Todo comenzó públicamente con la explosiva declaración de la Secretaría de Justicia de que le fabricaban un caso, ese acto la descalificó para el cargo.

Decía en mi columna 'Las tres DDD', publicada en este espacio el pasado 8 de enero hablando de la institucionalidad:

'La institucionalidad no es difícil ni de entender, ni de definir. En el caso de una sociedad y de su gobierno, agrupa otros conceptos como la confianza de los ciudadanos; convivencia, si posible democrática; credibilidad; capacidad de operar colaborativa y solidariamente; entre otros'.

'La institucionalidad es lo que va más allá de los ocupantes incidentales de los altos cargos, de sus mudanzas ocasionales o de sus naturales incidentes y accidentes. La institucionalidad radica en esa cuota abstracta, pero real, que reside en la condición ciudadana de cada quien. No se trata en una fe ciega en personas, ni en organismos. Se trata de una creencia raigal y radical en que el Bien Común existe, y que existe con carne de realidad, cuando las personas y las instituciones trabajan a conciencia y se esmeran para conseguirlo'.

Ha pasado un mes desde ese escrito y la trama desinstitucionalizante gubernativa se sigue espesando. Se añaden ahora los capítulos OPG-Hacienda; la renuncia y la carta de la execretaria de Hacienda, Teresita Fuentes; la figura de la contratación y la subcontratería; el eterno problema de la apariencia de conflicto de interes; la improvisación rampante, y el feo hábito de burócratas de decir para salir del paso sin ceñirse a la verdad, es decir, la mentira burocrática.

Para no dejar de sumar al tramón, ya no trama, aparece el Informe del FEI refiriendo a la Secretaria de Justicia a Ética Gubenamental y al Supremo por la alegada conducta exhibida por esta en los casos WhatsApp y el del procesamiento a los escaladores del hogar de su hija.

Sin adjudicar meritos o demeritos de ese informe, por lo que no me refiero al mismo, hay un operativo de autosabotaje a la institucionalidad que está arrasando con lo que queda de gobierno. Son sus perpetradores, buena parte de los entes gubernativos llamados a investigar y a fiscalizar.

Se dilapida la institucionalidad, pero nada pasa con los burócratas que ocupan los cargos, a no ser que el rastro de la hojalata abollada y el alcohol quede como evidencia.

Los detalles del contrato OPG-Hacienda y de otras interioridades han sido cubiertos con profundidad por este medio, NotiCel, por lo que no es necesario abundar en ellos.

Pudieran resumirse en que el gobierno litigó y venció en el Tribunal Federal a una compañía que no pudo prevalecer en un reclamo contra el Departamento de Hacienda, y que justo con el cambio de administración, el propio gobierno entrante entregó lo ganado judicialmente, y se puso a renegociar contra su propio interes, y para beneficio de la compañía que no pudo prevalecer, recontratándola. Esa conducta de apariencia negligente, para decir lo menos, está adobada con una relación al parecer cercana del Gobernador con la afortunada compañía. Sucede además, que en la enredadera contractual del Departamento de Hacienda, se añade tambien cadenas contractuales con entidades para las cuales trabaja o fue subcontratado el hijo del Secretario designado.

Habría que precisar que se trata del Exsecretario de Hacienda, Principal Ejecutivo Financiero del gobierno y Secretario de la Gobernación, que ahora regresa a la Secretaría de Hacienda, cargo que tendrá en conjunto con la dirección de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, OGP. (No debe confundirse con la compañía contratada en su primera incumbencia en Hacienda, OPG).

El nuevo Secretario de la Gobernación será el Lcdo. Ricardo Llerandi, quien necesita urgentemente un curso de calibración con la precisión al hacer afirmaciones --no dire decir mentira--, pues este medio -NotiCel- lo agarró masajando fechas a conveniencia, fechas críticas sobre la otorgación del contrato bajo enredo.

Parte de la gira de autosabotaje gubernamental se hubiese evitado si no hubiese renunciado el primer secretario de la Gobernación, William Villafañe. Así, el Secretario de Hacienda se hubiese quedado allí, la CPA Teresita Fuentes y el exsecretario Juan Carlos Puig, no hubiesen entrado a sustituirle, y no se hubiesen podido percatar de la madeja.

