Alcaldesa de Ponce deberá despedir funcionarios y recobrar salarios devengados
Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico señaló irregularidades relacionadas con el nombramiento de ocho funcionarios en el Municipio de Ponce.
La investigación revela que el Municipio de Ponce pagó $174,723 a ocho funcionarios cuyos nombramientos no fueron remitidos a la consideración de la Legislatura Municipal no más tarde de 90 días desde su nombramiento, según dispone el Artículo 6.002(a) de la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos.
Esta ley establece que, si el alcalde no somete el nombramiento en el termino establecido, el funcionario cesará inmediatamente en el cargo.
Los nombramientos investigados, se remitieron a la Legislatura Municipal para su confirmación entre tres y 12 meses con posterioridad al mandato de ley. Estos nombramientos corresponden a la dirección de Finanzas y Presupuesto, Ingeniería, Ordenación Territorial, Fomento Turístico, Industrial y Económico, Servicios Legales y Oficina de Permisos. Además, incluye al Comisionado de la Policía Municipal y al Gerente de Asuntos Administrativos Internos.
La investigación de la Oficina del Contralor concluye que los nombramientos son nulos a partir de la fecha en que debieron cesar en sus puestos. Además, recomienda que se deben cesar de inmediato los ocho puestos, ordenar una acción de recobro de los salarios devengados y que se cumpla con las recomendaciones de esta investigación.
Por su parte, la alcaldesa de Ponce, María 'Mayita' Melendez Altieri, emitió expresiones tras la investigación
'Me sorprende la divulgación pública del informe de la Contraloría sin siquiera habernos dado la oportunidad de responder el mismo. Nuestros abogados se encargarán de trabajar con el asunto. Y no descartamos acudir al tribunal para denunciar la actuación anti jurídica de la que hemos sido objeto', indicó Melendez Altieri en comunicación escrita.
El resultado de la Investigación con fecha del 3 de diciembre de 2019 está disponible en www.ocpr.gov.pr.
El municipio de Ponce deberá recobrar salarios devengados por algunos funcionarios. (Archivo / NotiCel)