El juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo A. Gelpí, determinó que el Gobierno de Puerto Rico, a través de su Departamento de Salud, es el único responsable de la grave falta que le señaló ese foro al determinar que no se habían seguido órdenes judiciales para financiar el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI).

En una orden de dos páginas emitida hoy, Gelpí puntualiza que no es la Junta de Control Fiscal (JCF) la responsable de que el programa no haya sido financiado adecuadamente, como aducía Salud. Esta misma posición la expresó el Departamento de Justicia federal, que tiene intervención en el caso debido a que el programa está bajo un monitor federal. De hecho, el caso ante el Tribunal Federal está activo desde 1999.

Se supone que desde el 2011, y por acuerdo con el tribunal, el gobierno destinara entre $35 a $40 millones para financiar servicios adecuados bajo el PSPDI, pero en octubre pasado el juez emitió una orden en la que indicó que el gobierno simplemente ha estado desviando dinero del presupuesto del programa para otros usos no indicados, al son de al menos $20 millones en los últimos cuatro años.

De ese hallazgo surgió la intención del tribunal de contratar a un auditor, pago con fondos de Salud, para precisar la magnitud del desvío, y una orden a las partes, incluyendo la Junta, para que explicaran por qué no deberían ser hallados incursos en desacato al tribunal por ese desvío.

La orden de hoy se refiere a esa exigencia y exime de responsabilidad a la Junta.

'El Gobierno de Puerto Rico, y no la JCF, es responsable por las restricciones presupuestarias impuestas al PSPDI en los últimos cuatro años fiscales, que incluyen el desvío de fondos del PSPDI y el gastar de menos los fondos asignados al programa en contradicción con las órdenes del tribunal', indicó el juez hoy.

'Al contrario, las acciones de la JCF de ahora en adelante son cruciales para que el gobierno cumpla su obligación sacramental para con los participantes (del PSPDI).. cualquier intento futuro de responsabilizar a la Junta es, entonces, irresponsable e infundado', añadió.

En una moción el 8 de noviembre, la Junta dijo al tribunal que el proceso de aprobación del presupuesto no es programa por programa y que, al aprobar el presupuesto de Salud, se aprobaba también la asignación que Salud le hubiera dado al programa. Le correspondía a Salud hacer solicitudes de cambio en el presupuesto de ser necesario, lo que hicieron para otras cosas pero no para el PSPDI. Además, detectaron que en los años fiscales de 2015 a 2019, Salud gastó $7.1 millones de menos en el programa. En ese mismo periodo, añade la moción, Salud sacó $13.4 millones del programa para otros usos que no se conocen.

La Junta ofreció al tribunal tratar el presupuesto del PSPDI como un artículo específico dentro del presupuesto de Salud, como se hace con la Reforma de la Policía en el presupuesto del Departamento de Seguridad Pública.