El Tribunal Supremo federal señaló el lunes para el 15 de octubre la vista oral en la que examinará los retos a la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Un día después de la designación de vista oral del Supremo federal, el Primer Circuito de Apelaciones ordenó hoy martes que su propia determinación de que los miembros de la Junta ocupan ilegalmente sus cargos quedará en suspenso hasta que baje la decisión del Supremo federal sobre la impugnación.

La fecha del 15 de octubre rebasa el plazo del 15 de julio que había puesto el Primer Circuito para que los nombramientos se conviertan oficialmente en ilegales y rebasa también el plazo de agosto en el que vencerían de todos modos los nombramientos y obligaría al Presidente de los Estados Unidos a hacer nombramientos si quiere que el ente siga operando.

La Ley federal PROMESA que permite la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y habilita la existencia y operación de la JCF dispone de dos procesos para nombrar a los miembros: uno especial mediante listas que someten los líderes legislativos federales y el regular, mediante el cual el Presidente envía los nombramientos al Senado federal y se evalúan como los demás nombramientos.

Es precisamente la decisión del expresidente Barack Obama y del anterior liderato congresional de hacer los nombramientos de los primeros miembros mediante el método alterno lo que ha provocado el tranque porque el Primer Circuito determinó que ese método alterno es ilegal.

El presidente Donald Trump hizo las designaciones al Senado de los mismos miembros que la Junta tiene ahora, pero ese proceso no se completó antes del receso de verano de ese cuerpo legislativo, por lo que estaba en duda que el trámite se pudiera completar antes del 15 de julio.

El Supremo federal consolidó las solicitudes que varias partes, incluyendo el Gobierno de los Estados Unidos, hicieron para que se revisara la determinación del Primer Circuito pero, aparte del proceso en el Supremo, el fondo de cobertura Aurelius Investments y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), por separado, le pidieron sin éxito al Circuito que denegara la solicitud de la Junta para que el plazo del 15 de julio fuera pospuesto sin fecha, para esperar por la decisión del Alto Foro.