La jueza del Tribunal federal, Laura Taylor Swain, falló a favor de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) ante las mociones de desestimación presentadas por la Junta de Control Fiscal (JCF), la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y el Gobierno de Puerto Rico permitiendo así que continúe con el proceso de descubrimiento de prueba y juicio en su fondo para demostrar que la AEE y el Gobierno violentaron derechos constitucionales de negociar y mantener un convenio colectivo.

El año pasado la Unión radicó una demanda dentro del caso de Título III de la Autoridad de Energía Electrica en el cual alegó que las leyes de austeridad aprobadas por los gobiernos de Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares violentaron los derechos contractuales, lo que está prohibido por la Constitución federal.

Ante esto la JCF, la AEE y el Gobierno presentaron mociones de desestimación argumentando que la UTIER no tenía 'standing' para presentar esta reclamación y que la quiebra de la Autoridad estaba justificada, por lo que las leyes de austeridad no fueron arbitrarias ni inconstitucionales. A lo que la jueza Swain resolvió que, aunque las reclamaciones de la UTIER no procedían contra la Junta y algunos de sus funcionarios, sí procedían contra el Gobierno de Puerto Rico y la AEE.

'Este triunfo en esta etapa nos permitirá hacer un descubrimiento de prueba y presentar como las leyes 3, 26, 66 trastocaron nuestros derechos. Nosotros seguiremos defendiendo a nuestra gente en los foros legales, en los foros estatales y en la calle. A todos les decimos que mantengan la fe, sabemos que es un proceso largo, pero estamos y seguimos trabajando por el bienestar de nuestra matricula y de todo el pueblo puertorriqueño', comentó en comunicado de prensa el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

Por su parte, el representante legal de la UTIER en este caso, Rolando Emmanuelli Jimenez, explicó que dentro del proceso de presentación del caso será un elemento importante establecer que la AEE incurrió en prácticas irrazonables, ilegales o arbitrarias que llevaron a su quiebra.

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'La Autoridad tuvo muchas otras alternativas que hubieran evitado el proceso de quiebra, sin embargo, el Gobierno y la Autoridad escogieron menoscabar los convenios colectivos como un atajo para supuestamente resolver los problemas de la Autoridad. Esto no es razonable dentro del derecho constitucional norteamericano y da base a la reclamación de la UTIER. El descubrimiento de prueba permitirá además, indagar sobre las prácticas de la gerencia de la Autoridad y del Gobierno Central que han ocasionado la debacle de esta importante corporación pública', sostuvo el licenciado.

Dentro del proceso legal, se presentará prueba de cómo estas leyes afectaron económicamente a la UTIER y a todos sus miembros. 'La sentencia que se emita en cuanto a los daños estará sujeto a los tramites de un plan de ajuste de deuda, no obstante, representará una cuantía significativa que en su momento la UTIER y sus miembros recibirán', concluyó Emmanuelli.