Varios representantes alegaron que la ex secretaria interina de Salud también participó de lo que denunció.

La exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, aseguró este miércoles bajo juramento que otros empleados de la agencia y asesores ligados a La Fortaleza actuaron por encima de su rol como jefa en la toma de decisiones y en la ejecución de compras millonarias ante la emergencia producida por el coronavirus, o COVID-19.

La pretensión, según Quiñones de Longo, era convertirla en un “sello de goma”.

La exsecretaria interina de Salud aludió a los excesos de estos terceros, pero negó que sus propias acciones hayan sido negligentes, al presenciar conductas impropias en la agencia y no denunciarlas hasta su renuncia al cargo.

Quiñones de Longo declaró en vista ejecutiva en el Capitolio, o sea, a puerta cerrada, por más de cuatro horas corridas como parte de la pesquisa que lleva la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la adquisición de ventiladores artificiales y pruebas rápidas, o “test kits”, para detectar COVID-19.

“En realidad fue todo una situación incómoda y difícil donde mi autoridad como secretaria interina no fue reconocida. Me estaban pidiendo que yo fuera un sello de goma y yo no iba a acceder a eso”, reveló Quiñones de Longo.

La doctora, educada en pediatría, ofreció testimonio sobre su rol como exsecretaria interina y como subsecretaria bajo el mando del doctor Rafael Rodríguez Mercado, su predecesor en la agencia.

Varios representantes, que participaron de la vista ejecutiva, afirmaron que la exfuncionaria alegó haberle comunicado varias irregularidades a Rodríguez Mercado, pero cuando fue abordada por la prensa, no respondió qué acciones fueron tomadas al respecto, si alguna.

“Hay algunas cosas que cuando tú las identificas, son confidenciales, y tú las discutes con las personas a nivel confidencial y tienes una lealtad y una responsabilidad hacia los que son tus jefes y tú cumples con eso”, expresó Quiñones de Longo a su salida de la audiencia ejecutiva.

La doctora reiteró sus denuncias públicas previas, como haber recibido una orden por parte de Marisol Blasco Montaña, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para firmar en un periodo de 20 minutos un contrato a propósito de la emergencia.

En declaraciones anteriores, Quiñones de Longo había señalado que el contrato se trataba del acuerdo inconcluso de $14 millones para la compra de 713 ventiladores que llegarían entre 16 a 20 meses. Sin embargo, hoy la exfuncionaria agregó como eje de discordia un contrato para adquirir pruebas para detectar el COVID-19.

“El asunto de los ventiladores fue el mismo día también”, añadió Quiñones de Longo.

Además de Blasco Montaña, NotiCel supo mediante fuentes que Quiñones de Longo señaló en la vista ejecutiva que la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, a Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de la agencia, y a la exjefa de personal de Rodríguez Mercado, Mabel Cabeza Rivera, como las personas que tomaban decisiones en el Departamento de Salud.

También, reiteró que el equipo médico creado por la gobernadora, o “Task Force”, para asesorarla en la emergencia del COVID-19 se atribuyó responsabilidades que no les correspondían.

Cuando Quiñones de Longo asumió la dirección interina de la agencia, desautorizó a Cabeza Rivera mediante un memorando administrativo, pero la designó como persona enlace con el “Task Force” y la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Según sus declaraciones, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, le aseguró que no podía destituir a Cabeza Rivera porque era “imprescindible”. No obstante, Quiñones de Longo le imputa haber recibido 500 “test kits” que no le correspondía recibir, equipo que luego quedó en manos del ginecólogo-obstetra y miembro del “Task Force” Juan Luis Salgado Morales.

Quiñones de Longo no le imputó a Sánchez haberla obligado a tomar decisiones o firmar documentos particulares. “Ella ha estado presente en las reuniones de todo este asunto. Tuvimos varios intercambios en las diferentes reuniones, pero sin detalles”, explicó la doctora.

Sobre Rosa Rivera, la exsecretaria se limitó a decir que se desempeñaba como secretaria auxiliar de administración en Salud y supervisaba el área de compras. “Ella supervisaba el área de compras y responderá por las compras que hizo”, soltó Quiñones de Longo.

