Los maestros, retirados y otros grupos que esten afectados por la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y que tengan la capacidad de negociar sus repagos directamente con la Junta de Control Fiscal (JCF) en vez de esperar a la actuación de la administración de gobierno lo deben hacer, opinaron varios miembros del equipo del Centro para una Nueva Economía (CNE).

El equipo de expertos opinó sobre la postura del gobernador Ricardo Rosselló, quien ha pedido a todos los grupos que dejen de negociar y que se unan a los esfuerzos del gobierno, y la de los pensionados, quienes, a traves del Comite Oficial de Retirados (COR) y de sus respectivos representantes gremiales, como la Asociación de Maestros de Puerto Rico, han conseguido ya preacuerdos con la JCF que garantizan algún repago de pensiones.

La fisura está en que el repago de las pensiones no ha recibido protección en el caso de quiebras, por lo que no está garantizado que puedan cobrar por encima de otros acreedores. El Gobernador dice por un lado que las pensiones están aseguradas, pero no ha explicado al detalle de con que base dice eso ni hay nada en el caso que lo haya declarado. Por otro lado, los pensionados se han convencido de que su posición es frágil y han decidido buscar arreglos que les provean algunas garantías de pago, aunque impliquen, a la vez, algunos recortes.

Esto lo han hecho yendo directamente a negociar con la Junta, la cual, a su vez, se supone que representa al gobierno, una falla de diseño de la Ley PROMESA que causa aún más problemas prácticos por dejar espacio para choques entre la Junta y el gobierno.

Para Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE, está claro que si alguien tiene que negociar para su beneficio, es mejor hacerlo directamente que a traves de terceros. Marxuach entiende que hay ejemplos de otras jurisdicciones con quiebras gubernamentales que dan base para pensar que las pensiones deben estar aseguradas, pero reconoce que los retirados tienen el reto de que ven cómo el bizcocho (dinero) que hay para pagar las deudas del gobierno se divide en pedazos y, si se paran de la mesa de negociación, puede que su pedazo desaparezca para dárselo a otro acreedor.

Añadió que la postura del Gobernador es más política y que los maestros y retirados pueden tener duda legítima sobre la veracidad de lo que promete Rosselló. '[P]uede ser que al final del día los deje guindando tambien... yo (retirado) prefiero negociar mi propio 'deal' que tener que esperar por un político', razonó.

De hecho, ya el gobierno y la Junta empujaron y celebraron un acuerdo con los bonistas de COFINA que reduce el bizcocho en cientos de millones anuales dándole a esos bonistas una garantía de pago que antes no tenían y que obliga a los contribuyentes a pagarles por 40 años.

El exjuez Miguel Fabre Ramírez, presidente del COR usó exactamente la misma analogía del bizcocho para explicar por que sigue negociando aunque el gobierno le pida que lo deje de hacer. Además, recordó que los que representan a grupos en el caso de quiebras tienen una obligación, en su caso con 167,000 pensionados, de no abandonar la mesa de negociación. Los preacuerdos con la JCF tienen una disposición de que, si el gobierno consigue mejores terminos que ellos, entonces les aplicarían esos mejores terminos. Si eso sucede, 'hacemos una fiesta inmensa', dijo Fabre pero, mientras tanto, siguen negociando por su cuenta.

Cecile Blondet, directora de Espacios Abiertos (EA), recordó que el economista Martín Guzmán ha presentado un estudio en nombre de EA sobre cómo la deuda de la isla es insostenible y que solo se podrían repagar entre 9 a 14 mil millones de dólares de los sobre $70 mil millones de deuda. El acuerdo de COFINA comprometió unos $12,000 millones, por lo que 'quedarían $2,000 millones para repartir en el mejor escenario'. 'El gobierno no ha sabido defender los intereses de la gente', acotó.

Deepak Lamba, director de Investigación del CNE, subrayó que la Administración Rosselló no ha publicado su análisis de sostenibilidad de la deuda, por lo que el análisis que se conoce públicamente es el de Guzmán y que estamos en un escenario donde, por diseño de la propia Ley PROMESA 'se balcanizan las negociaciones' y cada sector busca asegurar su interes.

La tragedia, recordó Marxuach, es que todo indica que la manera en que se está negociando la deuda va a provocar que se tenga que volver a renegociar tan pronto como en cinco años, lo que solo significaría que los 'mercenarios' que ahora cobran grandes sumas por representar a Puerto Rico en el tribunal de quiebras sin los mejores intereses de la isla en mente sean los que se vuelvan a sentar en la mesa para volver a negociar por los puertorriqueños volviendo a cobrar sus tarifas significativas.