La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) imputó hoy al gobernador Ricardo Rosselló y a todos los que trabajaron en el plan fiscal de compartir información privilegiada para beneficio de el y sus allegados.

En una carta dirigida a la Comisión de Seguridad e Intercambios (SEC por sus siglas en ingles), la AFL-CIO solicita una investigación ante el alegado crimen usando como base la fluctuación en el precio de los bonos luego de revelarse el plan fiscal del gobierno el pasado 13 de febrero de este año.

Según expone la carta, el precio de los bonos en Puerto Rico había colapsado fuertemente luego del paso del huracán María por la isla llegando a bajar hasta los 25 centavos. No obstante, esto cambió luego del anuncio del Plan Fiscal, cuando los precios en el intercambio de bonos llegaron a incrementar.

'Parece haber un patrón irregular de intercambio en el mercado de los bonos llegando a la fecha de revelación del Plan Fiscal del Gobernador. Los bonos de Obligaciones Generales de 2035 vieron un brinco particular en actividad de intercambio la semana anterior al plan ser anunciado', lee la misiva firmada por Damon Silvers, asesor especial del presidente de la AFL-CIO.

La AFL-CIO denunció que la campaña de Rosselló se nutrió grandemente de inversionistas que podrían tener una 'exposición substancial' a la deuda puertorriqueña.

'Aquí parece posible que funcionarios públicos en la oficina del Gobernador compartieron información con agentes de los fondos de cobertura con los que trabajan tan de cerca. Aunque el funcionario comunicara la información en alguna capacidad legítima, la partida privada puede ser considerada responsable de violar la relación de confianza y confidencialidad', escriben.

'Conocimiento temprano del Plan Fiscal del gobernador constituiría posesión de material, o de información no pública. Materialidad ha sido definida por la Corte Suprema como información que sería 'vista por un inversionista como haber alterado significativamente la 'mezcla total' de información hecha accesible'. El previsto superávit de 5 años reportado en el Plan Fiscal fue material al igual que fue claramente evidenciado por la fluctuación substancial en los precios de intercambio de los bonos de Puerto Rico, como cualquier inversionista razonable pudo haber esperado', informan, además.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, negó las imputaciones realizadas por el organismo sindical.

'Rechazamos categóricamente las expresiones de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Las alegaciones genericas y sin fundamento que hizo el grupo sindical mediante una misiva no solo demuestran desconocimiento total del proceso de preparación de un plan fiscal, sino tambien una desconexión total con la política pública de esta administración. No vamos a permitir que este tipo de expresiones laceren la confianza y credibilidad que hemos cultivado con acciones concretas que encaminan a Puerto Rico hacia la responsabilidad fiscal', dijo Portela en declaraciones escritas.

Justamente la semana pasada, la General Accountability Office (GAO) recomendó al Congreso a 'modificar la autoridad de la Securities and Exchange Commission's (SEC) sobre los requisitos de divulgación de la deuda municipal', de manera que mejore la realización de estados financieros auditados que, en el caso de la Isla, están atrasados tres años.

De igual forma, la Junta de Control Fiscal anunció la semana pasada que estarían desplegando sus poderes investigativos adjudicados por la Ley PROMESA para pesquisar supuestos arreglos turbios en los contratos de asesoría legal en el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, tanto de sus representantes legales en el proceso como de los representantes del gobierno.

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