El Tribunal Supremo federal aceptó considerar en su conferencia ordinaria este próximo jueves las distintas solicitudes que tiene pendientes para revisar la determinación del Primer Circuito de Apelaciones sobre que los nombramientos de los miembros activos de la Junta de Control Fiscal (JCF) son inconstitucionales.

La determinación fue notificada hoy y, según la costumbre judicial, la determinación del Supremo podría conocerse tan temprano como el mismo jueves o al menos el próximo lunes, día de la semana en que ese foro suele divulgar sus decisiones.

En esta controversia, no sería una decisión final todavía, sería su conclusión sobre si va a aceptar o no el caso. De aceptar, pasarían probablemente meses antes de una decisión final. De no aceptar, la determinación del Primer Circuito de Apelaciones prevalece y los miembros de la Junta quedarían inhabilitados para ejercer el 15 de julio.

Según la determinación del Circuito, por voz del juez puertorriqueño Juan R. Torruella, en o antes del 15 de julio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene que haber nombrado a los miembros de la Junta por el proceso regular de envío al Senado federal para la evaluación y votación de ese cuerpo. Hace semanas se baraja la posibilidad de que Trump renomine a los mismos miembros actuales, sea para cumplir con el tribunal o cuando el término original de este grupo inicial de integrantes de la Junta venza en agosto. Lo que no se sabe es cuántos de los miembros actuales aceptarían volver.

La escaramuza de los nombramientos ya provocó otro pronunciamiento del Gobierno federal, a través del Procurador de los Estados Unidos, acerca del tipo de poder que tiene el Congreso sobre un territorio como Puerto Rico.

Si se declaran inconstitucionales los nombramientos de la Junta serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que esos gobernadores han hecho porque ambos procesos son parte del poder que tiene el Congreso sobre los territorios, como Puerto Rico, sostuvo el Procurador.

Torruella invalidó los nombramientos de los miembros actuales porque no siguieron el proceso regular de nombramientos federales, pero no invalidó la Ley PROMESA, que es la que habilita el proceso de quiebras para el Gobierno de Puerto Rico y que crea la JCF como ente fiscal rector.