Funcionaria pide abogado

Rosa Rivera también estuvo citada a deponer hoy, miércoles, pero salió a toda prisa de la vista ejecutiva sin ofrecer detalles sobre su intervención.

La empleada se limitó a decir que “jamás” sugirió el contrato ascendente a $38 millones a la empresa Apex General Contractors —también bajo escrutinio de la Comisión de Salud porque es un negocio con experiencia en construcción y no en salud— para la compra de un millón de “test kits” para detectar el COVID-19.

Luego se informó que Rosa Rivera fue excusada del encuentro porque reclamó su derecho a tener representación legal, por lo que recibió una nueva citación para el 14 de abril.

Los acuses de recibo de pruebas rápidas que fueron entregadas al Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD) tienen el nombre y la firma de Rosa Rivera, toda vez que su nombre aparece como el contacto de Salud en la compra de 401,500 otros “test kits”, entre los que se encuentra el contrato de $3.6 millones a la empresa 313, LLC.

Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, esta empresa enmendó sus artículos de incorporación el pasado 18 de marzo del 2020 para poder realizar negocios relacionados a la salud en la Isla, como los dos contratos con Salud con fecha del 20 y 24 de marzo.

Quiñones de Longo subrayó que no tuvo contacto alguno con cabilderos o personas asociadas a esta empresa.

A las menciones de las tres empleadas se suman las alusiones al “Task Force” como un ente que rebasó sus deberes.

“Yo no voy a hablar más del “Task Force” porque ellos rinden cuentas por su labor. Ellos en realidad se supone que eran un grupo asesor al secretario de Salud. No quiero comentar sobre el asunto”, finalizó la exfuncionaria antes de marcharse.

En declaraciones públicas previas, Quiñones de Longo afirmó que se le excluyó de la toma de decisiones en Salud, porque era Cabeza Rivera quien “controlaba todo”.

De acuerdo a la exfuncionaria, el “Task Force” también asumió una posición de liderazgo por encima de ella, en específico quien lidera el grupo, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, y Salgado Morales.

“Ella tiene preocupaciones y objeciones de diversos funcionarios del Departamento de Salud que los vio durante el cuatrienio y los heredó, y hoy nos venimos a enterar de sus cuestionamientos en sus asuntos. El hecho de que diga de manera cándida que ella era simplemente un 'sello de goma' y otras notas más que tengo sobre los cumplimientos con las órdenes y los reglamentos, los cambios en las órdenes, pues denota una serie de acciones que realmente frustran a uno sobre cómo se manejan estas cosas en Puerto Rico”, argumentó el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Con esto coincidió el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien sostuvo que la exsecretaria permitió el destaque de Cabeza Rivera como el enlace con el “Task Force”, pese a que la había destituido.

“Ella misma se autodetermina como sello de goma para firmar los documentos. Ella participa y autoriza, aunque la están desplazando. Ella tiene un deber ministerial y a pesar de que firmó, debió ser más diligente y responsable y reconocer que se estaba sobrepasando”, expresó Hernández Montañez.

En horas de la mañana, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, adelantó que el proceso se extendería por varios días, pero la prioridad al momento era conocer cómo las empresas APEX General Contractors y 313 LLC licitaron para proveerle a NMEAD y Salud estos productos que estaban fuera de sus ofrecimientos y experiencia.

La Comisión de Salud también citó al general José Burgos, comisionado de NMEAD, así como Evelyn Cumba, supervisora de servicios generales del negociado. Cumba había sido mencionada anteriormente durante la pesquisa sobre el almacén con suministros en Ponce, investigación que también continúa en curso por la Cámara de Representantes.

Personal de esa dependencia nombró a Cumba como custodio de las llaves del almacén. Para propósito de los contratos en cuestión, según Morales Rodríguez, Cumba es la encargada de tramitar las órdenes de compra en NMEAD.

Mira algunas expresiones de la exsecretaria interina aquí: