Las preguntas de los jueces del Tribunal Supremo federal en la vista sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) parecieron dirigirse hacia sostener que se trata de oficiales territoriales que no tenían que ser evaluados por el Senado federal, contrario a lo que determinó el Primer Circuito de Apelaciones de Boston en febrero pasado cuando los declaró inconstitucionales.

Otros indicios son que las preguntas de cómo se maneja todo lo que la Junta ha hecho hasta ahora si sus nombramientos resultaran inconstitucionales y la de cómo debe tratar el Supremo la aplicación de los Casos Insulares en esta controversia casi no se tocaron en las intervenciones de los jueces.

'Ustedes ganan y no hay retraso, ustedes pierden, asumiendo que (el Primer Circuito) está correcto y hay un leve retraso. De esto es que se trata este caso?', planteó el juez Stephen Breyer al representante de los Estados Unidos, Jeffrey B. Wall, sobre el hecho de que, ya el presidente Donald Trump mandó al Senado su designación de los mismos miembros actuales de la Junta para nuevos términos.

'PROMESA fue una reorganización del Gobierno de Puerto Rico' y 'no tengo idea de cómo uno desenvuelve todo esto (las decisiones ya tomadas)', fueron dos respuestas directas de Wall, subprocurador general de los Estados Unidos, que parecieron capturar la línea de discusión en la vista.

Wall también pidió que, de sostenerse la inconstitucionalidad de los nombramientos, el Tribunal debe conceder una paralización de por lo menos 90 días en lo que el Presidente y el Senado consideran nuevos nombramientos.

Todos los jueces, excepto Clarence Thomas debido a su conducta habitual de no hacer preguntas, intervinieron en la vista, aunque hubo una incidencia marcada de los jueces con menos tiempo en el Tribunal.

De hecho, la jueza Sonia Sotomayor arrancó con las primeras preguntas al abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), Donald Verrilli, indicándole que sus propios argumentos sobre la independencia que se le diseñó a la JCF en la Ley PROMESA presentan 'el serio problema de que el gobierno federal está creando una entidad que nadie puede controlar'.

'Nadie de Puerto Rico ha votado de ninguna manera por ninguno de los (miembros)', dijo la jueza, quien también usó sus turnos para explorar en varias ocasiones la inquietud de cómo los nombramientos de la Junta se parecen o no se parecen a los nombramientos de los jefes de la fiscalía federal, quienes sirven en el territorio como el representante máximo del Presidente y pasan por el proceso de confirmación del Senado.

Sotomayor también trató de restarle peso al reconocimiento del poder del Congreso sobre Puerto Rico que el Supremo hizo en 2016 en el caso de Sánchez Valle, diciendo que ese caso se limitaba a la protección constitucional contra la doble exposición en casos criminales. La jueza puertorriqueña lanzó un dardo al abogado de la Junta al traer a colación las comunicaciones que se han conocido entre personal del Congreso y miembros del ente fiscal y que fueron publicadas después de que el Centro de Periodismo Investigativo demandara a la Junta para obtener acceso a sus comunicaciones con el gobierno federal. Eso no es prueba que está admitida en el récord y fue en el contexto de las condiciones después del paso del huracán María, respondió Verrilli.

La Junta 'no está dentro' del Gobierno de Puerto Rico, 'está por encima', recalcó la jueza Ruth Bader Ginsburg. 'Eso mal interpreta independencia por superintendencia', dijo Verrilli a Ginsburg.

Ambas observaciones van al punto del Circuito de que la magnitud de los poderes conferidos a la Junta llevaría a sus miembros a la categoría de 'oficial federal' que tenía que seguir el proceso constitucional de designación por el Presidente y confirmación por el Senado federal y no como sucedió, que el presidente Barack Obama los nombró por unas listas sometidas por el liderato congresional.

El juez presidente John Roberts reconoció que los poderes conferidos a la Junta son significativos, pero contrapuso que todos son con relación solamente con Puerto Rico.

Sin embargo, la preocupación por los poderes de la Junta y su efecto en Puerto Rico se quedó entre Sotomayor y Ginsburg ya que otros jueces, como los más novatos Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch enmarcaban sus preocupaciones sobre los territorios desde la óptica de qué pasaría en el Distrito de Columbia, la capital federal, y qué pasaría con jueces nombrados en los territorios.

Hubo también varias preguntas que partieron de la premisa hipotética de cómo el caso sería distinto si el Congreso, en vez de crear la Junta, le hubiera dado al Gobierno de Puerto Rico los mismos poderes que tiene la Junta en cuanto a reestructuración de la deuda y capacidad para comparecer en un proceso de quiebra.

En su única intervención, el juez Samuel Alito provocó risas al inyectarle a la vista una dosis de pragmatismo en medio de tanta discusión hipotética.

'Usted y su cliente están aquí solo para defender la integridad de la Constitución o sería uno excesivamente cínico al pensar que hay algo más involucrado, algo que implica dinero? Y si es así, qué es? Qué hizo la Junta que afectó a su cliente?... Están como amigos de la Constitución o tiene una queja concreta?', preguntó directamente al abogado del fondo Aurelius Investment LLC, Ted Olson, quien fundamentalmente no le contestó y quien también tuvo problemas con salirse de la encerrona en que lo puso Ginsburg cuando le recordó que su cliente ya había dado su aval a una de las restructuraciones llevadas a cabo por la Junta, la de COFINA.

Verrilli remató en un turno posterior indicando que Aurelius 'presentó este caso porque quieren a una Junta diferente' y advirtió que, si la Junta es declarada inconstitucional y sus acciones quedan sometidas a la ratificación de una nueva Junta, Aurelius 'va a pelear (por la ratificación) con uñas y dientes por años y años'.

Olson solo pareció colocar una banderilla cuando, a su punto de que los miembros son 'federales', recordó al Tribunal que ellos mismos habían dicho en una decisión que la insolvencia de un territorio de los Estados Unidos no era un asunto meramente local. En ese caso, la discusión era sobre Guam.

La abogada de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Jessica Méndez Colberg, pidió la revocación de los Casos Insulares con el argumento de que cuando ella y las personas de Puerto Rico que estaban en la sala regresaran a Puerto Rico iban a tener menos derechos que los que tenían hoy estando la capital federal. Pero el juez Roberts le ripostó que 'yo no veo la pertinencia de los Casos Insulares'.

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Quiénes estuvieron en la vista?

Distintas figuras de Puerto Rico se dieron cita en la capital federal para esta vista del Supremo y hasta la propia jueza de quiebras, Laura Taylor Swain presenció los argumentos.

De la Junta, se divisó a todos sus miembros, excepto a Ana Matosantos y Andrew Biggs, así como a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

La congresista puertorriqueña por Nueva York, Nydia Velázquez y varias otras figuras del mundo político, como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el senador Eduardo Bhatia, el excandidato a comisionado residente Rafael Cox Alomar, los representantes Luis Vega Ramos y Rafael 'Tatito' Hernández'y el director de campaña de Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard, también estuvieron.

Además, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, Carlos Gorrín Peralta, el expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, y el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

Escucha el audio de la vista argumentativa oral