La Junta de Control Fiscal investigará y auditará los servicios que la empresa BDO proveyó al Gobierno y sus alegadas actividades fraudulentas.

La Junta emitió hoy una requisición de propuestas para conducir la investigación y auditar los servicios de BDO desde 2016. BDO Puerto Rico tuvo más de 95 contratos y más de 100 enmiendas a contratos con varias agencias del Gobierno durante ese periodo.

El propósito de esta investigación es determinar si la integridad de alguno de los servicios provistos por BDO se vieron afectados por las alegadas actividades fraudulentas o ilegales de parte de su pasado socio-director, recientemente acusado por las autoridades federales. El foco de la investigación es de naturaleza financiera, ya que las acciones o remedios legales serían responsabilidad de las autoridades de ley y orden, según la Junta.

'Visibilidad y rendimiento de cuentas con respecto a los fondos públicos son esenciales para la buena gobernanza. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho de saber cómo y dónde se invierte su dinero', dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. 'Si en efecto los servicios provistos por BDO Puerto Rico y sus afiliados estuvieron comprometidos, la ciudadanía merece saberlo. Cualquier determinación final de índole legal estará a cargo de las autoridades correspondientes'.

Las solicitudes para el RFP deben someterse en o antes del 22 de agosto de 2019, mientras que la Junta de Supervisión espera tener un informe final sobre la investigación dentro de los 90 días posteriores al comienzo de esta.

'No obstante, los resultados de la investigación dependerán principalmente del grado de cooperación del gobierno y sus instrumentalidades, que determinarán si la Junta de Supervisión deberá recurrir a acciones legales para obtener la información necesaria. En ese sentido, la Junta ejercerá plenamente sus autoridades para llevar a cabo esta investigación', concluyó Jaresko.

La firma seleccionada informará directamente a la Junta de Supervisión y a su directora ejecutiva, y los resultados se harán públicos tan pronto como finalice la investigación.

El ahora exsocio de BDO, Fernando Scherrer y su consultor Alberto Velázquez Piñol, contratista de la empresa, fueron arrestados el 9 de julio por las autoridades federales por defraudar $15.5 millones en fondos federales en el Departamento de Educación (DE) y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

De acuerdo con el pliego acusatorio BDO Puerto Rico utilizó la influencia de Velázquez Piñol para que las jefas de ambas agencias le ofrecieran información confidencial para confeccionar las propuestas y/o contratos que le aseguraría a BDO Puerto Rico ser los favorecidos. A cambio, Velázquez Piñol cobró un diezmo como 'comisión' por los contratos. Las acusaciones se centran en estas dos agencias pese a los múltiples contratos que la empresa tuvo con esta administración.

Además, posterior a la salida de la hoy acusada Julia Keleher en el DE, la firma creó al menos cinco nuevas corporaciones según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. Cuando este diario solicitó declaraciones sobre si la creación de las nuevas corporaciones estaban relacionadas con la pesquisa federal que culminó en la ronda de arresrtos, y la cancelación de los contratos públicos, Damarisse Martínez, portavoz de BDO, dijo que por instrucciones de sus abogados no emitirían expresiones adicionales.

Los cargos que pesan contra Velázquez Piñol son: conspiración para cometer fraude contra el Gobierno de EE.UU., fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero, transacciones monetarias producto de actividad ilegal.

Junto a Velázquez Piñol fueron acusadas la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero; la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Beatrice Keleher; las hermanas que esta última contrató, Glenda y Mayra Ponce Mendoza, y el presidente de BDO en Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet.

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