En un último esfuerzo desesperado para salvaguardar fuentes de fondos públicos que se depositaban en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), dos exgobernadores y varios alcaldes mantienen pleitos abiertos contra el otrora agente financiero.

La información trasciende de la declaración de solicitud que emitió el BGF a sus bonistas para votar por los terminos de la reestructuración de la deuda del banco.

Por conducto de sus fundaciones, los exgobernadores populares Rafael Hernández Colón y Sila María Calderón demandaron este año al gobierno de Puerto Rico para reclamar su tajada del 1% del recaudo anual del impuesto al cigarrillo. Dicha asignación, por virtud de la ley 290 del 2000, se deposita en el Fondo Especial para el Depositario de Archivos y Reliquias de Ex-Gobernadores y Ex-Primeras Damas, administrado por el presidente del BGF y utilizado para sufragar los costos de funcionamiento del Depositario.

En el caso de la demanda incoada por la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, el demandante expone que obtuvo dos prestamos que totalizan $1.4 millones y asegurados con las asignaciones del fondo especial. Por tanto, la fundación del exgobernador reclamó a la corte a que el secretario de Hacienda transfiera los recaudos del impuesto al cigarrillo designado mediante la ley 290 del 2000 a una cuenta aparte, que el BGF desembolse esos fondos y que los utilice para satisfacer los prestamos asegurados por el fondo.

Los reclamos de la Fundación Sila María Calderón son identicos a la de la Fundación de Hernández Colón, lo único que en el caso de la exgobernadora, su reclamo es a los efectos de que los depósitos de la asignación de la ley 290 del 200 sean desde el 2007 hasta el presente.

'El gobernador Rafael Hernández Colón y yo acabamos o estamos en el proceso de demandar, poner una acción judicial al BGF puesto que hay sobre un millón de dólares depositados en esa entidad financiera que ahora va a convertirse en otra, que tiene que ver con la Ley 290 firmada en el año 2000 por el gobernador Rosselló que le concede unos fondos a los exgobernadores para llevar a cabo el cuidado de los archivos, que es patrimonio nacional, donde está la historia de nuestro país, y ese dinero fue el que dejaron de pasarnos al tiempo de yo dejar de pagar la deuda, que yo seguí hasta que pude, y entonces todavía queda o quedaba un fondo de sobre un millón de dólares, no me acuerdo la cantidad, y ese fondo debe mantenerse aparte aunque eso es un dinero del Estado Libre Asociado, era a traves del Banco Gubernamental que ese dinero se distribuía. Ese dinero está allí todavía o debería estar allí todavía', expuso la exgobernadora Calderón.

El BGF solicitó aplicar la paralización de litigios (stay) al amparo del Título III de PROMESA a ambos litigios. Aunque lograron aplicarlo a la demanda de la exgobernadora, con su consentimiento y tras un fallo del tribunal a esos efectos, Hernández Colón objetó el stay y espera una respuesta del BGF, que solicitó una extensión para responder a los argumentos.

Entretanto, una decena de municipios tambien mantiene pleitos abiertos contra el BGF, principalmente reclamando el pago del exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE). Entre los municipios que han optado por reclamar el exceso del CAE está San Juan, Arroyo, Cabo Rojo, Comerío, Hormigueros, Isabela, Juana Diaz, Luquillo, Patillas, Salinas, San Germán, San Lorenzo y Yabucoa.

No obstante, contratistas de San Juan tambien han demandado la capital por incumplimiento de pago, pero el municipio a su vez demandó al BGF, alegando que los pagos corresponden al banco.

Esto ocurrió con Travelers Casualty & Surety Company, que demandó al municipio por no pagar $338,656 adeudados por concepto de un proyecto de construcción. En este caso, el BGF sostuvo que, bajo la ley que autoriza la reestructuración del BGF, los municipios están cohibidos de objetar la reestructuración del BGF, por lo que no pueden entrar en ese caso. El municipio optó por desestimar su caso contra el BGF, sin perjuicio, en noviembre del 2017.

Otra demanda similar fue presentada contra la capital por Wilma Figueroa Vázquez y Newport Bonding por no pagar $48,000 por trabajos de construcción, más $500,000 por compensación de daños. El municipio extendió una demanda al BGF, alegando tambien que ellos eran responsables del pago. La demanda fue desestimada, pero el municipio apeló y al presente se encuentra en esa etapa.

'Prospectivamente la Ley provee 1.5 por ciento del arbitrio sobre el cigarrillo que vaya a un fondo, que en ese caso era del Banco Gubernamental de Fomento, para repartir entre los gobernadores para el cuido, los que tienen los archivos en su cuidado, porque estos archivos pertenecen al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y nosotros los tenemos en administración y eso es un valor fundamental para Puerto Rico, preservar su historia y eso cuesta. Nosotros tenemos cajas y cajas y cajas que todavía con todo el tiempo que nosotros llevamos aquí, que todavía no hemos podido hacer, así que nosotros esperamos que se haga justicia', agregó Calderón.

Adriana De Jesús Salamán colaboró en esta historia.