Usted que una plácida tarde se retrajo a tratar de entender lo que verdaderamente significa la ley PROMESA, ya debe haberse dado cuenta de que algo no cuadra. Súbitamente todo lo que usted escuchó alguna vez sobre gobierno, administración pública y democracia dejó de tener sentido. La plusvalía del voto quedó devaluada. Los representantes electos ya no tienen vela en este este entierro. Y aturdidos como están por los poderes que les usurpa la Ley, les ha faltado la pericia política de articular un mensaje que nos congregue a todos para expresar nuestra insatisfacción en un sonoro y justo rechazo a la Junta de Supervisión Fiscal.

La ley PROMESA no cuadra porque despues que nos inculcaron que tenemos unos derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, la ley crea una Junta constituida por tecnócratas que con sus actuaciones conculcan nuestro derecho a una vida digna. La iluminada sabiduría contenida en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, nos la aplican en su versión más tacaña. Recibida con relativa docilidad, la ley PROMESA con la Junta, tiene el efecto de retrotraernos a la era de los protectorados, algo que como 'territorio', 'país', 'estado', 'nación' y definitivamente como Pueblo, debemos repudiar. Es una ley que contiene disposiciones que merecen ser cuestionadas con toda la fuerza de la razón en los tribunales.

Bajo la Ley Promesa la Junta ya ha dado a entender que la pensión de nuestros padres y abuelos, y en un acelerado futuro la nuestra, entrará en una de zona de incertidumbre y mezquindad. Bajo la ley PROMESA, la propuesta de la Junta para los servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad los transformará en un doloroso y lejano recuerdo.

Pero no todo está perdido. Con un desprendido acto de responsabilidad cívica, unidos como el Pueblo de Puerto Rico, podemos resistir, respaldar acciones y provocar los cambios necesarios que este Siglo XXI nos exige.

Claro, debemos comenzar por reconocer nuestros errores. Primero, debemos cuestionar y luego investigar cómo llegamos a esta situación. Debemos informarnos a cabalidad para entender la raíz de la crisis, y elaborar los remedios que necesitamos desarrollar y administrar. Debemos exigirle al Congreso y a nuestro gobierno que es imprescindible y urgente realizar una auditoría forense. Debemos apuntar, ya no necesariamente a los incapaces que provocaron la debacle, más sí a los procesos maculados e impropios que permitieron un cuestionable aprovechamiento a costa del presente y futuro de nuestra gente. Eso malabares financieros no deben repetirse jamás.

Es imperioso reclamar que quien intervenga en el manejo de nuestros asuntos durante esta crisis -que será larga y lastimosa- no presenten ni por asomo el menor resquicio hacia el conflicto de interes, algo que esta Junta ni entiende ni acepta. Debemos reclamar que los modelos de austeridad comienzan con un buen ejemplo y no con la burlesca malversación en sueldos injustificables que viene ocurriendo entre exclusivos niveles de gobierno. Reclamemos iniciativas de modelos que propicien el crecimiento económico a partir de nuestros habitantes. De hecho, la situación que más agrava la crisis de Puerto Rico, es la falta de crecimiento económico, no la deuda misma. Sin embargo vemos una oficialidad que tiene un concepto bastante obtuso de cómo se logra este crecimiento.

Para resolver este presente de crisis, tenemos que utilizar sin miedo los mecanismos que brinda el estado de derecho como lo hizo en su momento Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks y Thurgood Marshall. Personas que inspiraron a multitudes por su esplendido compromiso con la justicia. Gente que a pesar de las dificultades y escollos que les tendió el propio sistema, lograron iluminar el entendimiento en la calle, en la opinión pública y en los tribunales. Necesitamos concertar movimientos comprensivos, fuera de líneas partidistas, como el que logró que no cayera una bomba más en la Isla de Vieques. Es nuestro deber resistir los metodos de la Junta y si posible exigir en los tribunales que la Ley PROMESA exista a la altura de su denominación, si es que ha de existir del todo.

Sabemos que no es fácil. Sabemos que la duda ronda y socava la esperanza. Que los temores nublan nuestra capacidad de comprender el momento y la oportunidad históricas. Hay quienes creen que derrotar a la ley PROMESA y a la Junta en un tribunal, ocasionará que Puerto Rico sea expoliado de sus recursos y riquezas de manera instantánea. Los que así piensan lo hacen desde el temor y no desde la reflexión. La crisis en la que está sumergida nuestra Isla tiene reverberaciones económicas y políticas a traves de todo Estados Unidos. Menos del veinticinco por ciento de la deuda está en manos de los fondos buitres. El resto se reparte entre ciudadanos de carne y hueso que buscaron una alta rentabilidad en su inversión sin tener que pagar contribuciones; personas comunes distribuidas a lo largo y lo ancho de los cincuenta estados y los territorios incluyendo a Puerto Rico. Por ello, como nación, Estados Unidos no puede darse el lujo de que esta crisis económica quede sin controles ni orden.

Sin embargo 'control y orden' no justifican ni son sinónimos de prejuicio, de discrimen ni de autoritarismo, que es lo que exudan las actuaciones de la Junta de Control Fiscal. Cabe mencionar que la propia ley PROMESA incluye un lenguaje destinado precisamente a la situación que ha agravado la crisis en Puerto Rico: la falta de crecimiento económico. Por ello dice claramente que 'Un plan fiscal desarrollado bajo esta Sección proveerá, con respecto al gobierno del territorio...un metodo para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital…(J) y proveerá para los gastos de capital y las inversiones necesarias para promover el crecimiento económico;'. Incluye el texto de la ley además una serie de instrucciones para que desde el propio Congreso se identifiquen los 'impedimentos en las leyes Federales y programas actuales para el crecimiento económico de Puerto Rico, incluyendo el acceso equitativo a programas Federales de cuidado de salud; cambios recomendados para la ley Federal y los programas que, de ser adoptados, servirían para impulsar el crecimiento económico sostenible a largo plazo, la creación de empleos, una reducción en la pobreza infantil, y atraer inversionistas a Puerto Rico'. En otras palabras, se refuerza la teoría de que el Congreso observa con seriedad esta crisis, a pesar de que se haya equivocado al imponer una Junta, que a entender de muchos, es ilegítima.

Por lo anterior, considero un deber y una oportunidad respaldar cada reclamo y demanda que exponga el carácter inconstitucional y el efecto discriminatorio de la Junta y sus actuaciones, en todo foro con jurisdicción para ello. Hay muchas maneras de hacerle frente a nuestra crisis y a la inconstitucionalidad de la Junta. Por suerte, ninguna excluye a la otra. Debemos sumarnos a todas. Debemos hacernos sentir. Es indispensable 'marchar' por esta vía. Es necesario acudir al tribunal y reclamar de todas las formas posibles. Es nuestro propósito común y además es nuestro derecho. Quizás en el futuro, en otra plácida tarde, comprenderemos que valió la pena.

*El autor es abogado.