El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares tiene, o tuvo, la intención de volver a residir en Puerto Rico este año y quería disfrutar de escolta policiaca sin límite para el y su familia, sin estar atado a alguna amenaza específica recibida.

Esto se desprende de la consulta que la secretaria de Justicia, la exfiscal federal Dennise N. Longo Quiñones, le contestó al secretario de Seguridad Pública, Elmer L. Román González, el 23 de noviembre pasado. La funcionaria había insistido en que dicha consulta era 'confidencial', pero Román González la divulgó hoy al notificar que se cambió la Orden General del Negociado de la Policía para establecer que los cónyuges e hijos de un exgobernador no tendrán uso de las escoltas, resolviendo así la controversia que arde desde que la exprimera dama Beatriz Areizaga García llegó a la Isla junto con sus hijos para vacaciones y se le asignó escolta policial pagada con fondos públicos.

La esposa de Rosselló Nevares llegó el martes 26 de noviembre con sus hijos pero, que se sepa, sin su marido. La fecha de la comunicación de Longo Quiñones a Román González es el 23 de noviembre, o lo mismo que el sábado anterior a la llegada.

Al inicialmente justificar la concesión de las escoltas el 26 de noviembre, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, quien a su vez fue escolta de Rosselló Nevares cuando este era adolescente bajo la gobernación de su padre, Pedro Rosselló González, citó tres fundamentos legales, pero no indicó que había mediado una consulta al Departamento de Justicia.

Escalera tampoco identificó en su justificación si había una determinación de amenaza a la seguridad de la familia de Rosselló Nevares que sustentara la concesión de las escoltas. El comunicado de prensa de hoy de Román González, sin embargo, deja claro que ni siquiera hubo un análisis de ese elemento porque consigna que fue 'esta semana' que Escalera encomendó 'un análisis a la Oficina de Seguridad y Protección tras lo cual se confirmó que ninguna ex primera dama o familiares tienen amenazas activas'. Por tanto, cuando se ejerció la discreción de conceder la escolta la semana pasada, no se había hecho análisis alguno de amenazas a la seguridad de la familia del exgobernador.

De hecho, el análisis de Longo Quiñones no es que hay una obligación de conceder las escoltas, sino que no había impedimento para que 'el Negociado de la Policía de Puerto Rico, a su discreción, y en cumplimiento con las normativas establecidas a nivel administrativo, pueda conceder esta protección'.

El propio documento de la Secretaria indica que la consulta 'tiene su genesis en el hecho de que el Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, ha expresado que regresará a Puerto Rico, a vivir, durante este mes de noviembre del año 2019'. Añade que 'se interesa auscultar la legalidad de ofrecerle al mismo servicios policíacos'. Aunque la determinación de la Secretaria cubre a la familia, de lo indicado en el documento no parece que la consulta se hubiese hecho solo por el viaje de la exprimera dama, sino por la intención de mudanza del exgobernador y tampoco que la escolta estuviera limitada, sino que sería una escolta mientras viviera aquí.

Uno de los motivos de la consulta a la Secretaria fue que no se sabía cómo tratar a Rosselló Nevares en cuanto a facultades de exgobernadores porque no había 'cumplido con la totalidad de su termino en el cargo'. Esto lo había identificado NotiCel en una historia publicada el 18 de agosto pasado, debido a que la única ley que define lo que es un exgobernador dice que lo es la persona que 'no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un termino no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho termino'.

Para descartar esa ley, Longo Quiñones se limitó a decir que la misma 'no aborda en ninguna parte el tema de las escoltas, y por ende en nada afecta la discusión de la potencial concesión de beneficios de seguridad y escolta'.

El documento de Longo Quiñones, marcado 'confidencial y privilegiado' se conoció hoy porque el secretario de Seguridad Pública decidió hacerlo público al relevar a Justicia 'de cualquier consideración o privilegio abogado/cliente'. Esto, en referencia a la ampliamente criticada postura de la Secretaria de que no iba a revelar su asesoramiento a Seguridad Pública sobre este tema por el argumento de que había una controversia legal pendiente al respecto, por lo que su asesoramiento estaba protegido por el privilegio abogado/cliente.

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