La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones, no emitió una opinión para justificar la asignación de escoltas provistas por la Policía de Puerto Rico a la exprimera dama, Beatriz Rosselló, sino que fue un 'asesoramiento legal' de carácter privado lo que solicitó el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Se hizo de esta manera ante el reconocimiento de ambas agencias de que la controversia judicial sobre el derecho que podría o no tener el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a este beneficio sigue activa en los tribunales. De hecho, la demanda que retó la elegibilidad de Rosselló Nevares a ese beneficio va rumbo al Tribunal Apelativo y los demandantes tambien solicitarán un relevo de sentencia en el Tribunal de Primera Instancia, según reportó NotiCel el martes.

En declaraciones autorizadas, la secretaria de Justicia argumentó que el asesoramiento legal es la consejería que presta un abogado a su cliente y esta goza de privilegio abogado cliente, por lo que se mantiene un carácter confidencial. Mientras que una opinión del secretario supone ser un pronunciamiento sobre cuestiones de derecho de naturaleza pública y por lo general se consideran documentos públicos.

Tanto el DJ como el DSP precisaron en declaraciones escritas a este medio que el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, fue quien contactó a Longo Quiñones para recibir un asesoramiento legal respecto la asignación de las escoltas. 'En ese momento no se emitió una opinión legal y ahora, según el Artículo 6 de la Ley 205-2004, Ley Orgánica del Departamento de Justicia, la Secretaria está prohibida de opinar formalmente en torno a asuntos que esten ante la consideración de un tribunal', aseveró Longo.

Román, por su parte indicó que: 'La Orden General 110 extiende el servicio de protección al cónyuge e hijos menores de edad de un exgobernador. Por tanto, el DSP asignó servicios de protección a Beatriz Rosselló conforme a las normativas vigentes'.

Aunque no especificaron directamente cuál era el asunto ante la consideración del tribunal que cohibía a la secretaria del DJ emitir una opinión, la demanda que presentó Orlando Aponte Rosario a principios de septiembre sería reactivada tras la visita de la Exprimera Dama. Según explicó a NotiCel uno de los abogados, Alberto Rivera Ramos, los demandantes entienden que la visita constituye nueva evidencia que el tribunal podría tomar conocimiento para relevar la sentencia que emitieron para desestimar el caso.

Ese caso perseguía ordenar al Comisionado de la Policía, Henry Escalera, a retirar y desistir - permanentemente - de asignarle una escolta a Rosselló Nevares, pues al abandonar La Fortaleza este se convirtió en una persona privada quien no goza de derecho a seguridad provista por la Uniformada.

De hecho, el Comite de Campaña de Rosselló Nevares ha establecido que ese viaje se sufragó con fondos de campaña, algo que la Oficina del Contralor Electoral está examinando porque se supone que los fondos del comite se utilicen para propósitos políticos. El argumento del comite, por tanto, desembocaría en que la escolta de la Policía fue asignada a una persona para fines de campaña política.