Flexibilizó aún más la compra y el uso de armas de fuego por parte de civiles a través de cuatro decretos.

Los últimos decretos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permitirán tener "un arsenal" de armas en casa, alerta en una entrevista con Efe Rafael Carneiro, abogado del Partido Socialista Brasileño (PSB), que ha recurrido al Supremo para frenar la obsesión armamentística del líder ultraderechista.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, flexibilizó aún más la compra y el uso de armas de fuego por parte de civiles a través de cuatro decretos publicados la semana pasada, en su cruzada por incentivar la "autodefensa" como forma de combatir la delincuencia.

"Realmente pasa a ser permitido tener un arsenal", afirma Carneiro en una entrevista telemática con Efe.

El letrado, que representa al PSB en este proceso, sostiene que los textos "violan la Constitución" y chocan con derechos fundamentales al "poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas", por lo que deberían ser tumbados por el Supremo.

Además, invaden competencias del Parlamento y generan una "preocupación muy grande", pues se retira del Poder Público el "monopolio de la seguridad", que es "una de las principales funciones del Estado".

MÁS ARMAS Y MÁS MUNICIONES EN CASA

Los decretos, entre otros aspectos, aumentan de cuatro a seis el número máximo de armas de fuego para defensa personal y excluye de la lista de productos controlados por el Ejército proyectiles, máquinas para recarga de municiones, cargadores de cualquier capacidad, miras telescópicas y compensadores de retroceso.

Además, "los cazadores, tiradores y coleccionistas pasan a tener un límite de adquisición de armas y munición mucho mayor de lo que tienen actualmente", advierte Carneiro.

Asimismo, se autoriza el porte de dos armas de forma simultánea.

"Diversas entidades ya se manifestaron públicamente contra esos decretos, mostrando que van contra la tendencia mundial de reducción de armas y munición por parte de la sociedad", subraya.

Y con el consiguiente riesgo de que, cuando empiecen a valer las nuevas reglas, suban los crímenes violentos en un país que registra alrededor de 50.000 homicidios todos los años, según denuncia la oposición. Por otro lado, al ser decretos presidenciales no precisan ser validados por el Congreso para su entrada en vigor.

Por ello, el único "camino para corregir esa inconstitucionalidad es el camino judicial, a través del Supremo Tribunal Federal (STF)", asevera el abogado.

Como representante legal del PSB, que integra la oposición al Gobierno de Bolsonaro, Carneiro presentó el martes de esta semana un recurso solicitando la suspensión de esos decretos ante la máxima instancia judicial del país.

El caso será ahora sorteado entre alguno de los once magistrados que integran el alto tribunal.

"Creemos que, en función de la gravedad de las ofensas, (el recurso) deba ser analizado en un corto espacio de tiempo", vaticina.

La flexibilización del porte y la pose de armas es una de las promesas de campaña de Bolsonaro, un nostálgico de las dictaduras militares de derechas que imperaron en Latinoamérica durante el siglo pasado y que tiene como modelo armamentístico Estados Unidos.

Desde que asumió el poder en enero de 2019, Bolsonaro ha impulsado varias medidas para promover la "autodefensa" de la sociedad.

A pesar de que muchas de esas iniciativas han sido rebajadas o incluso tumbadas por los Poderes Legislativo y Judicial, el registro de armas de fuego se ha triplicado en el país entre 2018 y 2020.

Solo en 2020, en plena pandemia del coronavirus, las ventas crecieron un 90 %, según anunció con orgullo Bolsonaro.

Sin embargo, Carneiro confía en que el Supremo vuelva a tumbar esas nuevas reglas, como ya hizo en el pasado cuando el Gobierno decidió eliminar los impuestos de importación de revólveres y pistolas.

"La Corte Suprema ha sido accionada con frecuencia para cohibir esos actos inconstitucionales y ha dado una respuesta célere a esos pedidos", manifestó.

El abogado lamenta, sin embargo, que, en estos tiempos de pandemia, en los que todos los esfuerzos del poder público deberían centrarse en la covid-19, tengan que "gastar energía" con "ese tipo de medidas inconstitucionales".

En este sentido, recordó que el Gobierno también buscó durante la crisis sanitaria restringir las leyes de Acceso a la Información y de Protección de Datos.

"Esos decretos sobre armas, infelizmente, no son los primeros actos inconstitucionales (publicados) recientemente", indica Carneiro, quien también representa al PSB en otros dos recursos por la presunta "omisión" del Gobierno en materia medioambiental.