Por su parte, la JCF y el Gobierno de los Estados Unidos, quien participa como interventor porque no es una de las partes del pleito, dicen que los miembros son 'oficiales territoriales', por lo que el Congreso estaba en todo su derecho de diseñar el mecanismo que quisiera para nombrarlos. Piden que, de ser encontrados los nombramientos inconstitucionales, se mantengan las decisiones y se nombren nuevos miembros para seguir adelante. Si se encuentra que fueron inconstitucionales, se pide que el Supremo suspenda la efectividad de su decisión por 60 días en lo que el Presidente puede nombrar, y el Senado puede confirmar, nuevos miembros. Eso es más o menos el mismo período que hubo entre la vigencia de PROMESA y los nombramientos de los miembros actuales, y es más tiempo del que ha pasado desde la decisión del Primer Circuito hasta ahora sin que se haya completado un proceso de nombramiento y evaluación de una nueva ronda para los miembros actuales.

Aurelius pide desestimar las quiebras del Gobierno Central y la Autoridad de Carreteras y Transportación (pero no otros procesos de quiebra bajo PROMESA) y que los nuevos miembros tengan la facultad de revisar las decisiones de los miembros inconstitucionales. La UTIER pide que se declaren oficiales federales debido al gran poder que la propia PROMESA les extendió y que se anulen todos los actos previos para recomenzar el proceso asumiendo que las controversias que surjan por la nulidad se podrían resolver en la sala de quiebras de la jueza Laura Taylor Swain.

Ramificaciones

El Gobierno de los Estados Unidos ha planteado que resolver que los miembros de la JCF son 'oficiales federales' implicaría que los oficiales electos de Puerto Rico (Gobernador y legisladores) tambien lo son ya que, sostiene, de la misma manera que los de la Junta sirven por virtud de una ley del Congreso, los electos sirven porque una ley del Congreso viabilizó la adopción de una Constitución en el Estado Libre Asociado. Por tanto, añaden, el Presidente tambien podría designar al Gobernador y pasarlo a la evaluación del Senado federal sin el voto directo del pueblo puertorriqueño, como ocurría antes de la Constitución.

La UTIER plantea que para resolver el caso hay que derogar los llamados 'Casos Insulares', una serie de decisiones del Supremo federal al principio del siglo pasado que han sido criticados como racistas y xenofóbicos y que plantearon el poder del Congreso para hacer lo que entendieran con los territorios como Puerto Rico.

En una intervención, solo escrita porque no le permitieron comparecer en la vista oral, el Gobierno de Puerto Rico a traves de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico defendió la constitucionalidad de los nombramientos diciendo que no tienen que ver nada conque violenten la separación de poderes sino tienen que ver con la condición colonial de la Isla.

Varios amigos de la corte identificados con la comunidad comercial e industrial en los Estados Unidos quieren que la inconstitucionalidad se resuelva invalidando los actos porque entienden que tiene que haber consecuencias para que el gobierno no use a funcionarios de dudosa validez para adjudicar intereses en distintos foros y luego esas decisiones queden válidas si los nombramientos son revocados.

Que hay que mirar en la vista

Es la primera vez que los jueces Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch tienen la oportunidad de atender a Puerto Rico en un caso ya que llegaron al tribunal despues de Pueblo v. Sánchez Valle (2016, donde se reiteró que el poder del Gobierno de Puerto Rico emana del Congreso) y de Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust (2016, donde se declaró ilegal la ley de quiebra criolla de la Administración García Padilla).

Gorsuch ha mostrado admiración por el juez John Marshall Harlan, disidente en los Casos Insulares, pero de Kavanaugh no se conocen posiciones sobre Puerto Rico o los Casos Insulares.

Clarence Thomas fue el juez que escribió la decisión de Franklin, pero es notorio por no hacer preguntas durante las vistas orales. Mientras que Elena Kagan escribió Sánchez Valle, pero su trasfondo es como Procuradora General de los Estados Unidos.

En el caso del juez Samuel Alito, tan reciente como esta semana, trajo a colación la aplicación de los Casos Insulares a Puerto Rico en otro caso distinto, en el que se pide reconocer un derecho a que los veredictos criminales estatales sean unánimes (12-0) y no como en la Isla, que pueden ser divididos (9-3).

La jueza puertorriqueña, Sonia Sotomayor, fue disidente en Sánchez Valle y en Franklin pero en cada uno solo pudo arrastrar un voto adicional a su posición disidente.

Se espera la presencia en la sala de los siete miembros de la JCF.

Vea:

Supremo federal da cantazo a gobierno de Puerto Rico (documento)

Supremo federal falla contra la quiebra criolla (documento)

¿Que dicen los amigos?

El caso ha provocado la intervención de 16 personas u organizaciones como 'amigos de la corte' mediante escritos que generalmente se han dividido entre explorar el rol de los Casos Insulares en la controversia y pedir que los actos de la Junta sean anulados si sus nombramientos son declarados inconstitucionales. Tambien, hay intervenciones que piden que el Supremo declare los nombramientos ilegales para proteger la figura de la separación de poderes constitucionales.

Algunas figuras relacionadas con Puerto Rico que sometieron intervenciones como amigos de la corte (por sí o como parte de otros grupos) son los exgobernadores Sila Calderón, Alejandro García Padilla y alcaldes y legisladores del Partido Popular Democrático (defendiendo la autonomía del gobierno de Puerto Rico), Aníbal Acevedo Vilá (defendiendo la inconstitucionalidad de los nombramientos), el exjuez federal Jose A. Fuste (para la derogación de los Casos Insulares), el excandidato a comisionado residente, Rafael Cox Alomar (para que no se usen los Casos Insulares en la decisión) y el Municipio de San Juan (para decir que los nombramientos son inconstitucionales y que se deben anular las acciones que la Junta tomó despues de la determinación del Primer Circuito, por lo que su posición no parece cubrir las acciones realizadas antes).

La American Civil Liberties Union y el gobierno de Islas Vírgenes apoyaron que se deroguen los Casos Insulares.

El caso, además, ha provocado algunos comentarios en medios principales. En The New York Times, el profesor de Harvard y exoficial jurídico de Sotomayor, Nikolas Bowie, advirtió que la decisión que tome el Supremo puede 'condenar la doctrina de gobierno propio en los territorios y el distrito (en referencia al Distrito de Columbia, la estructura de gobierno de la capital federal)' y el portal digital Slate publicó una nota del abogado puertorriqueño Adriel I. Cepeda Derieux en contra de los Casos Insulares y de su aplicación en controversias como esta.

Hamilton asoma la cabeza

El actor puertorriqueño Lin Manuel Miranda, quien alcanzó el megaestrellato con su creación y producción del musical Hamilton sobre la vida del exsecretario del Tesoro, Alexander Hamilton, todavía enfrenta críticas por su campaña a favor de que el Congreso aprobara PROMESA, un evento que tiene eco en el escrito que sometió Aurelius.

En su argumento a favor de que los miembros de la Junta son oficiales federales en vez de solo territoriales, sometieron como evidencia que en 1793 Hamilton hizo una lista de los 'oficiales civiles' del gobierno federal e incluyó a los 'gobernadores y secretarios de territorios'. El Gobierno de los Estados Unidos rechazó el argumento diciendo que la lista solo procuraba conocer a quienes se le pagaba salario de cuentas del Tesoro, en vez de designarlos como oficiales federales.

Para ver el expediente del caso con todos los escritos, pulse aquí.

*NotiCel estará este martes en la vista de argumentos orales sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Siga toda nuestra cobertura especial.