La División de Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de Justicia federal llegó a un acuerdo con la cadena de farmacias CVS en Puerto Rico para adjudicar penalidades civiles y requerimientos de cumplimiento por incurrir en violaciones ambientales en tres localidades entre el 2009 y el 2015.

Con este acuerdo, CVS esquiva la imposición de millones de dólares en multas federales para en lugar, pagar una suma de $60,000 y tener un plazo de 12 meses para cumplir con regulaciones federales sobre el manejo de desperdicios peligrosos en todas sus sucursales.

Según la querella federal, las localidades CVS de Vega Baja en el expreso #2, la farmacia de Bayamón en la PR 167 y la tienda de San Juan en la calle Gilberto Concepción de Gracia violaron regulaciones federales al amparo del 'Resource Conservation and Recovery Act' (RCRA). Esas violaciones conllevarían una multa diaria de hasta $37,500 por cada día en violación del RCRA.

Los hechos tomaron lugar entre el 12 de enero del 2009 y el 2 de noviembre del 2015. Es decir, por cada una de las tres localidades la empresa tendría que pagar $93,187,500.

Bajo la RCRA, las facilidades que generan desperdicios peligrosos deben contar con un programa para manejar esos desechos desde que se manufacturan hasta que pierdan utilidad. Tambien deben adquirir un permiso RCRA para almacenar una gran cantidad de desperdicios peligrosos. La querella aduce que CVS incumplió con esos requisitos.

Aquellas localidades que generan menos de 1 kilogramo aplican para ciertas exenciones como un generador de desperdicios peligrosos de menor cuantía. Sin embargo, las localidades CVS señaladas produjeron más de esa cuantía, por lo que suponían clasificarse como generadoras de gran cantidad de desperdicios peligrosos, a las que sí están sujetas a todas las regulaciones del RCRA.

Algunos de los desechos peligrosos que las tres farmacias generaban incluía químicos utilizados en el revelado de fotografías, productos para el cabello y medicamentos adquiridos en el mostrador (OTC, por sus siglas en ingles). Tambien identificaron una serie de desechos peligrosos agudos que incluían medicamentos para la quimioterapia, diluyentes de sangre como Warfarin, Coumarin y productos de terapia a base de nicotina.

En el caso de la localidad de Vega Baja, en el 2013 reportó una generación de 151 libras de desechos peligrosos y 21 libras de desechos peligrosos agudos; el CVS de Bayamón reportó 268 libras de desechos peligrosos y 46 libras de desechos peligrosos agudos y la farmacia de San Juan reportó 8 libras de desechos peligrosos agudos, aunque inspectores de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) identificaron que esa localidad CVS mezcló sus desperdicios no peligrosos con desperdicios peligrosos.

La querella añade que las cajas que provee la empresa StrongPak para recoger esos desperdicios estaban abiertas y no cerradas, algunas no rotularon la fecha que comenzaron a almacenar desperdicios, ni las rotularon para identificarlas como desperdicios peligrosos. Mientras que la farmacia CVS de Bayamón no contaba con un plan de contingencia requerido por el RCRA.

A mediados de noviembre, las partes se acogieron a un decreto de consentimiento en el que CVS accedió a pagar la penalidad civil de $60,000. Tras la aprobación judicial del acuerdo, comienza un plazo de 12 meses para que CVS conduzca todas sus localidades en la Isla hacia el cumplimiento con la RCRA, que incluye adiestramiento a su personal.

Vea aqui la querella de CVS y el decreto de consentimiento: