La Sombrilla de la Inseguridad

El cuerpo de la Policía de Puerto Rico atraviesa por su más profunda crisis en decadas. Dos sindicaturas federales, una judicial y la otra operativa agravan al punto de la asfixia a la Uniformada.

La Sindicatura judicial federal fue primariamente el resultado de años de abandono y negligencia administrativa; violación a derechos humanos y tantísimos actos de corrupción, y manifiesta incompetencia y carencia de adiestramientos, instrumentos y adecuada supervisión.

La Sindicatura operativa tambien federal, es el producto del tijereteo de la Junta de Control Fiscal y del pesimo manejo administrativo que abarca a toda la sombrilla de Seguridad, sombrilla esta en la cual la carencia de liderato y el dinosaurismo son requisito para regentearla y mantener la segura vía a un contrato leonino e indulgencia plenaria del Gobernador, no importa la metida de pata semanal de su cabecilla.

A lo anterior se suma el exodo sin precedentes de oficiales de la Policía, únicamente comparable en dimensiones al ausentismo negado mitómanamente que provocó aquel 'blue flu'. La 'Fuerza', cuando no hay ese catarro burocrático, se ha reducido en más de una tercera parte. El número de policías ronda con los estirones los diez mil, mientras un continuo ánimo decaído es el signo inescapable en el rostro de hombres y mujeres que sirven bien al país a pesar de … iba a nombrar al 'no botable', pero el asunto va mucho más allá de la incompetencia, desfachatez e insensibilidad de ese funcionario máximo.

Allí en la Policía de Puerto Rico, se ha desperdiciado tambien. Se compra y se gasta, se malgasta en copiar sin innovar, en imitar sin hacer un uso creativo de los recursos. Mientras tanto, los y las policías padecen y carecen, no son libres de aportar su opinión por temor a represalias, y ven sus cuarteles y unidades decaer bajo un pesado clima y ambiente de trabajo.

Como si esto ya de suyo, no fuese terrible de contar, no digo de sufrir; las noches policíacas se tornan solitarias y más peligrosas debido a la reducción de personal por lo que no es difícil encontrarse a un oficial sólo en un cuartel, sin poder dar auxilio a quienes llaman y acuden, pues habrá que esperar hasta el próximo turno. Otra escena típica, tanto como la de los turnos solitarios, es la de los oficiales teniendo que posponer la investigación de los casos por la falta de recursos y de apoyo.

Cada vez más, se acumulan en el escritorio de los Investigadores e Inspectores casos sin resolver, o a medias, y cientos cuando no miles de expedientes se encuentran paralizados a la espera de que se culminen pruebas periciales en el instituto hermano de la sombrilla de Seguridad, el de Ciencias Forenses.

Añádanse las complejidades de la truncada Administración de Corrección y Rehabilitación con miles de plazas congeladas o eliminadas, y del Cuerpo de Bomberos menguado de personal y de recursos. Y… para no dejar de mencionar el quinto componente del paraguas, no olvidemos a Manejo de Emergencias. La cabeza de estas cinco hermanas en la sombrilla de Seguridad está a cargo del mismo intocable.

Las garantías constitucionales están precariamente vigentes

La protección de la vida está entre las primeras funciones de los cuerpos de seguridad. La protección del ejercicio de los derechos fundamentales tiene similar rango. La protección de la propiedad y del orden, la vigilancia de que se cumplan las leyes, y el auxilio para investigar y llevar ante los tribunales a los delincuentes forma parte de los deberes de los entes investigativos del estado.

Esto significa que los investigadores --los de Forenses y los de fiscalía-- pueden trabajar con la colaboración de los ciudadanos en la búsqueda de los responsables y en el esclarecimiento de los delitos. Al hacerlo, sin embargo, deben ser muy cuidadosos y celosos de velar por los derechos de los ciudadanos. La misma norma aplica a cualquier funcionario del estado, particularmente a los fiscales.

No corresponde al investigador convertirse en censor de quien o no, y de cuándo o no, puede el ciudadano recibir la asistencia de abogado.

El puntal de los derechos del ciudadano frente a la acción investigativa del estado, es su derecho a no autoincriminarse, Este derecho se materializa como garantía puntual cuando se puede estar asistido por abogado. La protección contra registros y allanamientos irrazonables filtrada por el palio de la intervención judicial se erige como garantía adicional muy importante. Un ciudadano por lo general es detenido antes de ser puesto bajo arresto. Lo que ese ciudadano diga --aún sin haber sido arrestado-- lo que manifieste espontáneamente --aún sin haber sido detenido-- lo que diga mientras es entrevistado, aun cuando no sea sospechoso, todo ello, puede ser utilizado en su contra, si más tarde es llevado a juicio en el ámbito penal, e incluso, puede utilizarse en el marco de la esfera civil.

El estar asistido por abogado no es una dádiva u obsequio, que regala a su antojo un oficial investigador. No es un generoso acto de dejar que el ciudadano intervenido tenga el privilegio de hablar con su abogado. Si la persona no ha sido detenida, pero está siendo demorada en su actividad rutinaria en un proceso de 'entrevista' con el cual se buscan respuestas a preguntas; o si, se la va a inducir o puede inducírsele a dar o hacer manifestaciones ante funcionarios estaduales que están investigando, aunque sea para descartar que se ha cometido un delito, el ciudadano tiene derecho a estar acompañado de abogado. De hecho, el derecho es de todos los ciudadanos, y por si acaso, asiste tambien a los abogados, que tienen derecho a acompañarse de abogado. Además, no corresponde al investigador convertirse en censor de quien o no, y de cuándo o no, puede el ciudadano recibir la asistencia de abogado.

Aunque se viva un torbellino de delincuencia y crimen en el país, y aun a pesar de que la Policía o las fiscalías carezcan de recursos suficientes; esa realidad delictiva patente, aunque negada desde 'las altas esferas', no autoriza a nadie, menos a un funcionario estadual a eclipsar las garantías constitucionales y a tornar discrecional su ejercicio y reclamo como el derecho de estar asistido de abogado.

El licenciado Leo Aldridge abogado 'desafiante'

En Miramar, mientras se realizaba una dilatada investigación sobre una muerte, fue arrestado el licenciado Leo Aldridge a quien se le impidió prestar asistencia como abogado a una persona que sería entrevistada --según información circulada, por tercera vez-- sobre la escena objeto de investigación. Al licenciado Aldridge --ágil abogado que le ha dado en corte serios dolores de cabeza al Departamento de Justicia-- no sólo le impidieron realizar su función para proteger un derecho constitucional, si no que lo arrestaron, esposaron y terminaron acusándolo por el artículo 246 del Código Penal sobre resistencia y obstrucción a la autoridad pública.

La denuncia se hizo en la modalidad de 'Impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir algunas de las obligaciones de su cargo'.

Conozco parte de la larga historia de ese delito, pues en el proceso de evaluar sucesivos códigos penales y borradores de enmiendas durante un cuarto de siglo, lo consideramos, siendo un delito de peligrosa banda ancha por todo lo que puede abarcar. Ese delito está hecho para proteger el desempeño de funcionarios y empleados públicos. No está hecho para crear excepciones a los derechos constitucionales, ni para castigar el cumplimiento del deber de un abogado de representar a un cliente. Es curioso que se haya imputado 'conducta desafiante' a Aldridge, pues tal conducta no es delictiva. El delito invocado, no está hecho para proteger la piel finita de ningún funcionario, o su falta de paciencia, o su hipersensibilidad, o sus alergias a la crítica desafiante. Si el delito estuviese hecho para proteger al funcionario alergico a la critica, cascarrabias o irritable, arrestarían todos los días a cientos o hasta miles de personas. Pues hay que ver cómo las deficiencias en la atención al público en muchos lugares provoca coraje e innumerables comentarios mordaces, desafiantes y hasta hirientes.

Para no hablar de algunas largas filas en las corporaciones públicas y otras agencias en donde la crisis del gobierno se traduce en infinitas esperas, errores y mal servicio. El delito del artículo 246 en esa modalidad, lo aprobaron para poder arrestar y acusar a quienes impiden notificar una orden u obstaculizan ejecutar una acción gubernativa legítima de un funcionario. Ese delito fue pensado ante quienes evaden o estorban a que los funcionarios hagan su trabajo. Incluye ello, por ejemplo, a quien bloquee al funcionario del Departamento de la Familia de notificar un aviso o llegar a un lugar a atender a un menor. Cierto es que si en una investigación de carácter criminal, si el abogado no llega, se 'facilitará' en teoría el trabajo del investigador, pero el hecho de que el abogado llegue a hacer su trabajo o a cumplir con su deber, no lo convierte en alguien que viola el articulo 246. Hay que subrayar que el investigador no está ahí para incriminar a nadie, está para investigar y para que luego de culminadas sus indagaciones pueda informar sus 'conclusiones' preliminares a su superior.

El delito invocado, no está hecho para proteger la piel finita de ningún funcionario, o su falta de paciencia, o su hipersensibilidad, o sus alergias a la crítica desafiante.

