Aseguran que, mientras fue abogado de la Junta de Control Fiscal, ayudó en la elaboración de un plan que incluía reducciones a los recursos municipales.

Alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron el lunes, que mientras Pedro Pierluisi fue abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), su partido con el liderato de Ricardo Rosselló Nevares, Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez, prepararon y sometieron un Plan Fiscal a la JCF que incluyó la reducción de asignaciones a los municipios que estaban dirigidas a brindar servicios directos a los ciudadanos.

“Entre las medidas tomadas por el PNP, una de las más que afectaba a los ciudadanos dueños de inmuebles es la eliminación de la exoneración de 15,000 dólares de la primera residencia (propiedad inmueble). En el Plan Fiscal de Pierluisi y el PNP eliminaron la totalidad de la exoneración con impacto de $133 millones a los municipios, que beneficiaban directamente a los dueños de propiedades inmuebles. No hay duda que buscaron que los ciudadanos pagarán esa contribución”, expresó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz en comunicación escrita.

Específicamente, incluyeron la eliminación de la transferencias a los municipios para cubrir exoneraciones (133 millones de dólares) y el fondo de equiparación (227 millones de dólares), así como, impusieron mayores cargas como lo son las relacionadas con ASES y PayGo que representan un carga adicional de 168 millones de dólares y 165 millones de dólares, respectivamente. Ese plan maquiavélico que no tomó en consideración a los miles de ciudadanos que viven en los municipios pequeños y medianos, y que el gobierno central hace muchos años abandonó, hoy también pone en riesgo a miles de empleos en los municipios del país. En los municipios laboran 50,000 empleados públicos, aproximadamente.

La Junta de Control Fiscal, certificó estas medidas en abril del 2018 justo el mismo año que los municipios fueron el primer auxilio tras el paso del huracán María.

Por su parte, el alcalde de Comerío, Josean Santiago Rivera, dijo que “a pesar de esta y otras reducciones de ingresos que limitan las operaciones y servicios básicos que ofrecen los municipios, los alcaldes decidieron asumir esa pérdida para continuar honrando a sus contribuyentes la exoneración de 15,000 dólares para no afectar más al pueblo. Si no se rectifica este grave daño en reducciones continuas a los municipios para el próximo año fiscal tanto la propia existencia de la exoneración como los empleos en los municipios pudieran verse afectados“.

La otra medida aprobada por el liderato del PNP y Pedro Pierluisi, como asesor de la JCF, que afectó directamente a los ciudadanos fue la reducción de la asignación que va al Fondo de Equiparación. Con este dinero, los municipios de menor base tributaria, o sea, aquellos municipios que tienen mayor cantidad de exoneraciones, podían mantener la operaciones y servicios básicos como atender aquellas deudas impuestas por el Gobierno Central, como es el pago de PayGo (empleados retirados) y el pago al plan de salud del Gobierno.

“Desde el año fiscal 2018-2019, comienza una reducción sistemática de 45 millones de dólares anuales, limitando los recursos de decenas de municipios como Maunabo, Patillas, Loíza para dar servicios directos a la ciudadanía. Este año se asignó 131 millones de dólares, el cual desaparece en el año 2024”, añadió el alcalde de Villalba.

Del mismo modo, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, dijo que “había una visión de que el gobierno estatal no tenía que proveerles apoyo a los municipios pero que tuvo que pasar el Huracán María, los terremotos y la pandemia para que se dieran cuenta que no solo son necesarios sino que los municipios son la clave a una respuesta efectiva a la ciudadanía”.