Un inesperado giro dio la defensa de la exsecretaria del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, Julia Beatrice Keleher, al presentar una moción para 'sellar la sala' para una vista que se celebró la tarde del jueves con el fin de mantener en secreto la identidad del 'Individuo K' y 'Company C', durante la cual se conoció que se trata de Aníbal Jover Pages y su empresa Intelligent Grant Solutions.

La Fiscalía federal intentó sin exito demostrar un conflicto de interes de la Lcda. María Domínguez y el Lcdo. Javier Micheo por haber representado a múltiples testigos relacionados al caso bajo el bufete McConnell Valdes, a la vez que la defensa de Keleher no logró evitar que se conociera de otra firma involucrada en el esquema de fraude entre el Departamento de Educación, la firma BDO y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Jover Pages es padre de Anibal Jover Lucio, un relacionista público que ha trabajado junto a su hermana, Leticia Jover, como especialista de comunicación para el Gobierno de Puerto Rico y contrata con varias agencias públicas como el Departamento de Vivienda, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Negociado de Transportación Pública.

'En el día hoy salen a relucir varias notas en los medios de comunicación que deben ser aclaradas en relación a este servidor y a la agencia que con mucho orgullo he creado y realiza trabajos reconocidos por agencias estatales y federales en el manejo, obtención y fiscalización de fondos federales entre otros. Primero que todo, los trabajos llevados a cabo por Intelligent Grant Solutions hacia la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico no comenzaron en el 2017, por el contrario, se trabaja desde el 2013. De igual forma, aclaramos que ni este servidor ni Intelligent Grant Solutions son 'tarjetas' de investigación. Como bien establecido en la vista de hoy, soy un mero testigo Por razones de una investigación y un proceso judicial en curso, ni este servidor ni Intelligent Grant Solutions estamos en capacidad de emitir comentarios adicionales', reaccionó Jover Pages.

Según el fiscal Jose Capó, Domínguez representó tanto al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), quien figura mencionado en el caso de la filtración de una citación pertinente a las cuentas de Keleher, y a Jover e Intelligent Grant Solutions (IGE), tambien mencionados en el pliego acusatorio contra Alberto Velázquez Piñol, quien asesoraba a BDO.

Domínguez, sin embargo, defendió que su trabajo con el banco se limitó únicamente a la radicación de una moción para solicitar una extensión a la fecha límite en la que se solicitaron documentos, mientras que en el caso de Jover Pages, dijo que está separado del caso de su clienta al estar vinculado con ASES.

Capó mantuvo que de solicitar a Jover Pages que declarara como testigo en el tribunal y se mencionara a la exsecretaria de Educación se estaría vinculando directamente y sería imposible una contrainterrogación, a lo que Domínguez contrarrestó que de ser así el abogado Micheo podría liderar el cuestionamiento pues este no estuvo vinculado con Jover durante su tiempo en McConnell Valdes.

Aunque el juez Pedro Delgado Hernández citó la regla 1.6 y 1.9 sobre la responsabilidad de los abogados con exclientes, consideró que la Fiscalía no brindó suficiente información para ameritar un conflicto de interes denegando la moción para descualificarlos.

Contra Keleher pesan siete cargos que incluyen conspiración a cometer fraude electrónico, robo de fondos federales y conspiración a cometer una ofensa a los Estados Unidos por el esquema que logró la apropiación fraudulenta de $13 millones en fondos federales, por lo cuales se declaró no culpable quedando en libertad tras prestar una fianza de $30,000.

Como parte de las condiciones de libertad impuestas a Keleher, de 44 años, se encontró la confiscación de su pasaporte, así como la restricción de viaje desde y hacia la Isla únicamente a Virginia, Maryland, Pensilvania, Washington D.C., porque son los estados en que ha pasado la mayor parte de su tiempo y donde viven sus familiares.

La exfuncionaria fue detenida el pasado 10 de julio en Washington D.C., a raíz de la ronda de arrestos que incluyeron a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero; a las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza, quienes fungían como consultoras de la entonces Secretaria de Educación; a Fernando Scherrer Caillet, exdirector de la División de Asesoría de Negocios de la empresa BDO Puerto Rico, y al consultor y enlace con agencias de gobierno, Alberto Velázquez Piñol.