Este delito en la modalidad de 'Impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir algunas de las obligaciones de su cargo', no se hizo para obstruir la vigencia del ejercicio de un derecho constitucional. Si así fuese, se abolirían los derechos fundamentales en el país comenzando por el de la expresión en las protestas, pues siempre se podría alegar que el tapón que se forma impide el cumplimiento de algún deber o de la realización de su trabajo por un empleado o funcionario público. Me sorprendió el arresto del abogado y que fuera denunciado, pero últimamente se ven tantas barrabasadas que me dije, 'Habrá que esperar a ver, eso lleva las de caerse pronto'.

Cuando escuche que la encargada de las Fiscalías trató de explicar el extraño suceso, sólo se me ocurrió situar esa declaración en el contexto de una malentendida federalización de la Seguridad en Puerto Rico y en la hipertrofia del concepto. Pues, salvo en escenarios peliagudos como el del Patriot Act y sus secuelas, los funcionarios del Estado, aun los federales actuando como tales, no tienen semejante latitud, ni facultades. Que un investigador se exceda en su celo en medio de una investigación --lo cual tiene que tomarse con pinzas por los derechos involucrados-- puede entenderse, aunque podría conllevar la imposición de responsabilidad. Pero, que a la Jefa de los Fiscales se le chispotee y no repudie inmediatamente declaraciones de oficiales investigadores, utilizando como causa o pretexto para el arresto mostrar conducta desafiante, desciende varios escalones.

Leí una columna de opinión en estas páginas del periodista y tambien abogado Oscar J. Serrano, que aunque correcta en su análisis pone demasiado enfasis en los problemas de falta de madurez y otras variables sicológicas o de ego de la Jefatura del Departamento de Justicia. Considero que hay otras causas y motivos.

El licenciado Leo Aldridge tambien es periodista y comentarista televisivo.

Ser periodista y comentarista televisivo es en estos tiempos un oficio mucho más peligroso que el de ser abogado. Este grupo distinguido, el de los periodistas-abogados, lo forman en Puerto Rico entre otros, Mardelis Jusino, Jay Fonseca, Walter Soto León, Oscar J. Serrano, Luis J. Valentín, y algunas que son hoy distinguidas juezas como Madeline Vega, honorables que honran el estrado, como honraron los espacios periodísticos. Ser abogados y periodistas brinda por vocación, inclinación y adiestramiento un espíritu crítico, cuestionador, inquisitivo y 'desafiante'.

En tiempos de pieles tan delicadas --¿tendrá que ver con el adelgazamiento de la capa de ozono?-- los abogados-periodistas que están en primera fila en palco, es claro que se exponen a más de una forma de pelotazos.

El arresto y la denuncia de Aldridge por absurdos que parezcan, y el espaldarazo desde la altas esferas, reitero, va más allá de las explicaciones sicologistas --o de ego, y añado, de cierre de filas-- expuestas por el Lcdo. Serrano.

Si uno toma en cuenta la escala subterránea provocada en los Estados Unidos --y aquí hay muchos imitadores-- en cuanto al no respeto a libertad de prensa --movimiento degenerativo encabezado por el presidente de ese país Donald Trump-- se puede dar uno cuenta de lo peligroso que es decir la verdad críticamente, peor aún buscarla, si se es periodista.

Trump utiliza la tribuna y los tuits para escaldar a los periodistas y medios, miente a su antojo y llama mentirosa a la prensa y a los medios de comunicación que lo refutan con pruebas, y que señalan una y otra vez el afán por mentir --la mitomanía-- que el pelianaranjado presidente despliega.

Ser periodista en otros lugares todavía es más peligroso. Un periodista ciudadano saudí, residente de los EEUU y escritor en un prestigioso periódico estadounidense, entró en Turquía a un consulado de su país, Arabia Saudita y no se le vio salir más. De hecho lo mataron. Luego de haber negado todo, el gobierno saudí y el consulado (donde incidentalmente habían despachado esa tarde a todos los trabajadores turcos, por lo que el consulado sólo lo ocupaban funcionarios saudíes), alega ahora que se trató de una muerte producto de una pelea en un interrogatorio. Sin duda, los artículos del periodista Jamal Khashoggi eran tambien desafiantes. Como pueden serlo las interpelaciones de Aldridge a funcionarios públicos en 'Jugando Pelota Dura' del canal 11 y sus alegatos como abogado en los tribunales locales y federales.

