La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Credito Público apelará la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia en San Juan de su solicitud de un mandamus que obligaría al BGF, AAFAF y COFINA entregar información sobre la gestión financiera del país.

El Tribunal había determinado que la Comisión debía solicitar la información a traves de un procedimiento creado por la Jueza Laura Taylor Swain pues uno de los documentos es recopilado por por la firma Kobre & Kim.

'Pese a que el Gobernador se comprometió públicamente a dar toda la información necesaria a cualquier entidad ciudadana que interesara realizar la auditoría, no solo se nos niega, sino que se nos ordena solicitarla a un proceso que hasta requiere que los bonistas consientan a darnos la información', denunció Roberto Pagán Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana.

El procedimiento que el Tribunal resuelve que debió agotarse antes de demandar requiere que la información se le solicite a la Junta de Control Fiscal, así como que se le de una oportunidad a las partes que están dentro del proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal, incluyendo a los bonistas, para que se expresen u objeten la solicitud. Si las partes no llegan a un acuerdo, entonces pueden solicitar la información directamente ante la Jueza Swain.

'¿Cómo es que un proceso creado por una Jueza federal para obtener información en manos de un investigador contratado por la Junta de Control Fiscal es un proceso efectivo para que cualquier ciudadano de a pie pueda hacer valer su derecho constitucional de acceso a la información? Este derecho está protegido bajo la Constitución de Puerto Rico, por lo que es en los tribunales de Puerto Rico en donde debe dilucidarse, expresó Luis Jose Torres Asencio, vicepresidente de la Comisión Ciudadana y profesor de derecho constitucional.

Torres Asencio recalcó que había sido la jueza Swain quien anteriormente había resuelto esa misma polemica.