La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Agricultura federal (USDA) señaló deficiencias en la distribución de $1,270 millones de ayuda del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) tras el huracán María y está empujando porque a la Isla se le regrese al status que tenía antes de 1982, cuando una enmienda cambió la forma en que se distribuye aquí el dinero de ese programa.

Antes del 1982, los puertorriqueños eran beneficiarios del programa de cupones, con reglas creadas y administradas por la agencia federal. Tras una enmienda a la ley, la Isla recibió la asignación de dinero en bloque y adquirió cierta libertad para diseñar el funcionamiento del programa. Sin embargo, se creó tambien la situación de que los puertorriqueños no reciben los pagos de emergencia tras desastres que ese programa tiene legislados en Estados Unidos, obligando a que se tenga que conseguir una autorización congresional para ampliar las ayudas tras un desastre.

En el caso concreto de María, indica el informe, esa situación conllevó que la ayuda suplementaria tardara 180 días (seis meses) en comenzar a distribuirse, cuando en otras jurisdicciones afectadas tardó solo unos 47 días. Según el OIG, ya a los 35 días del paso de María había por lo menos un establecimiento en cada pueblo que podía procesar los pagos de emergencia del PAN, pero no se estaban distribuyendo esos pagos.

El informe tambien pone en duda la estrategia de la Administración Rosselló de buscar una extensión del período especial para flexibilizar la ayuda del PAN porque, aunque las familias recibieron un dinero extra por más tiempo, la cantidad mensual era más pequeña, o $147 mensuales en Puerto Rico por 12 meses contra $260 mensuales en otras jurisdicciones por dos meses.

La auditoría es solo una de las más recientes que han surgido sobre el desempeño de las agencias federales en la Isla tras el paso de María. Ya se han publicado informes sobre la red electrica y sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero esta de USDA cubre tambien a la agencia local, a la cual le señala incapacidad de manejar algunos aspectos del programa que representa una de las principales transferencias de beneficios que el gobierno federal ejecuta en la Isla con $1,900 millones anuales.

Algunas de las deficiencias se atribuyen al status distinto que tiene la distribución de esa ayuda en la Isla, un status que, por ejemplo, limita el que ciudadanos que normalmente no reciben el PAN reciban una ayuda especial por el impacto de un desastre natural que está disponible en otras jurisdicciones.

La OIG analizó la operación del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en ingles) y cómo la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) utilizó esos fondos.

La FNS, una agencia adscrita al Departamento de Agricultura federal, proveyó asistencia nutricional para desastres, 'pero como Puerto Rico no tiene autoridad legislativa para operar un programa de asistencia nutricional en caso de desastre, el Congreso legisló ayuda de $1.27 billones en octubre de 2017'.

Se encontró que tanto la FNS como ADSEF no pudieron distribuir los fondos otorgados hasta seis meses despues del paso de los huracanes.

'Como Puerto Rico no está capacitado para operar programas de asistencia nutricional en desastres, tanto la FNS como ADSEF no pudieron planificar adecuadamente antes de los huracanes. Encontramos, además, que ni la FNS ni ADSEF coordinaron efectivamente con otras agencias para lograr una distribución rápida de los fondos a los damnificados', establece el documento. La falta de coordinación se mostró en que se establecieron puntos alrededor de la Isla para procesar las solicitudes del PAN aparte de centros que ya estaban establecidos como, por ejemplo los de FEMA, obligando a que el público tuviera que ir a puntos distintos para procesar las ayudas en vez de un solo sitio, añadiendose que tenían que llenar múltiples formularios cuando, según el OIG, se debió coordinar con FEMA para que llenaran menos solicitudes.

Otro hallazgo fue que el sistema de elegibilidad de ADSEF no siempre calcula adecuadamente los beneficios para las familias.

'De las 4,805,234 emisiones regulares de beneficios entre marzo y septiembre de 2018, encontramos 8,655 sobrepagos que totalizaron más de un millón 400 mil dólares y 8,907 pagos insuficientes que totalizaron más de un millón y medio de dólares. Además, de los 1,343,814 recipientes en agosto de 2018, encontramos 6,341 beneficiarios que habían fallecido, lo que nos lleva a cuestionar el pago de más de un millón de dólares en beneficios mensuales', dice.

La base de datos de beneficiarios del PAN no se conecta con la base de datos del Seguro Social para poder identificar a los participantes que han muerto y, para colmo, la base de datos que usa ADSEF no se ha actualizado desde 2015.

El estudio recomienda que Puerto Rico tenga un programa de asistencia nutricional para desastres de forma permanente y una mejor planificación para casos de desastres.

'Si ADSEF tuviera autoridad estatutaria para solicitar y operar asistencia nutricional para desastres, podría repartir esos beneficios a tiempo a los damnificados e identificar y asistir mejor a los más necesitados por el desastre', admite el estudio que se llevó a cabo utilizando una muestra de casos de Aguadilla, Carolina y San Juan.

'Si FNS y ADSEF tuvieran un plan efectivo preparado antes de que ocurra un desastre, le ahorraría la carga de planificar, crear, documentar y recibir aprobación para un nuevo plan mientras opera simultáneamente en condiciones de desastre. Esa preparación puede ayudar en repartir las ayudas más rápida y eficientemente. Pero como ADSEF no estaba al tanto de la cantidad y las condiciones que el Congreso aprobaría finalmente, no pudo adelantar un plan efectivo para los fondos', agrega.

El estudio recomienda legislar para que ADSEF pueda operar un programa permanente de asistencia nutricional para casos de desastre cuando Puerto Rico sea declarado área de desastre bajo la autoridad de la Ley Stafford.

Puede ver el informe aquí: