El mismo día que el Municipio de Canóvanas reclutó los servicios de la compañía de Asegurados 360 como ajustador público para manejar las reclamaciones al seguro por los daños causados por María, tambien contrató al bufete Farrell, Patel, Jomarron & López PR Branch, LLC, para que representara al ayuntamiento en caso de tener que llevar el pleito a los Tribunales.

Ambas firmas tienen como denominador común a Ángel E. Portilla Skerret, que figura como firmante y administrador de las dos empresas, lo que según expertos podría representar un posible conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones.

Es decir, la misma persona que por un lado debió hacer los estimados de daños y negociar un acuerdo con la aseguradora, es el administrador del bufete que lleva el pleito del ayuntamiento contra la aseguradora, porque no logró un acuerdo en la mesa de negociación. En ambos casos cobraría por separado una comisión de lo que termine pagando la aseguradora por los daños, pero si el pago se logra por una determinación judicial la remuneración es mayor. La demanda ya fue radicada el pasado 6 de septiembre.

Aunque son dos entidades jurídicas distintas, para la abogada Daisy Calcaño López, con 24 años de experiencia en la industria de seguros, el hecho de que ambas tengan a la misma persona de administrador supone que están relacionadas, lo que podría resultar en un conflicto de intereses.

'Si tienes un administrador con dos compañías, eso no suena bien. Tú no puedes tener los dos sombreros. El ajustador se va a convertir en un testigo y tiene un problema. Aunque sean dos entes jurídicos distintos con un denominador común es un conflicto ¿A quien le está respondiendo? No puedes fungir en todas las bases. No debe ser de la misma compañía', sostuvo la tambien primera vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Según la abogada existe un problema no solo porque el ajustador público es el perito en el caso judicial, sino además porque la función del ajustador (y previamente el productor o agente de seguros) es lograr que la aseguradora pague al asegurado sin llegar a los tribunales. 'O eres ajustador o llevas la demanda', puntualizó la licenciada.

Canóvanas es uno de los ayuntamientos que contrató una firma de ajustadores públicos en lugar de utilizar a su productor o agente de seguros, Edwin I. Rivera & Brokers, Corp., para manejar las reclamaciones por los daños ocasionados por el huracán. Al cierre de esta edición, el municipio no había contestado cuánto dinero pagó de comisión al agente o productor de seguros municipal por las pólizas vigentes al momento del impacto del huracán.

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Con esta acción, no solo se contrata a un externo para hacer el trabajo por el cual ya se pagó; sino que además automáticamente la entidad gubernamental decide restarse de lo que recibiría en pago bajo la póliza, ya que los ajustadores y los bufetes cobran una comisión del dinero que la aseguradora pagará por los daños.

El Registro de Contratos de la Oficina del Contralor revela que este ayuntamiento contrató en agosto de 2018 a Asegurados 360 LLC, para manejar su reclamación ante la aseguradora QBE. Esta firma fue creada justo despues de María (el 26 noviembre de 2017).

El contrato de Asegurados 360 con Canóvanas está vigente hasta el 30 de junio de 2020 y dispone que se le pagará a la firma de ajustadores públicos una comisión de 8% del dinero que pague la aseguradora por la reclamación. El contrato dice expresamente que esta cifra no se modificará o afectará en caso de que sea necesario radicar una demanda contra la aseguradora.

'El por ciento de honorarios dispuesto en esta cláusula será un por ciento adicional a cualquier cuantía o por ciento al cual el municipio se haya obligado por contrato aparte para Servicios de Ajustadores Públicos Contingente y no afectará o modificará la tarifa de el contratista', lee el contrato.

A esto se suman $7 millones adicionales en contratos con la empresa Redline Global LLC, para ofrecer consultoría administrativa asesorando y asistiendo al municipio en todo lo relacionado con la reclamación de reembolsos por daños a la infraestructura y equipos ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles).

Por su parte, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto justificó la contratación de estas empresas no porque el productor de seguros no haya respondido, sino porque el municipio decidió 'ir por encima de el' contratando expertos en el área de valorización de perdidas para asegurar que se cumplía los estándares y requisitos que exige FEMA.

'Optamos por contratar a un ajustador buscando los mejores intereses del municipio porque FEMA ha sido claro que si nosotros no trabajamos todas las reclamaciones como debe ser, ellos no van a asumir la parte que no cubre el seguro si yo no le demuestro a ellos que yo hice todas las gestiones pertinentes para que me pagaran lo que en efecto se supone tenía la cubierta', dijo la Alcaldesa.

Canóvanas está reclamando $27 millones, luego que la aseguradora QBE diera un adelanto de $1.8 millones y se mantuviera inamovible en su oferta de negociar un pago adicional de $3 millones.

La abogada Calcaño López cuestionó que las agencias y municipios hayan optado por contratar compañías para manejar las reclamaciones cuando anualmente se les pagan comisiones a los agentes o productores de seguro para hacer ese trabajo. De acuerdo con esta, al obviar al productor, el Gobierno no solo está pagando de más sino que decidió reducir el dinero que recibirá de la póliza para reparar los daños para dar un a tajada a empresas y bufetes de abogados.

'Vienen estas grandes firmas para cobrar una comisión sobre las perdidas. Cuando vienes a ver tienes a un Gobierno pagando un doble cargo y una industria enriqueciendose por el desastre', insistió.

Otra dependencia que contrató al bufete Farrell, Patel, Jomarron & López PR Branch, LLC, fue la Autoridad de Edificios Públicos. El acuerdo firmado en mayo de este año por el entonces director ejecutivo Josean Nazario Torres, disponía que el bufete cobraría un 10% si lograba un acuerdo extrajudicial y hasta $29 millones, el 20% de la póliza si se llegaba a los tribunales.

Nazario Torres renunció en medio de señalamientos por contratar familiares para labores de mantenimiento de escuelas. El contrato con el bufete había vencido el 30 de junio y la nueva directora ejecutiva de la AEP, Melitza López Pimentel, optó por trabajar la reclamación directamente con el agente o productor de la AEP, Baco & Amador Matta, Inc.

De acuerdo con la funcionaria, que es corredora de bienes raíces, resulta innecesario el gasto de dinero público en contratos a externos cuando la AEP cuenta con los ingenieros y el personal necesario para hacer la valorización de las perdidas internamente. López Pimentel dijo que le pareció mucho más lógico utilizar los servicios del productor de seguros de la Autoridad.

'No hace falta una tercera persona. ¿Que criterios tomó el director anterior? Yo desconozco. Yo te puedo hablar de mi trabajo y de cómo lo estamos trabajando. No tenemos controversias. La compañía que tenemos de 'broker' nos mantenemos en comunicación. Hace como dos semanas nos reunimos', dijo López Pimentel.

De acuerdo con los datos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) al 31 de julio, de 2,290 reclamaciones de agencias, corporaciones públicas y municipios, solo se habían cerrado 729 con pagos ascendentes a $667 millones de los cerca de $1,200 millones que se ha estimado en daños a la propiedad pública.

Según varias fuentes vinculadas con la industria de seguros, el retraso se debe a que la mayoría de las agencias y municipios optaron por contratar empresas de ajustadores públicos para canalizar las reclamaciones a las aseguradoras, en lugar de utilizar a sus productores de seguros, que son los que tienen la responsabilidad principal de hacer las reclamaciones directamente con cada aseguradora, sin cobrar un centavo adicional al que se le había pagado al momento de comprar la póliza.

Al menos tres fuentes conocedoras del proceso apuntaron a que el principal escollo que ha tenido el Gobierno para cobrar sus reclamaciones es el tranque con las aseguradoras debido a las altas cotizaciones que someten los ajustadores.