El maltrato a los periodistas está muy de moda en el mundo. No sólo es el presidente estadounidense, o los carteles del narcotráfico en Mejico, o los destacamentos de seguridad de un príncipe saudí. De hecho, hay imitadores de pacotilla aquí, como el Jefe de la Sombrilla de Seguridad, que ha dejado a no más de un periodista pasmado con sus respuestas y malacrianzas, siempre utilizadas como estrategia evasiva ante las claras señales de su incompetencia. A nadie se le ha ocurrido todavía --aun cuando quizás procedería-- acusarlo de 'negligencia en el cumplimiento del deber' por sus evasivas, ni por jugar al esconder cuando le requieren información y documentación que es pública. (Aunque claro está que en lo de las 64 muertes luego del huracán María, le rompió todos los records a Pinocho).

Así que el licenciado Aldridge esta en la zona periodística peligrosa, no porque aquí vayan a matar a un periodista, si no porque los periodistas pueden ser utilizados por el gobierno para mandar mensajes que sean claros, fuertes y particularmente intimidantes. Son pues, potencialmente un pararrayos y una antena de transmisión. Por ello, veo en la condición dual de Aldridge de periodista-comentarista y abogado, las raíces y claves del último centellazo que acabó con su arresto y ahora, tener que enfrentar juicio promovido por un Departamento de Justicia teóricamente imparcial.

Porque hay claramente un mensaje intimidante. Si esto es lo que le espera a un abogado-periodista y comentarista de televisión… ¿ Que no dejaremos para el resto de los mortales, muchos de los cuales lamentablemente no han sido educados en sus derechos fundamentales --otro incumplimiento de otro mandato constitucional a los gobiernos-- o que, no dejaremos para todo aquel que ejerza el más elemental derecho cuidadano frente a un estado casi inviable: el derecho a la indignación y a ser desafiante?

No nos extrañemos, si este caso, en lugar de disolverse por su curso lógico y natural, siga tramitándose con especial rudeza y terquedad por aquello de 'salvar cara', mientras pasa el sofocón de la metida de pata.

Mil y una noches de intimidación

Bulear o el bully, no es algo que ocurra nada más en algunos patios escolares. Es una manifestación de la violencia vertical, tambien horizontalizada que se despliega en demasiados lugares en Puerto Rico. Existe la violencia hecha bully en los lugares de trabajo desde la institucionalidad. Muchos oficiales de seguridad son víctimas de acoso institucional, las circunstancias mismas en las que trabajan son opresivas y para colmo reciben el peso de la opinión pública. Cuentan que cuando más fusilamientos por traición se dan en las guerras es cuando los ejercitos están en desbandada. No olvidemos que el gobierno desde el COE, luego de María lo ha estado.

A los servidores públicos le sucede otro tanto, inseguridad de empleo, desvanecimiento de beneficios, aguajes retóricos tipo lucha libre entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal, vacantes y más trabajo para cubrir los espacios vacantes cuyas plazas desaparecen… y cuidado con chistar. El arresto y denuncia de Aldridge tiene que ver tambien con mandar un mensaje a la gente de carne y hueso, a los empleados públicos, a cualquiera que se atreva a siquiera comentar entre dientes.

Quisiera que ante este clima de intimidación sutil y abierta generalizados, los grupos profesionales --a cuyas colegiaciones las tienen en capilla ardiente-- , los sindicatos de empleados públicos--a quienes les han cercenado en el caso Janus el cobro de cuotas-- los periodistas, los abogados y las demás organizaciones diesen muestras de estar más alertas y que con firmeza repudien todos estos intentos de intimidar y acallar. Que no pasen por alto el caso Aldridge.

Es posible que el gobierno genuflexamente haya entregado su derecho a protestar frente a las Trompadas que recibe del presidente, y de todo funcionario federal de segundo o tercer rango al que se le antoja imitarlo. Pero el hecho de que haya muestras fehacientes de la entrega del mandato de gobernar por la Administración, reduciendola acaso, al reparto de contratos y prebendas; no significa que la sociedad y los ciudadanos deban imitar al gobierno. Despues de todo cualquier renuncia a la facultad de gobernarse, es un renuncia que reduce todavía más la precaria condición de los gobernados y el ámbito del ejercicio de sus derechos.

El dócil gobierno de Puerto Rico, es claro, que no tolerará que los ciudadanos se comporten de manera menos dócil. Llámese Aldridge o Juan del Pueblo, sea abogado o periodista o lo que sea, la orden es clara: 'Obedezca, obedezca, no sea desafiante'. El único derecho digno de aplaudir según esa versión es el derecho a ser ciudadanos sin derechos de un gobierno guiñapo y mendigo.

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.