Si el caso federal contra un exejecutivo de Cobra Acquisitions y dos exfuncionarias de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) resulta en una convicción, la Autoridad de Energía Electrica (AEE) anticipó que podría anular los contratos que le otorgaron y, potencialmente, reclamar daños o restituir pagos ya desembolsados a Cobra.

Así lo afirmaron los abogados de la corporación pública ante la corte de Título III en respuesta a la petición que Cobra presentó a la jueza Laura Taylor Swain a finales de septiembre para compeler el pago de una deuda de $216,116,471.93. Sin embargo, la AEE solicitó al tribunal paralizar esta controversia hasta el 29 de enero del 2020 para dar paso a la resolución del caso judicial federal contra el exprincipal oficial ejecutivo de Cobra, Donald Keith Ellison, y las exfuncionarias de FEMA, Ahsha Tribble y Jovanda Patterson.

El juicio contra el trío está pautado a comenzar el próximo 9 de diciembre.

El argumento de la AEE estriba sobre estipulaciones contractuales que, de ser ciertos los señalamientos del pliego acusatorio presentado, habilitarían la anulación de los contratos bajo el marco legal estatal. Los dos contratos de Cobra incluyen cláusulas que mandatan la terminación inmediata del acuerdo si el contratista provee información falsa o incorrecta que a su vez consista en una violación al Código Anticorrupción o a la Ley de Ética Gubernamental.

Paralelo al caso federal, FEMA tambien lleva a cabo un análisis sobre la razonabilidad de las tarifas del primer contrato, que resultaron ser menores a las del segundo contrato. Según la moción, ese análisis está pautado a culminar el 29 de mayo del 2020 y pondría a FEMA en posición de determinar si hay lugar para rechazar costos que no resulten ser razonables.

Entretanto, los hallazgos que trasciendan del caso federal podrían aclarar el impacto de los actos de los acusados sobre las negociaciones entre la AEE y Cobra, sobre los reembolsos federales para costear los cargos del contratista y podría facilitar un proceso de descubrimiento de prueba para los $216 millones reclamados por el contratista.

'Litigar la moción de gastos administrativos ahora forzaría a las partes a litigar sobre estos asuntos sin contar con muchos de los hechos relevantes y potencialmente podría resultar en el pago de gastos administrativos reclamados por Cobra por contratos que fraudulentamente indujo a la AEE a ratificar a pesar de la disponibilidad de evidencia que apoye a la defensa de la AEE. El daño a la AEE sería inmenso', reza la moción de la AEE.

Según la defensa legal de la AEE, el paralizar este caso no causaría daño a Cobra pues, aunque la jueza puede compeler el pago inmediato de la deuda, bajo el marco legal de la Ley de Supervisión, Estabilidad y Gerencia Económica para Puerto Rico (PROMESA), los pagos reclamados por el contratista no se desembolsarían hasta que se ponga en vigor un plan de ajuste de deuda para la AEE. Ese plan de ajuste, sin embargo, todavía no se ha presentado ante el tribunal.

Entre los dos contratos, la AEE autorizó un tope contractual de más de $1,800 millones, cifra que la Fiscalía Federal usó en su pliego acusatorio para detallar el alcance del esquema fraudulento que Ellison y Tribble pusieron en movimiento. Sin embargo, la corporación pública señala en su moción que ese tope nunca se consumió.

Hasta la fecha, han pagado casi $1,100 millones en facturas de Cobra, lo que representa un 83% del total de facturas presentadas. Esto supone que, según la AEE, el monto total facturado por Cobra asciende a $1,325 millones.