Entre la quiebra gubernativa y los efectos del huracán María, quienes nos interpretan la realidad nos han hecho creer que Puerto Rico vive un gran estado de excepcionalidad causado por estos fenómenos. De manera muy conveniente, se omite deliberadamente considerar el hecho de que antes del 2017 el país padecía de todos los males que padece actualmente. La causa, hoy más que evidente de esos males, son entre otros, dos fenómenos mucho mayores y permanentes: el colonialismo y la operación de un centenario laboratorio político, social y económico en el reducto colonial latinoamericano que sostiene Estados Unidos en Puerto Rico.

La Junta de Supervisión (control) Fiscal es el primer experimento hemisferico, aplicado a una nación completa, con la pretensión de controlar todos los aspectos de su vida prescindiendo de cualquier elemental ejercicio participativo de los afectados, ni de sus funcionarios electos. Se trata de instalar en todo un país, una tecnocracia gubernativa esterilizada de cualquier viso democrático. Todo esto ocurre por mandato del Congreso de la presunta Atenas del hemisferio americano, Estados Unidos.

Que Puerto Rico ha sido durante más de un siglo un campo de experimentación y laboratorio estadounidense para políticas sociales, programas, lavandería financiera, control político, sustancias y tecnologías de valor militar, estrategico y económico, penetración militar en el Caribe y el resto de America Latina y fracasada vidriera hemisferica es un hecho que casi nadie se atreve a rebatir hoy. Sin embargo, es extraño que no se haya examinado la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal bajo este crisol de ver a Puerto Rico como gran laboratorio y campo de experimentación. Igualmente raro es cómo tampoco se ha querido examinar el papel que ha jugado en esas cúspides neoliberales, la corrupta súper lavandería financiera montada en el país en las decadas precedentes a base de exenciones y decretos, ni la connivencia gubernativa poblada de emprestitos e influencias; de un sistema de prebendas y pre-ventas, y de uno de los sobornos colectivos -- a base de migajas-- más eficientes de la historia.

La oportunidad de seguir experimentando con nuestra sociedad la ofrece ahora en combo agrandado la quiebra gubernativa retrasada y la repartición billonaria en contratos a compañías de Estados Unidos luego del huracán María. El ejercicio de control fiscal extendido a dimensiones localistas, 'de política pública', a aspectos del minimalismo burocrático e incluso a dimensiones inconexas de la competitividad privada (Ley 80), marcan un hito mundial en la experimentación del control político, ahora impulsado por la JSF. Todo ello ha sido servido a la Carta por la Ley PROMESA con una Junta que no es parte del gobierno de Estados Unidos, que se supone sea parte del gobierno de Puerto Rico, contra la voluntad de ese gobierno; Junta que es pagada por los contribuyentes puertorriqueños, a la cual sólo le falta querer controlar hasta el color de las etiquetas que se usan en las sardinas que se venden en la plaza del mercado de Río Piedras.

Si la JSF no es el epítome de la experimentación neoliberal, explíquenme cómo es que llega a dirigirla en paracaídas la exministro de Finanzas de Ukrania.

Lo único que se necesita para que esta formidable herramienta de control pueda realizar y culminar exitosamente su experimento es una Asamblea Legislativa y un gobernador 'que se dejen'. Es decir, que se dejen meter las cabras en el corral. Porque para mencionar sólo un ejemplo, el de la Ley 80 sobre despidos injustificados, no existe tribunal en el mundo que pueda ordenarle a una Legislatura derogar una ley, con la cual se le quitarían derechos a los trabajadores en el sector privado, cuando esa derogación exigida por ese cuerpo extraño --JSF-- nada tiene que ver con la quiebra del gobierno, como nada tiene que ver con que los patronos paguen por sus despidos injustificados con el desarrollo de Puerto Rico.

El instrumento de chantaje que posee la JSF y que no debe subestimarse es la aprobación o aval al presupuesto.

Lo que sucede es que hay una agenda profundamente neoliberal en la JSF. Esa agenda incluye tambien agradar a los elementos más retrógrados congresionales incorporando todo el mantra neoliberal: menos burocracia, menos reglamentación, menos legislación, menos controles al libre mercado, menos gobierno, menos contribuciones. La Junta de Supervisión Fiscal experimenta ahora --superando al caso de Grecia-- llevando a sus extremos el neoliberalismo aplicado al recorte masivo o eliminación de garantías y derechos legislados, y a la destrucción en la práctica de principios constitucionales que afianzan el ejercicio de derechos civiles y humanos.

