McKinsey & Company, la principal consultora administrativa de la Junta de Control Fiscal (JCF), enfrenta una investigación criminal a nivel federal provocada por su alegada conducta al asesorar a compañías en quiebra.

Fiscales federales en Nueva York y Washington intentan determinar si McKinsey utilizó su influencia sobre empresas insolventes para favorecer a sus clientes sobre los acreedores o direccionando bienes para su beneficio.

Dichas prácticas estarían en violación al capítulo 11 de la Ley federal de Quiebras, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.

El presidente de McKinsey para Norte America, Gary Pinkus, admitió que la empresa recibió el año pasado requerimientos de parte del Departamento de Justicia. 'Desde entonces no hemos recibido peticiones adicionales', afirmó.

El Departamento de Justicia no emitió expresiones al NYT.

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En Puerto Rico, la JCF comisionó una investigación sobre el posible conflicto de interes de McKinsey & Company

La empresa confrontó cuestionamientos dirigidos a su hermana firma de inversión, MIO Partners, la cual alegadamente adquirió $20 millones en bonos de la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA). Esa investigación fue comisionada por la propia Junta en septiembre del año pasado, luego que las irregularidades trascendieran en reportes del New York Times y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La investigación concluyó que el personal de McKinsey asignado a Puerto Rico y la JCF no tuvieron conocimiento de tales inversiones -que se hicieron mediante distintos gestores de activos a su propia discreción- a pesar que McKinsey cumplió cabalmente con todos los requisitos de divulgación que rigen las contrataciones de la JCF.

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El informe, realizado por la firma investigadora Luskin, Stern & Eisler, no catalogó el episodio como un conflicto de interes entre McKinsey y la JCF. Más bien señaló que contiene los elementos para dar la impresión de ser conflicto y que no fue detectado por las medidas de divulgación actuales de la JCF.

Los requisitos de divulgación que establece la Ley PROMESA, como tambien las medidas a esos efectos instituidas por la Junta de Control Fiscal (JCF) fueron insuficientes para revelar potenciales vínculos, directos o indirectos, entre contratistas de ese cuerpo y tenedores de bonos de Puerto Rico.

El NYT revela en su reportaje que, en las pasadas dos semanas, investigadores han realizado entrevistas sobre las acciones de McKinsey relacionadas con las bancarrotas de al menos dos empresas: Alpha Natural Resources, una productora de carbón, y SunEdison, una empresa de energía alternativa.

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Se supo que otra investigación federal está en desarrollo, esta vez de parte de la Oficina del Fideicomiso de Estados Unidos, una división del Departamento de Justicia que regula la conducta de empresas en el sistema de quiebras. McKinsey declaró que ya ha respondido preguntas de dicha oficina.