Todas las medidas están relacionados al retiro de empleados públicos.

Horas antes de que la Cámara de Representantes derrotara la medida para elevar a rango constitucional el pago de los pensiones de los empleados públicos, la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley tres medidas senatoriales relacionadas al retiro de empleados públicos.

La Primera Ejecutiva estampó su firma durante una rueda de prensa en la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, que estuvo llena de seguidores y en un ambiente cargado de política partidista.

Durante el encuentro, Vázquez Garced firmó el Proyecto del Senado 1623, para “crear la Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico”. Esto permite que aquellos policías con al menos 30 años de servicio y 55 años de edad, puedan retirarse con una pensión equivalente al 50 por ciento de su salario.

“El propósito de esta legislación es que estos empleados públicos puedan tener una pensión digna al momento de retirarse y así puedan tener una fuente de ingreso que les permita atender sus necesidades. A los que están cercanos al retiro se les dijo que tendrían una seguridad financiera al momento del retiro. Debido a la situación económica que vivimos ha sido necesario hace ajustes de gastos en distintas áreas, incluidas a los planes de pensión. Mas es necesario ajustar los beneficios para los miembros del sistema de rango de la Policía, los Miembros de Bomberos y de Custodia para garantizarles un retiro digno a quienes arriesgan sus vidas todos los días protegiendo la vida a nuestros ciudadanos”, dijo.

Además, la Gobernadora firmó la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” (PS 1432). En adelante, los participantes del Sistema de Retiro de Maestros, pueden autorizar que se les destine el balance o el exceso de licencias por enfermedad a su retiro para que se coticen como tiempo trabajado.

“Es tiempo de hacer justicia a esos hombres y mujeres que ejercen su vocación en el afán de educar a nuestros niños y nuestras niñas y a esa juventud que se levanta en tiempos de tanta adversidad”, señaló.

La Mandataria también firmó el Proyecto del Senado (PS) 1616, llamado ahora “Ley de Programa de Retiro Incentivado de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”, que crearía una ventana a empleados de gobierno elegibles para que puedan voluntariamente separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro.

“Esto busca restituir los beneficios que les fueron recortados a los empleados públicos, a la vez que logramos ahorros al fisco y un recorte a las pensiones de los retirados del gobierno. Al momento hay cerca de 9,452 participantes activos de la ley 447, que representan una nómina de $342,267,00 más alrededor de 60 millones en beneficios marginales. Esa es la situación actual. Si todos ellos se retiran bajo esta ley con un 50% de su salario actual, representaría un ahorro para el gobierno de 171,138,000 millones”, aseguró.

La Junta ya rechazó una de las medidas

El pasado 23 de junio de 2020 la Junta de Supervisión Fiscal le comunicó a la Gobernadora su desaprobación a la medida por no ser consistente con el Plan Fiscal.

En la misiva, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, advirtió que la implementación de la medida requeriría una reducción de nómina gubernamental.

“La Junta de Supervisión Fiscal reconoce que el Proyecto del Senado 1616 tiene la intención de mejorar los beneficios de retiro para ciertos empleados actualmente activos, al mismo tiempo que paga los beneficios aumentados al congelar/eliminar algunos de los puestos ocupados por los pre-jubilados”, indicó Jaresko un mes y medio atrás.

“Sin embargo, la asequibilidad de las mejoras de beneficios propuestas depende de la eliminación de un cierto número de estas posiciones”, planteó.

Semana de gobierno con sabor a aspirante

La firma de estos tres proyectos del Senado ocurren de cara al evento primarista por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista y después de que Vázquez Garced reiterara su negativa a debatir con su contrincante Pedro Pierluisi.

Sus constantes apariciones públicas para anunciar nuevas alianzas y proyectos en medio de un evento de elecciones ha llevado a muchos a asociar estos movimientos como una plataforma de búsqueda de votos.

A preguntas de Noticel, la gobernadora rechazó el planteamiento.

“Como gobernadora de Puerto Rico, le debo al pueblo la presentación de distintos proyectos y la información de lo que se está haciendo. Los proyectos de ley los tiene que firmar la gobernadora. Así que en ese sentido, obviamente, es parte de mis funciones como gobernadora… firmo los proyectos de ley y tomo las determinaciones basada en lo que es mejor para el pueblo y yo voy a pensar primero, segundo y tercero en el pueblo puertorriqueño”, respondió.

“No lo voy a hacer pensando en votos ni en mi interés personal. Si eso gana o no, lo decidirá cada persona. Con relación al debate, desde el primer día yo dije que no iba a debatir y todos los medios y el pueblo lo sabía que no iba a debatir con una persona de mi propio partido porque este partido, después del 9 de agosto, va a llegar unido al 2 de noviembre, para las elecciones”, añadió y, en esta ocasión, se llevó una ovación.

“No voy a atacar a nadie”

El mismo día que apareció el primer anuncio de campaña de su comité contra Pierluisi, la gobernadora aseguró que una de sus razones para no debatir es que “no voy a atacar a nadie”.

Lo dijo parada al lado del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien solo un par de horas antes había desautorizado el uso de su figura en un anuncio político de Vázquez Garced atacando a Pierluisi. En el anuncio se usa pietaje de la histórica sesión del Senado en que Rivera Schatz destrozó las aspiraciones de Pierluisi de convertirse en gobernador tras la salida de Ricardo Rosselló Nevares, rechazándole apasionadamente como Secretario de Estado.

“Me presento como soy. No tengo que humillar a nadie para ganar nada”, expresó.

Responsabilizó a Pierluisi de sí tener una campaña millonaria en su contra a través de un comité de acción política que enfrenta ahora varias investigaciones, tanto de la Oficina del Contralor Electoral como del Departamento de Estado.

“Me están atacando porque defiendo a la gente y no a los grandes intereses”, finalizó diciendo.

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