Pero el Lcdo. Villafañe, quien nunca fue acusado y que de hecho fue exonerado o dejado fuera de la investigación por el FEI, no estaba ya allí para poner orden, porque se le había señalado, o más bien porque alegadamente la Secretaria de Justicia quiso dirigir la investigación hacia el y hacia la subsecretaria del Gobernación, Itza García. (Esto surge del Informe del FEI refiriendo a Ética y al Supremo a la Secretaria de Justicia, se alega que apoyado por la declaración jurada de una fiscal que tuvo que renunciar ante la agresividad con la cual supuestamente la Secretaria de Justicia quería cargarse al Secretario y a la subsecretaria de la Gobernación).

Resumo:

Así que de la primera ráfaga del tiroteo desinstitucionalizante sería responsable la Secretaria de Justicia cuando quería apuntar la investigación del WhatApp al eventualmente renunciante licenciado Villafañe (No se si es tarde para decir que lo considero una persona honorable) y hacia quien fue renunciada, la licenciada Itza García (a quien no conozco).

Ello, llevó al Secretario de Hacienda a cubrir la vacante de la Secretaría de la Gobernación y a Llerandi a la subsecretaría.

La secretaria Teresita Fuentes sustituye al nuevo Secretario de la Gobernación, pero se pone a cuestionar 'más de la cuenta', según dicen, a este que, según alegan, querían mandar desde afuera en su Departamento, por lo que renuncia.

Ahora, el funcionario en cuestión regresa, con toda la estela de sus contrataciones objetadas, a la Secretaría de Hacienda por segunda vez con otros dos sombreros: Chief Finantial Officer del gobierno y Director de OGP, y se supone, que todo está bien.

El autosabotaje de la institucionalidad continua:

Dirigir simultáneamente Hacienda y OGP es para decir lo menos, contraintuitivo y contradictorio. Las funciones de recaudar y la de planificar y administrar el gasto, suelen y deben estar separadas en cualquier diseño que respete atribuciones y funciones distinguibles y que propicie cotejos, balances y equilibrios del gasto. Alguien en el camino olvidó advertirle al Gobernador de esto, si es que el mismo no se había percatado. Para no hablar de que este funcionario del Ejecutivo, siendo el CFO, podría estar desplazando la función y facultades de la Asamblea Legislativa.

Pero al Gobernador, no podía asesorarlo, ni advertírselo, la Secretaria de Hacienda Fuentes, ni el subsecretario Puig, porque ya no estaban. Curiosamente, ya a Puig le endilgaron una querella por una fiesta de Navidad. Sume y siga que el tiroteo continua.

Tampoco podía advertirle al Gobernador, el exsegundo Secretario de la Gobernación quien ahora añadiría una tercera corona --con una concentración de facultades inedita-- ya que estaba muy ocupado para hacer una advertencia. Atención: No se puede jugar beisbol con el bate de la ofensiva y el guante de la defensiva en las manos del mismo jugador al mismo tiempo.

La Secretaria de Justicia tampoco podía advertírselo por estar muy ocupada en los otros asuntos. Además, la Junta de Supervisión Fiscal veía como algo normal la concentración de facultades en una persona. ¡Cómo no habría la JSF de verlo como algo normal, si ella sola tiene prácticamente toda la autoridad!

Mientras, la fiesta de la demolición institucional sigue, al punto que ya casi nadie cree en Puerto Rico ni en la validez de su certificado de nacimiento, de manera consciente o inconscientemente, el Gabinete Constitucional del país sigue saboteando la institucionalidad del gobierno. De milagro, no han metido todavía, en un lío al Secretario de Estado, licenciado Luis Rivera Marín.

Porque se me olvidaba mencionar que conforme a la Ley 7, de 24 de julio del 1952, según enmendada, si ni el Gobernador, ni el Secretario de Estado están, siguen al mando en orden sucesorio la Secretaria de Justicia y el Secretario de Hacienda quienes andan muy ocupados. Menuda sucesión.

Analice usted, si esto no es un autosabotaje casi perfecto de la institucionalidad gubernativa y si la advertencia de mi columna anterior no está más que vigente:

'Cuando los cargos públicos son vistos como botín de guerra, como alimento de egos o como carnada de apariencia de poder, asistimos a la canibalización del servicio público. Cuando este fenómeno abarca desvirtuar la dirección, el sentido o el significado de las instituciones, estamos en presencia de un crudo proceso de desinstitucionalización.

'La más reciente edición del tiroteo entre los órganos presuntamente fiscalizadores y de 'ley y orden del país', acusa un agudo caso de desinstitucionalización, tornado crónico en el escenario colonial, por decadas de pesima gestión, y administración'.

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.