Se trata pues, de una Junta neoliberal, frenada en parte en el ejercicio de su acción arrasadora de derechos y garantías, por la propia ley PROMESA que permite un proceso de quiebra sui generis. Este proceso porta, paradójicamente, elementos de equidad que de alguna manera puede aprovechar el deudor para reducir el monto de la deuda y pautar repagos --si alguno-- conforme a terminos menos aplastantes. La Junta de Supervisión Fiscal se concibe entonces, a sí propia, como un agente nivelador de los acreedores , aunque para ello deba doblar y partir como a una rama lo poco de gobierno local que le pueda quedar a una colonia en su legislatura y ejecutivo.

El instrumento de chantaje que posee la JSF y que no debe subestimarse es la aprobación o aval al presupuesto. Este instrumento no debe pasarse por alto, pues si bien es cierto que porta todo el 'poder de la quincalla' con el cual puede contorsionarse una administración, contiene elementos críticos para hacer valederas y vigentes las leyes y las políticas públicas que estas encarnan. De manera, que por más que el gobierno quiera complacer a la JSF --y lo quiere-- es casi contra natura y suicida políticamente, plegarse a sus intenciones al menos en asuntos tan evidentes como una patente de corso para justificar los despidos arbitrarios que se le ocurra a cada patrono privado en el país.

La ley 80 contra los despidos injustificados, que no los previene, sólo que disuade a traves de una obligación de pago de mesadas, es sólo uno de los aplastamientos neoliberales que porta la JSF en esta su agenda en primera ronda. Hay que recordar que la JSF en teoría, podría estar operando en Puerto Rico por tiempo indefinido… 'hasta que Colón baje el dedo' , o se certifiquen 5 años consecutivos de presupuestos balanceados. Existen muchos otros resortes con los que la JSF puede trastear y con los cuales la Administración podría estar de acuerdo --ya ha mostrado vocación para ello-- como por ejemplo 'reformas laborales' en segunda o tercera parte quitando otros derechos 'para hacer a los patronos en Puerto Rico más competitivos' --que ganen más-- y 'para generar mejor clima de inversión y generación de actividad económica' --hacer a los ricos más ricos-- con todo otro tipo de pretextos neoliberales.

Habrá que decir, por lo pronto, que el proceso neoliberalizador de Puerto Rico empezó hace muchas decadas cuando se creó la gran lavandería fiscal al capital estadounidense bajo la sección 936 y las secciones vigentes anteriormente. Que ese proceso convivió con las expresiones más atrofiadas del llamado estado-benefactor --en el caso de Puerto Rico estado anestesiador-- y que todavía estando quebrado manifiesta apetitos repartidores, so pretexto de la reconstrucción post-María.

Por otra parte, la JSF enfrenta una cuesta no menos empinada que la del gobierno de Puerto Rico o que la gigantesca y acusada pendiente que padece el pueblo puertorriqueño. No olvidemos que la JSF opera eticamente impugnada --por el vínculo pasado en transacciones financieras del gobierno de Puerto Rico de varios de sus miembros--, mientras está jurídicamente impugnada por la forma en que se violentó la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos en el proceso de designar a sus miembros. Para colmo, la JSF está políticamente impugnada por el gobierno local y por todos los sectores políticos e ideológicos. Este cuadro decrepito resulta totalmente distinto al que nos pintaron los medios masivos de comunicación en simbiosis con el sector financiero cuando se discutía la Ley PROMESA, cuando se presentó a la JSF como la octava maravilla del mundo.

Lo que está por verse es si en el Puerto Rico neoliberalizado, 'hay babilla' en su gobierno para promover una consulta al pueblo sobre la existencia de la JSF. Si el liderato político puertorriqueño, como propuso Ruben Berríos, está dispuesto a avalar esa votación para ir a exigir a Washington la desaparición de la JSF. Lo de la quiebra gubernativa se caerá de la mata, con un procedimiento ordenado donde se audite la deuda, se impongan responsabilidades a los autores dolosos, culposos y negligentes, se reduzca dramáticamente la misma y se estructure --si es que queda algo por pagar-- una amortización razonable que no imponga a Puerto Rico y a sus segmentos vulnerables a seguir sufriendo y emigrando.

*El autor es exlegislador del Partido Independentista Puertorriqueño y asesor en legislación y administración gubernamental.