El secretario de Salud, Lorenzo González, confirmó a NotiCel que el FBI hizo una petición de información a la agencia por la millonaria orden de compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19.

Las autoridades federales investigan los contratos emitidos por el Departamento de Salud relacionados a la orden de pruebas rápidas por $38 millones cancelada por no contar con el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Dos fuentes por separado informaron a NotiCel que la orden de compra de un millón de pruebas rápidas, ofrecidas por un contratista sin experiencia en venta de efectos médicos, levantó bandera y las autoridades federales la incluyeron en la investigación desde el pasado viernes 3 de abril de 2020.

La ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, ya había revelado la semana pasada que la agencia es investigada y que uno de los oficiales de compras de la agencia fue entrevistado por el Negociado Federal de Investigaciones Especiales (FBI, por sus siglas en inglés).

La portavoz del FBI, Limary Cruz, dijo a NotiCel que "por políticas de mi agencia no puedo confirmar ni negar la existencia de investigaciones".

Por su parte, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, dijo a hoy a NotiCel "no me han entrevistado, pero han hecho petición de información (asegurar cuentas de e-mails) al Departamento de Salud)", cuando este diario digital le preguntó si está colaborando con la investigación.

El titular de Salud insistió en que los $38 millones de la orden de compra serán devueltos al Gobierno de Puerto Rico, aunque ya se había desembolsado $19 millones o el 50 por ciento.

Otra fuente de NotiCel dijo que la institución bancaria levantó bandera al Gobierno de Puerto Rico sobre la transacción a la hora de hacer el desembolso del dinero.

De otro lado, a preguntas de NotiCel, el portavoz de prensa del Departamento de Salud, cursó anoche unas declaraciones escritas del "Task Force" médico, en las que grupo asesor niega que "haya habido algún tipo de allanamiento por personal de agencias federales el viernes en el Negociado de Manejo de Emergencias".

"El Task Force, junto al General José Burgos, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, convocaron a una reunión a personal de FDA, Aduana Federal y HHS (Departamento de Salud federal). El propósito de la misma fue fortalecer la colaboración con las agencias que ayudarán al Departamento de Salud a identificar las compañías de china aprobadas por el FDA, para hacer las compras para el Gobierno de Puerto Rico; y así prevenir las situaciones que han ocurrido en otros países y estados, donde se han comprado equipos o suplidos a compañías que no están autorizadas por FDA", reza la comunicación.

Cabe destacar, que las expresiones del "Task Force" se emitieron el viernes 3 de abril, dos días previo a que el titular de Salud confirmará ayer domingo al periodista estadounidense de CBS, David Begnaud, la cancelación de la orden de un millón de pruebas rápidas por no contar con la aprobación de la FDA.

"El objetivo es desarrollar un esfuerzo coordinado para lograr que el Gobierno de Puerto Rico pueda hacer compras de forma expedita dentro del marco de la ley. Como resultado de la reunión estas agencias federales colaborarán además en identificar lo que llega a los puertos, para agilizar los procesos, y que estos suplidos puedan ser distribuirlos con la premura que amerita esta crisis. Este proceso es cónsono con los esfuerzos para los que ha sido llamado el 'Task Force'", agrega las declaraciones del grupo asesor.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, aseguró que no tuvo nada que ver con la orden de compra hecha por un suplidor sin experiencia en este tipo de pedidos.

"Ninguna. No tengo ninguna relación", sostuvo Vázquez Garced durante una conferencia de prensa ayer en la que además informó que desde el viernes al domingo, durante esta Semana Santa, todos los negocios permanecerán cerrados con excepción de las farmacias y puestos de venta de combustible.

La gobernadora dijo que los pasados secretarios de Salud, Rafael Rodríguez Mercado y Concepción Quiñones de Longo, fueron quienes gestionaron la compra.

Las dos órdenes de compra de Salud con esta empresa tienen el 20 y 24 de marzo como fechas.

Rodríguez Mercado presentó su carta de renuncia el 13 de marzo de 2020, mientras Quiñones de Longo renunció el 26 de marzo de 2020 al denunciar que no fue incluída en la toma de decisiones de otorgación de contratos en la agencia y en las reuniones del "Task Force" médico.

Tal y como reportó NotiCel, se trata de la compañía 313 LLC, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, enmendó sus artículos de incorporación el pasado 18 de marzo del año en curso para poder realizar negocios relacionados a la salud en la Isla.

Las dos órdenes de compra con Salud con esta empresa tienen el 20 y 24 de marzo como fechas.

La empresa cuenta con Ricardo Vázquez como “managing partner” y sumó como socios a Wilfredo Rodríguez Moreno, Miguel García Robles y Juan Suárez Lemus.

Previo a las enmiendas en el Registro de Corporaciones, la empresa estaba autorizada a ofrecer servicios de consultoría, asesoría y gerencia general, además de desarrollo y operación de nuevos sistemas de software.

De los documentos suministrados por el Departamento de Salud el sábado se desprende que:

100,000 pruebas fueron ordenadas a Castro Business por $1,300,000

Otras 101,500 pruebas fuerin ordenadas a 313 LLC por $3,667,500

Y otras 200,000 fueron ordenadas a Maitland 175, Inc. por $5,200,000

Castro Business es la misma empresa que Salud contrataría para la adquirir 100 ventiladores, según reveló el pasado jueves el secretario González Feliciano.

El titular de Salud aseguró que hoy lunes deberían llegar 200,000 pruebas a Puerto Rico.

"Seguimos evaluando alternativas, es importante reconocer la empresa privada, tanto hospitales como laboratorios, grupos médicos han gestionado sus propias compras para generar la respuesta en la periferia con el reconocimiento que tienen que documentar y enviar la documentación al Departamento de Salud", agregó cuando se le preguntó con cuántas pruebas cuenta Puerto Rico, tras la cancelación de la millonaria compra.