligente que permita mayor visibilidad y control de su operación. Una vez esta red sea inteligente será viable la transformación energética”, se agrega. La propuesta incluye además recomendaciones tarifarias, de reestructuración de la deuda y de la gobernanza del sistema eléctrico del país.

Para el sistema de agua potable resaltan la urgencia de reducir la pérdida de agua en el sistema de distribución para llevarla de su 60% actual a un 17% que es el nivel aceptable a nivel mundial. Recalcan además la necesidad de reducir la pérdida en los canales de riego de 60% a 10%.

Otra acción urgente es el dragado de los embalses críticos.

“La AAA debe dragar el embalse Carraízo. La AEE debe dragar los embalses Dos Bocas y Guayabal. Además, ambas corporaciones públicas deberán realizar dragados de mantenimiento en esos y otros embalses”.

Las propuestas incluyen también reducir la demanda de agua en Puerto Rico mediante la implantación del programa de conservación de agua de la EPA denominado WaterSense. “Este programa reduce el consumo de agua en los hogares en un 40%”

Proponen además utilizar las aguas usadas tratadas para riego agrícola y el riego de campos de golf y áreas verdes; desarrollo de un programa masivo de reforestación; protección de las zonas de recarga de acuíferos; barreras hidráulicas para frenar la intrusión de agua salada en los acuíferos; el reabastecimiento de acuíferos con aguas usadas tratadas y exigir el riego por goteo.

​ En el área de desperdicios sólidos el CIAPR respalda las recomendaciones de la EPA, que incluyen reevaluar las estrategias de reciclaje para revisar cuatro elementos críticos: legislación, sistema de recolección, infraestructura y mercados para productos reciclados. También propone la evaluación de las posibles expansiones de los vertederos existentes; evaluación de la tecnología de procesamiento de desechos sólidos basado en la jerarquía de manejo; programas de manejo de desechos de jardín y compostaje y programas de reciclaje de desechos de construcción y demolición.

Para la red vial de Puerto Rico se proponen establecer prioridades estratégicas para mejoras capitales en proyectos de rehabilitación, reparación y optimización de la infraestructura existente. Es prioritario mantener las carreteras existentes, recalcan. Además recomiendan reevaluar los proyectos de nueva construcción asociados a completar la autopista de Arecibo a Aguadilla; incorporar nuevos materiales y tecnologías; viabilizar el desarrollo de transporte colectivo, revitalizar las áreas urbanas; e Identificar fuentes de fondos de pareo local para capitalizar los fondos disponibles mediante la legislación federal.

​Respecto al tema de la construcción proponen adoptar el nuevo Código de Construcción IBC 2021 con sus enmiendas; enmendar la Ley de Certificaciones para establecer el requisito de revisión estructural (peer review) para edificios mayores de dos plantas e infraestructura que no sea soterrada y el requisito de Inspección Especial para las estructuras sometidas a revisión; así como el desarrollo, implementación y educación de un manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas.

Igualmente sugieren insertar en el Plan de Uso de Terrenos la identificación de riesgos sísmicos de los terrenos; crear una oficina a nivel gubernamental que oriente y ayude al ciudadano a obtener diseños, permisos e inspección para viviendas; y propiciar un programa de financiamiento para mejorar las estructuras informales en zancos con $12,000 a $20,000 por estructura, según sea el caso.