El alcalde de Guaynabo, Ángel Perez Otero, confirmó hoy que el ayuntamiento ha tenido que pagar unos $2 millones para atender las distintas reclamaciones por hostigamiento y agresiones sexuales que ocurrieron durante la incumbencia de su antecesor, Hector O'Neill García.

'Al presente, se han pagado por distintos casos cerca de dos millones de dólares en lo que son los casos. Ese dinero muy bien se pudo haber invertido en servicio directo, y se han ido directamente a pagar gastos legales, siendo este uno de ellos... se ha convertido en un salidero', dijo al contestar preguntas sobre la resolución sometida a la Legislatura Municipal, y derrotada, con la que se buscaba transar por $600,000 el caso que le sometió la abogada Ines María Jelú Iravedra por hechos de hostigamiento cometido en predios del municipio por el hijo del exalcalde, Hector O'Neill Rosa, quien contaba con identificación de empleado municipal aunque no lo era y razón por la cual tenía acceso a edificios y oficinas municipales.

En este caso, la responsabilidad del municipio surge porque cuando se hicieron las denuncias no se siguieron los protocolos y hubo represalias en contra de la mujer. 'La razón por lo que se intentó transar este caso, fue para reducir el gasto del litigio', dijo sobre el juicio que comenzaría mañana en el Tribunal Federal. Hoy mismo, tras las expresiones de Perez Otero, el juez federal a cargo del caso, Raúl Arias Marxuach, emitió una orden para que las partes se abstuvieran de hacer declaraciones públicas sobre el proceso.

La cifra no es final ya que, por ejemplo, si el caso de Jelú Iravedra va a juicio y el municipio lo pierde, se expone a un veredicto mayor a los $600,000 que se buscaban para la transacción con la resolución derrotada. Perez Otero estimó que el pago podría ser de más de $1 millón solo en este caso, el cual ya le ha costado al municipio $250,000 en gastos legales.

Ya O'Neill Rosa transó su parte en el Tribunal Federal, pero la reclamación contra el municipio continúa activa, pues los sucesos alegados ocurrieron en los predios del ayuntamiento y en este tiempo se contrató al ahora senador Miguel Romero Lugo como abogado investigador de las alegaciones, quien rindió un informe a favor del municipio.

Los altos costos de estas demandas fueron reseñados en el libro '¿Hostigador en serie? El escándalo de Guaynabo City', escrito por la periodista Ivette Sosa, tras una larga investigación sobre las denuncias contra el Alcalde y su hijo.

En una tabla, la periodista resume los informes de demandas de hostigamiento sexual en el ayuntamiento desde el año 2000 hasta el 2018. Hasta esa fecha, el gasto por concepto de honorarios había alcanzado los $826,634.76, mientras que el Municipio Autónomo desembolsó $886,372.40.

La suma de ambas cuantías es $1,713,007.16, sin embargo, la periodista hace la salvedad en su escrito que eso no comprende la totalidad de los gastos, pues esas sumas competen solo a cuatro casos de hostigamiento, pese a que en el período de seis años, hubo 26 casos.

Igualmente, la tabla no incluye unos $300,000 en pagos adeudados a otra de las alegadas víctimas y cuyo caso aún se dilucida en el Tribunal de Bayamón. Además, el monto incrementaría una vez se actualice la tabla, no solo con fechas recientes, sino con el resultado de casos que aún continúan en curso.

En junio de 2018, y luego de unos 24 años al mando, O'Neill García renunció a su cargo como alcalde. A finales de año, se le encontró causa por violencia domestica en su modalidad de maltrato, así como en su modalidad de agresión sexual, y acoso sexual en el empleo contra la agente de la policía municipal Yenetamine Díaz Zayas. En este caso no se ha comenzado la selección de jurado para el juicio.

En otro caso, O'Neill García enfrenta cargos de actos lascivos contra la extecnica de rescate del Departamento de Manejo de Emergencias, Mayra Vázquez.

A su llegada a la alcaldía, Perez Otero se enfrentó a estos casos dejados por su predecesor y reveló la existencia de nuevas denuncias, pero que databan desde antes de comenzar su mandato. Durante sus primeros meses en la poltrona municipal, encomendó la creación de un reglamento en contra del acoso sexual y laboral, además de ordenar talleres para los empleados y erradicar la cultura de hostigamiento en la llamada Ciudad Cinco Estrellas.

El reglamento fue único en su clase, ya que el municipio contaba únicamente con un manual sobre el manejo de estos casos. El nuevo documento fue develado junto a la entonces procuradora auxiliar de las Mujeres, Carmen Lebrón González, y le impone al municipio un período específico para atender las denuncias de este tipo y propone sanciones a los imputados, como suspensión de empleo y sueldo, o la destitución en caso de que sean hallados culpables de conductas impropias.